El Supremo eleva la pena a dos funcionarios que participaron en la trama de las asesorías

El Tribunal Supremo ha estimado los recursos de la fiscalía y la Abogacía de la Generalitat y ha elevado la pena para los dos funcionarios que participaron en la trama de las asesorías. Se trata de Francisco Segura, jefe de área de Calidad Ambiental en la etapa del PP, y de Rafael José Parra Mateu, funcionario del Consorcio de Museos pero que, a su vez, controlaba una empresa con la que facturaba a diferentes administraciones.

La Audiencia les condenó por prevaricación y malversación de caudales públicos por unos supuestos informes fantasma para el departamento de Jorge Lamparero, el que fuera director general de Cambio Climático, que resultó absuelto. La Sala, en cambio, les absolvió del delito de falsedad documental al considerar que quedaba incluido en la prevaricación.

Las acusaciones recurrieron este extremo y el alto tribunal ha modificado la sentencia. No se trata -explican los magistrados- de un sólo acto o documento prevaricador como podría ser por ejemplo una única resolución administrativa sino que el asunto presenta «varios documentos dirigidos a la simulación de un expediente de contratación en su integridad».

Por tanto, entiende el Tribunal Supremo que resulta procedente la condena por la falsedad y la prevaricación. La pena impuesta es de tres años de cárcel. Esto supone un año más del castigo inicial de la Audiencia porque, además, también se aceptan los recursos de los condenados a la hora de eliminar el delito de malversación. La sentencia precisa que, al igual que ocurrió en otros supuestos que analizaron los magistrados valencianos, el material sí se entregó al órgano contratante. Es decir, no fueron informes carentes de interés o superfluos o que no llegaron ni a elaborarse. Y tampoco se pagó por ellos un precio notoriamente superior al del mercado, recoge el fallo.