Oltra garantiza la subida salarial de los funcionarios pero no aclara cuándo se hará

CSIF lamenta la «falta de concreción» del Consell en el abono del aumento que los empleados públicos deberían cobrar desde febrero

Al Consell se le acumula la faena. Entre el coronavirus y la gestión diaria, las arcas públicas no dan abasto. Su propia plantilla debería percibir desde principios de año un 2% más de salario en su nómina; sin embargo, llegados a la mitad del año, el aumento de sueldo no aparece y tampoco se sabe cuándo se ejecutará.

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, afirmó ayer que la subida salarial del 2% a los empleados públicos se abordará «en cuanto se pueda», dado el «momento actual» marcado por las dificultades generadas por la pandemia de coronavirus, pero dio por hecho que tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero.

«Se aplicará y con efectos retroactivos, nadie se quedará sin esa subida salarial», garantizó Oltra al ser preguntada al respecto, recordando que ha habido otras ocasiones, como en 2018, que se aprobó en julio y los empleados públicos «cobraron con efectos del 1 de enero».

Los sindicatos advierten de que no reciben información: «Nos hemos encontrado sin respuestas» del Consell

Respecto al plazo para aprobar la implementación del incremento, la vicepresidenta admitió que ahora mismo se está en un momento de «dificultad» marcado por la pandemia, pero «en cuanto se pueda se abordarán estas cuestiones ordinarias, que son los derechos de los trabajadores públicos».

El comentario de la vicepresidenta fue recibido ayer con sentimientos encontrados entre los sindicatos. Por un lado, alivio al escuchar que el aumento llegará. Por otro, desazón al comprobar que no hay fecha para su implementación en las nóminas de miles de empleados públicos. El coste de la medida, atendiendo a lo que supone el Capítulo 1 (gastos de personal) en los Presupuestos de la Generalitat, rondará los 130 millones de euros. Se trata de un añadido económico de difícil encaje en las cuentas del Consell, habida cuenta de que la liquidez del Gobierno valenciano depende exclusivamente de las transferencias que le lleguen desde el Ejecutivo central. La pandemia ya ha costado cerca de 800 millones al Consell, y la factura sigue incrementándose. Además, los ingresos a final de año no serán, ni de lejos, los previstos para este año porque la economía se contrae a un ritmo sin comparación desde la crisis de hace diez años.

Los sindicatos se impacientan. «CSIF lamenta la falta de concreción del Consell en el abono de un incremento salarial que los empleados públicos deberían de estar percibiendo en sus nóminas desde el mes de febrero. Ya desde enero, cuando el Gobierno firmó el decreto que reconocía este incremento, estamos pidiendo a Conselleria de Administración Pública que lo traslade, pues se trata de un derecho de los empleados públicos que la Generalitat tiene la obligación de aplicar», indicaron fuentes de la central sindical, que señalan a la conselleria que dirige Gabriela Bravo como el lugar de interlocución con el que, sin embargo, no hay demasiado diálogo.

«Nos hemos encontrado sin respuestas y sin tan siquiera convocar reunión de la Mesa General de Negociación para hacerlo efectivo. Ahora, las palabras de la vicepresidenta no hacen más que confirmar que el Consell cumplirá con su obligación, como es lógico, pero sigue sin aclarar cuando empezará a hacerlo y va a sumar ya cinco meses de retraso», señalaron desde el CSIF. Desde UGT enviaron esta misma semana una petición a las consellerias de Justicia y Hacienda en la que piden explicaciones a la Generalitat, algo que también reclama CCOO.

Sólo hay tres comunidades que no han subido el sueldo a sus empleados públicos con los cinco primeros meses de año ya acabados: la Comunitat, Baleares y Extremadura. Ésta última anunció el miércoles que no lo va a llevar a cabo porque se ha quedado sin dinero por el coste extra que ha tenido que asumir por el gasto sanitario de la pandemia, tal y como adelantó ayer este diario.