Jenniffer González y seis congresistas piden al gobierno de Donald Trump no apelar decisión del SSI
Enviaron una carta al secretario de Justicia de Estados Unidos para que no acuda ante el Tribunal Supremo federal
by José A. Delgado
Washington, D.C. - Junto a seis congresistas, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, solicitó hoy al secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, que descarte solicitar una revisión al Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la decisión del Primer Circuito de Apelaciones que podría permitir el acceso de los residentes de la isla a la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).
González envió una carta a Barr que también suscriben los demócratas José Serrano, Darren Soto, Donna Shalala y Stephanie Murphy, y los republicanos Brian Fitzpatrick y Peter King, en la que abogan porque el gobierno de Donald Trump permita que sea final la decisión del foro de apelaciones federales.
En abril, un panel del Primer Circuito de Apelaciones, encabezado por el juez puertorriqueño Juan Torruella, determinó que a base del derecho constitucional a la igual protección de las leyes no existe una base racional para excluir a residentes de la isla del programa SSI.
El foro de apelaciones confirmó entonces la decisión del juez del Tribunal Federal de San Juan, Gustavo Gelpí, que concluyó que José Luis Vaello Madero, quien comenzó a recibir el SSI como residente de Nueva York, no tiene que devolver $28,081 que cobró en momentos en que su domicilio ya estaba en Puerto Rico.
El Departamento de Justicia tiene hasta el 9 de julio para determinar si presenta un recurso de certiorari para que el Tribunal Supremo de Estados Unidos revise la decisión del Primer Circuito.
El SSI – que existe en los estados, Washington D.C. y las Islas Marianas del Norte-, ofrece beneficios a personas de bajos ingresos que tienen 65 años o más, son no videntes o discapacitados.
Los residentes de Puerto Rico, en vez del SSI, han tenido acceso al Programa de Ayuda a Adultos Mayores, No videntes y Discapacitados (AABD), por el cual un beneficiario puede recibir solo una sexta parte del pago que ofrecería el SSI.
“De acuerdo a la Oficina de Contraloría General de Estados Unidos (GAO), si Puerto Rico hubiera sido un estado en el año fiscal 2011, el número de beneficiarios de SSI en Puerto Rico habría sido casi diez veces mayor que los que recibieron AABD, de 37,500 a 354,000, y el pago promedio hubiera sido $422 por mes en lugar de $74 por mes”, indicaron los legisladores federales en la carta al secretario Barr.
La comisionada González, quien presentó un recurso de ‘amigo de la corte’ ante el Primer Circuito de Apelaciones, sostuvo que la decisión vigente haría justicia a “ciudadanos americanos vulnerables a quienes se les niega la ayuda por la única razón de que viven en un territorio”.
El gobierno federal ya descartó pedir una revisión al Primer Circuito de Apelaciones en pleno.
La comisionada también tiene pendiente en el Congreso legislación que haría extensiva a Puerto Rico, Islas Vírgenes estadounidenses, Samoa americana y Guam el programa SSI.