Investigarán a Macri, Arribas y Majdalani por presunto espionaje ilegal
El fiscal Di Lello imputó al expresidente y a otros funcionarios de Cambiemos. Otro funcionario judicial sostiene que los dichos de Tinelli "tienen asidero". La denuncia fue impulsada por la extitular de Justicia Legítima.
by Redacción LAVOZEl fiscal federal Jorge Di Lello abrió hoy una investigación e imputó al expresidente Mauricio Macri; al extitular de la AFI en su gobierno, Gustavo Arribas, y a su exsegunda Silvina Majdalani, a raíz de la denuncia por supuesto espionaje ilegal presentada esta semana por la actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Graciela Caamaño.
La fiscalía imputó además a Dario Biorci, exjefe de gabinete de la administración anterior de la AFI y a un grupo de agentes cuya identidad se mantiene en reserva, según el dictamen entregado al juez federal Macelo Martínez De Giorgi, al que accedió la agencia oficial Télam.
El fiscal pidió medidas de prueba antes de resolver si pide la citación a declaración indagatoria de los imputados en el caso.
Según la denuncia de Caamaño, las evidencias de espionaje ilegal de correos electrónicos de al menos 85 funcionarios, exfuncionarios, políticos, periodistas e integrantes de fuerzas de seguridad surgió del hallazgo de un disco rígido cuyo contenido había sido borrado, pero fue recuperado.
Esta prueba quedó ahora guardada en la caja fuerte de la fiscalía con sede en el quinto piso de Comodoro Py 2002, junto a la documentación relacionada a la denuncia y el disco rigido "Western Digital" en cuyo contenido se basó la denuncia de Caamaño.
Críticas desde JPC
En la coalición Juntos por el Cambio (JPC), la denuncia de Caamaño, exfiscal criminal y correccional y expresidenta de Justicia Legítima —agrupación de magistrados cercana al kirchnerismo— fue asociada directamente a una cuestión de agenda setting.
"Es una jugada más de Caamaño. Justo, justo, el mismo día que la comisión bicameral de Trámite Legislativo trata los DNU de (Mauricio) Macri de 2016 sobre las escuchas judiciales, presentan esta denuncia. Nos retrotraen a la época en que, justamente, Caamaño era la encargada de las escuchas. Encaja todo", dijeron a La Voz días atrás. "Que investigue la Justicia", completaron.
Las medidas del fiscal
Entre las medidas que la fiscalía pidió al juez del caso Martínez De Giorgi, figura un pedido a la AFI para que remita a tribunales los legajos completos de los agentes identificados como "A" y "B", imputados en el caso, y "una nómina de todo el personal contratado desde diciembre del año 2015 hasta diciembre de 2019".
Además, requirió un "diagrama completo de la estructura de la secretaria desde el año 2015 al año 2019" y "todas las órdenes de reunión de información que existieran en esa agencia federal respecto de las personas detalladas en la denuncia".
También, que se cite en calidad de testigos al personal contratado "para que informen las instrucciones recibidas respecto a los hechos investigados, por parte de los ex funcionarios Arribas y Majdalani".
Además y preservando su identidad en base a la Ley 25.520 de Inteligencia, se reclamó que declaren como testigos los actuales "funcionarios y empleados de la AFI que participaran en el protocolo de recolección de datos" hecho sobre el disco rígido Western Digital "a fin de determinar con exactitud cuál fue el procedimiento de recuperación de datos del mismo".
El fiscal pidió al juez que ordene una "pericia oficial con personal especializado en el tema digital" sobre el disco rígido para -entre otros puntos- individualizar los "correos electrónicos que surgen", y, "si es posible, determinar su titularidad" y su "asunto", archivos adjuntos y contenido de los mails.
En la denuncia, Caamaño destacó que el material encontrado no había sido ordenado por ningún juez o autoridad competente.
Entre los presuntos espiados figuran la actual ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad y abogada de derechos humanos Elizabeth Gómez Alcorta; la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, y el diputado Rodolfo Tailhade.
También la ex titular de la Oficina Anticorrupción en el gobierno de Macri, Laura Alonso; el periodista Luis Majul, el ex diputado Nicolás Massot, el sindicalista Héctor Daer y el diputado nacional Mario Negri, entre otros.
Sobre Tinelli
El fiscal Federico Delgado aseguró hoy que "tienen asidero" los dichos del empresario Marcelo Tinelli sobre la existencia de "aprietes" y "persecuciones" durante el gobierno de Cambiemos.
"Claro que le veo asidero a esta denuncia, mal que me pese; es duro pero no es una novedad", indicó el fiscal Delgado está mañana en declaraciones a la radio online Futurock al referirse a un mensaje del conductor de TV y presidente de San Lorenzo, quien ayer por Twitter dijo que durante el gobierno anterior había "un aparato del Estado para perseguir a los que pensaban distinto o a los propios que pudieran descarriarse".
En otro orden, al referirse a la reforma judicial impulsada por el oficialismo, Delgado indicó que "es imprescindible", ya que "necesitamos creer en lo que dicen jueces y fiscales y hoy el sistema está sospechado".
"Hay que construir puentes que acerquen a la justicia con la sociedad", lo que implicará "algunos compromisos morales y la renuncia a usar las instituciones con fines particulares por parte de un sector de los empresarios o de la dirigencia política", agregó.
Delgado consideró que existe "un formato de organización social complicado que fabrica pobres y criminalidad pero hubo una arquitectura institucional que acompaña eso".
En tanto, consultado sobre si debería haber cambios en la Corte Suprema, el fiscal opinó que "los tribunales inferiores tienen plazos para fallar y la Corte no: eso no está bien y no es posible que la cabeza de un poder no tenga plazos".
"La Corte debe poner luz pública sobre lo que hace; no sé si eso implica cambiar el número de sus integrantes, pero tiene que abrirse a la sociedad y construir puentes", evaluó.
Asimismo, al comentar tópicos de su reciente libro "República de la impunidad", Delgado resaltó que "hay que cambiar el modo en que los judiciales comunicamos las noticias: tendríamos que tener prohibido hablar en off the record" con los periodistas.
"Hay que profesionalizar la comunicación con un servicio que brinde información a todo el mundo y una persona que tenga el rol de responder a todos los periodistas y acreditados en el Poder Judicial", concluyó.
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