Greenpeace logra frenar las últimas medidas de la Sener y Cenace contra energías renovables

Un juez otorgó a la organización la suspensión provisional de todos los efectos derivados de la política de confiabilidad del sistema eléctrico nacional publicada el 15 de mayo.

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La organización ambientalista Greenpeace logró este viernes una suspensión provisional a las últimas medidas decretadas por la Secretaría de Energía (Sener) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que atentan en contra de la operación de las centrales eólicas y solares.

El juez Juan Pablo Gómez Fierro, del Juzgado segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, otorgó a la organización la suspensión provisional de todos los efectos derivados de la política de confiabilidad del sistema eléctrico nacional publicada el 15 de mayo pasado por la Secretaría de Energía y el acuerdo publicado el 29 de abril pasado por el Cenace.

Es decir, con esta medida legal quedan frenados de manera temporal -hasta que se dé resolución al amparo definitivo- todos los lineamientos emitidos en las últimas semanas por la Sener y el Cenace.

El acuerdo de Cenace frena las pruebas críticas para que plantas solares y eólicas entren en operación, mientras que la política de confiabilidad establece nuevos requisitos para la emisión de permisos a centrales renovables y da prioridad a las plantas y nuevos proyectos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Aunque esta medida fue otorgada solo a Greenpeace, su efecto será sobre todos los participantes del sector de renovables.

En su solicitud de amparo, la organización ambientalista, dice María Colín, especialista en derecho ambiental de Greenpeace México, apeló a la defensa de los derechos a un medio ambiente sano, derecho a la salud y a la participación en asuntos medioambientales.

“Nuestro amparo no va enfocado a intereses comerciales que son los que han abarcado las empresas, como intereses de competitividad, de ganancias o de afectación a las inversiones. Nuestro amparo abarca intereses mucho más amplios y va bajo la defensa a los derechos humanos. No vamos en el sentido de la competitividad o por el interés de inversionistas privados que también han hecho mucho daño a comunidades”, dijo Colín en entrevista.

La medida dictada por el juez es la primera parte de la solicitud del recurso jurídico que interpuso la organización en contra de las autoridades y reguladores del sector eléctrico. En los próximos días el juzgado deberá determinar si concede la suspensión definitiva y el amparo.

“La suspensión es provisional aún debe recibirse el informe justificado de la autoridad y resolverse si se da la suspensión definitiva (por el tiempo que dure el juicio). Los efectos de esta suspensión provisional son generales, es decir ya no solo son aplicables a los quejosos sino que esta suspensión impide que de cualquier manera se aplique el contenido del acuerdo del Cenace y el acuerdo de Sener”, indicó Daniel Salomón, asociado del despacho González Calvillo.

La sentencia del juez también prohíbe a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Cenace cumplir con las obligaciones determinadas dentro de la política de confiabilidad publicada por la dependencia dirigida por Rocío Nahle.

“Lo que nosotros estamos buscando, y es la petición de nuestro juicio de amparo, es que se declaren como inconstitucionales tanto el acuerdo del Cenace, como la política de confiabilidad de la Sener”, explicó Colín.

Esta es la tercera suspensión definitiva que un juez otorga hacía las medidas del Cenace y la primera que frena de manera provisional la política de confiabilidad de Sener.