Se complicó la situación del empleado de la Provincia imputado por amenazar a la diputada Gabriela Estévez

La Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento de Daniel Cáceres. 

Un nuevo revés judicial complicó la situación de un empleado del Gobierno provincial imputado por amenazar a la diputada del Frente de Todos Gabriela Estévez a través de la red social Facebook en 2017.

El caso comenzó con la denuncia que la legisladora cordobesa presentó en la Justicia federal luego de recibir una amenaza a través de un comentario en su perfil público.

Ahora, la Sala A de la Cámara de Apelaciones de Córdoba habilitó la feria judicial, con motivo de las restricciones sanitarias por el coronavirus, y confirmó el procesamiento de Daniel Cáceres, un empleado de la Dirección General de Aeronáutica del Gobierno de Córdoba, por el delito de amenazas.

Las amenazas fueron en torno a la marcha del cumplimiento del mes de la desaparición de Santiago Maldonado, el joven artesano que murió en octubre de 2017, según pudo conocer La Voz.

Y estaban orientadas a ir a buscarla a su casa y hacerla desaparecer, hacerla “terminar” como Maldonado, entre otras cosas.

Según el juez federal N°2, Alejandro Sánchez Freytes, a cargo de la causa, quedó acreditado que Cáceres (La Voz confirmó con la repartición que está trabajando actualmente) profirió la amenaza para menoscabar la libertad psíquica de Estévez. 

Apelación y confirmación

En su apelación al procesamiento dispuesto por el magistrado, el abogado del imputado, Federico Strauss Bertolini, consideró que la investigación fue sesgada y direccionada contra Cáceres al no existir pruebas que acrediten fehacientemente que el comentario en Facebook (la amenaza) fue de él.

Sin embargo, los camaristas Eduardo Ávalos y Graciela Montesi, confirmaron el procesamiento y señalaron que en una captura de pantalla quedó registrada expresamente la amenaza contra Estévez por parte el usuario “Daniel Cáceres”.

A partir de una investigación que realizó la Policía Federal, detectaron que el acusado posee dos cuentas en Facebook. Una de ellas es la que habría utilizado para amenazar a la diputada. Y en ambas había información que, a priori, permitiría deducir que Cáceres presta funciones en el Gobierno provincial.

Eso se confirmó luego de que se realizaran discretas averiguaciones en la repartición oficial. Con los datos recabados, la Justicia confirmó que Cáceres trabaja en esa dirección, algo que fue confirmado por el mismo imputado en su declaración indagatoria. 

Los dos testigos que declararon en la causa, Martín Federico Apaz (jefe de asesores de Estévez) y Javier Alejandro Mosquera Mansilla, coincidieron al señalar que la diputada se sintió amedrentada a partir del mensaje.

Debió tomar recaudos para resguardar su integridad personal, entre ellos, adelantó la mudanza a su propiedad actual y comenzó a manejarse acompañada.

Por su parte, Estévez declaró que se sintió amenazada y que decidió trasladarse a otro inmueble. “De esta manera, coincido con lo expresado por el juez de primera instancia (Sánchez Freytes) en cuanto ha quedado acreditada la aptitud de la expresión vertida por Cáceres para amedrentar a la denunciante”, dijo el camarista Ávalos en su voto.

El magistrado consideró, además, que “del tenor del mensaje en cuestión se advierte la intención del imputado de generar en la destinaria una percepción de peligro”. 

Por su lado, Montesi adhirió al voto de Ávalos y habló de una situación de “gravedad” de la situación: “No puedo sin embargo dejar de expresar el profundo rechazo que provoca en la Suscripta las expresiones del nombrado para con la diputada Estévez, desde que cualquier disenso, opinión o posición política es respetable en tanto y en cuanto implique respetar al otro, a sus ideas y a su actuación”.

“Eso –amplió- es el núcleo central de la vida democrática. De allí la gravedad de la situación plasmada que implica llevar la intolerancia a niveles inaceptables”.  La camarista, asimismo, solicitó la rápida protocolización de la confirmación del procesamiento de Cáceres por amenazas y recomendó la pronta elevación a juicio de la causa.

Además de confirmar el fallo de primera instancia, avaló mantener el embargo de 15 mil pesos sobre los bienes de Cáceres (la defensa ya había rechazado la medida por considerarla excesiva e infundada).

Sobre si apelará, el abogado de Cáceres respondió a La Voz que aún están evaluando los pasos a seguir.

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