La Abogacía del Estado considera que el informe del 8M "no analiza evidencias científicas" y ve "un claro sesgo acusatorio" - RTVE.es

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La Abogacía del Estado considera que el informe elaborado por la Guardia Civil sobre la manifestación del 8M "no analiza evidencias científicas" y es "de claro sesgo acusatorio", en un nuevo recurso presentado a la juez titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, al que ha tenido acceso TVE, en el que pide que se anule la declaración como imputado del delegado del Gobierno, José Manuel Franco, por prevaricación administrativa al haber autorizado la marcha.

El escrito del órgano jurídico dependiente del Gobierno señala que "no se encuentra en el informe de la Policía Judicial ningún análisis de evidencias científicas, sólo referencias mutiladas y parciales a documentos técnicos o noticias de prensa, que en modo alguno pueden caracterizarse como una base científica para revisar el informe del Forense".

En el nuevo recurso presentado a la juez, la Abogacía considera además que hay una "inadmisible" e "innecesaria urgencia" en la exigencia de la documentación a la Delegación del Gobierno, el Ministerio de Sanidad y la Secretaría General Técnica de la Comunidad de Madrid, que es "perjudicial" para la investigación y para el investigado. Por ello pide a la juez "el tiempo necesario" para "cumplir adecuadamente esos requerimientos".

"Continuas sospechas y comentarios suspicaces"

Además, sobre esa "innecesaria urgencia" en la documentación, señala que la subsanación posterior genera "aclaraciones posteriores, sucesivas" que hacen "más complejo" el análisis de toda la información y pone como ejemplo, el mencionado informe de la Guardia Civil, del que dice que "desliza continuas sospechas y comentarios suspicaces por los complementos de documentación". 

La Abogacía del Estado considera además que si se cita como investigado por prevaricación al delegado del Gobierno en Madrid, debería precisarse "cuáles son las resoluciones cuya omisión se investiga" e identificar qué actosu omisiones concretas son las investigadas. 

"Desconoce esta defensa si lo investigado es no prohibir ninguna de esas manifestaciones, incluyendo todas sin distinción, si lo es el no prohibir sólo las que se celebraron sin distinguir si se esperaban 100 o 1.000.000 personas o si lo es el no prohibir las que fueron desconvocadas", señala el escrito en relación a las manifestaciones convocadas y celebradas entre el 5 y el 14 de marzo. 

La juez Rodríguez Medel atendió la petición realizada por la Abogacía del Estado, que solicitó más tiempo para preparar la defensa, y acordó retrasar del 5 al 10 de junio la declaración, que tendrá que ser presencial, del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Ese mismo día declararán tras él y en calidad de testigos el secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera, el director del Gabinete técnico, Luis María Sanz, y el director de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas.

La acusación popular pide la imputación de Fernando Simón

En el marco de este proceso judicial, la juez ha rechazado imputar al director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, por desobediencia y denegación de auxilio, como pedía la Asociación contra la Gestión del Coronavirus, que ejerce la acusación popular, al existir otros procedimientos abiertos contra él en otros dos juzgados. 

A lo largo de esta semana se han producido tres salidas de altos cargos de la Guardia Civil, tras el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de Madrid "por pérdida de confianza", se produjo la dimisión de su número dos, Laurentino Ceña y después ha sido relevado el número tres, el teniente general Fernando Santafé.

Fuentes de la Guardia Civil aseguraron a TVE que Pérez de los Cobos recibió llamadas de la directora general de la Guardia Civil para pedir el informe en cuestión, aunque desde Interior aseguran que la llamada era para comunicarle el cese.