Superintendencia aplicó seis sanciones contra instituciones de educación superior en su primer año de funcionamiento

La entidad instruyó nueve procesos formales, relacionados principalmente con problemas financieros de las casas de estudio o incumplimiento en la entrega de información. Además, recibió 2.365 denuncias y reclamo contra planteles.

SANTIAGO.- La Superintendencia de Educación Superior (SES) entregó la cuenta pública de su gestión, al cumplir su primer año de funcionamiento. Dicha entidad –que fue creada por la Ley 21.091, que reformó el sistema de educación superior en el país– es la encargada de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentos que regulan a las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.

57%de las denuncias y reclamos tramitados terminaron con una solución favorable para el usuario

La entidad informó que durante este tiempo instruyó nueve procesos formales de investigación y nueve procesos administrativos sancionatorios, "aplicándose sanciones en todos aquéllos que ya están terminados", que corresponde a seis casos.
Las principales causas de esos procesos formales se relacionan con problemas financieros de las casas de estudio o incumplimiento de la entrega de información a la Superintendencia.
La entidad recibió además 2.365 denuncias y reclamos contra instituciones de educación superior (IES), número que considera "significativo, dada su breve existencia".
La mayoría de los casos presentados fueron dirigidos a planteles universitarios (60%), luego a institutos profesionales (30,5%) y en tercer lugar a centros de formación técnica (9,5%); principalmente en plantes de la Región Metropolitana (57,7%), Valparaíso (10,6%) y Biobío y el Maule (ambas el 5,8%).
El mayor número de reclamos se relaciona con problemas administrativos en las instituciones (38%), cobros erróneos y otros temas de financiamiento (28%) y con conflictos derivados de temas académicos (26%). Las materias específicas han sido incumplimientos de reglamentos internos o de compromisos adquiridos con estudiantes, acusaciones de irregularidades o desórdenes internos, problemas con beneficios estudiantiles, cobros errados o condicionamientos indebidos por deudas de estudiantes, cambios curriculares no convenidos, hostigamiento a estudiantes, paros y tomas, entre otros.
La Superintendencia informó que, del total de casos tramitados, el 57% terminó con una solución favorable para el usuario.
En ese sentido, la entidad "ha definido que todas las gestiones que desarrolla en esta materia deben promover inicialmente un rol mediador", ya que "la facultad de mediación es una herramienta muy eficaz en la resolución de conflictos y permite simplificar procesos que pueden demandar un gran desgaste en tiempo y en energía para todos los involucrados". Por eso, "la idea es que las facultades sancionatorias sean utilizadas solo en aquellos casos en que, existiendo una infracción, la institución no entregue una solución al reclamante".

Fiscalizó a un tercio de las instituciones

Durante este primer año, la Superintendencia fiscalizó además cerca de un tercio de las IES, ejecutado 1.053 acciones de ese tipo en otras materias, tales como incumplimientos de obligaciones contenidas en los contratos de prestación de servicios educacionales, problemas de convivencia, incumplimiento de reglamentación interna de las casas de estudio, publicidad engañosa y retención de documentación por existencia de deudas.
Gran parte de esas acciones surgieron a raíz de los reclamos y denuncias presentados por la propia ciudadanía o bien de oficio por la Superintendencia, al realizar revisiones específicas de antecedentes remitidos por las distintas casas de estudio.
Durante esta etapa, la SES recopiló una gran cantidad de información financiera y contractual de los planteles –que fue requerida tanto al Mineduc como a las propias IES–, con el fin de conocer el verdadero estado de cada una de las instituciones, principalmente en los temas vinculados con la sustentabilidad y sostenibilidad de los proyectos educativos.
"El análisis de estos antecedentes nos ha permitido contar con una panorámica amplia del funcionamiento del sistema y, adicionalmente, identificar instituciones que requieren de la concentración de nuestros esfuerzos", señalan desde la Superintendencia.