Médica con COVID-19 denunciada: ¿qué pedido le hizo la defensa al juez?

Mientras se desarrollan las testimoniales, el abogado defensor de la acusada presentó un escrito en el Primer Juzgado Correccional con un pedido para el juez. ¿Cómo sigue la investigación judicial?

Después de que se conociera el quinto caso positivo de coronavirus en la provincia, la situación procesal de la médica denunciada por Salud Pública se complicó ya que, de ser hallada culpable de lo que se le acusa, podría afrontar una pena de prisión por el contagio de la enfermedad y no una multa económica, como era en un principio. 

Un pedido especial

En ese contexto, el nuevo abogado defensor Roberto Dohmen le pidió al juez que interviene en la causa que su clienta deje de estar incomunicada pues necesita una contención no sólo afectiva sino también psicológica, mientras se desarrollan las testimoniales de los trabajadores del Hospital Rawson, que le explicarán al titular del Primer Juzgado Correccional cómo operan los protocolos por el COVID-19 dentro de la institución. 

El letrado defensor presentó un escrito, según aseguró, que contenía un listado con números de teléfono para que la cuarta paciente con coronavirus pueda cargarlos en su nuevo móvil ya que el de su propiedad está en manos de la justicia para ser peritado después de los polémicos audios sobre el vuelo sanitario trascendieron.   

"Entre los contactos que le pasé se encuentra el de una psicóloga, que ofrecería una mayor contención por la situación que atraviesa. Por más involucrada que esté en una causa judicial, no deja de ser una persona que necesita asistencia de sus seres queridos y de un profesional que la aborde", manifestó.   

Desfile de testigos

Tras ser consultado por este medio, el fiscal Roberto Mallea indicó que por el momento no hay novedades en el caso aunque continúan las declaraciones de los primeros testigos que él mismo le sugirió al magistrado Alberto Caballero que los llamara. En total son 18, entre médicos y personal de enfermería que desempeñaban tareas junto a la reumatóloga, acusada por la comisión de delitos contra la salud pública y por incumplimiento de los deberes como funcionaria pública, conforme a la denuncia que radicó Gobierno. 

La ministra de Salud Alejandra Venerando también debe declarar frente al juez, aunque no se presentará en Tribunales sino que lo hará mediante un informe por escrito. Esto se debe a una disposición del Código Procesal Penal (Artículo 297) por tratarse de una funcionaria pública.  

La testimonial que no fue

El médico que encarna el quinto caso de COVID estaba dentro del registro de nombres que serían llamados por el juez Caballero. Con desempeño en el área de Clínica Médica había entrado en consideración del fiscal para prestar testimonio, pero su salud complicó su participación dentro de la investigación.

Si bien se sabe que mantuvo un contacto estrecho con su colega, en la mira de la justicia, desde Salud Pública manifestaron que ese encuentro fue personal y fuera del ámbito laboral. En una postura contraria, el defensor Dohmen había asegurado que su acercamiento fue en una reunión convocada por las autoridades, ya que no serían amigos.    

Salpicados por los audios

Rosa Contreras y Carlos Javier Porras, la infectóloga y el coordinador de los vuelos sanitarios que aparecieron en la investigación judicial después de que se conocieran los audios en los que arreglan el traslado del hermano de la médica, siguen vinculados a la causa mientras esperan ser llamados a declarar.

El abogado de Contreras Arturo Bodé le comentó a este medio que su defendida permanece a derecho, luego de haber sido demorada en comisaría por unas horas. Durante ese tiempo, personal policial allanó su domicilio y secuestró su teléfono celular, que también está siendo peritado. 

"Hay que esperar que le juez nos llame. Mi clienta sólo participó en la autorización de un vuelo que contaba con las certificaciones debida", agregó.