Puente Grande, otra vez

Hoy se cumple una semana de los trágicos hechos ocurridos en el Reclusorio de Sentenciados del centro penitenciario de Puente Grande, en donde se presentó una riña que dejó como saldo ocho internos fallecidos: tres a balazos y cinco a golpes, según el informe oficial; ocho más lesionados, cinco acusados de ser los responsables de la trifulca y una investigación abierta para tratar de identificar a funcionarios y custodios que permitieron el paso y el manejo de armas de uso exclusivo del Ejército al interior de esa cárcel.

Este gravísimo hecho, que debe volver a prender los focos rojos de lo que sucede con nuestro sistema carcelario estatal, pasó un poco desapercibido porque la atención estaba puesta ese día en el debate parlamentario por el polémico crédito de seis mil 200 millones de pesos, solicitado por el gobierno alfarista, y las preocupaciones por el coronavirus, pero sin duda debe ponerse en el primer plano de la discusión pública para ver qué está pasando al interior de los reclusorios. 

Porque si partimos del hecho que reconocen especialistas y autoridades, de que la seguridad y paz de un país y/o cualquier entidad de la República pasa por el control que los gobiernos tengan de sus prisiones, la escalada de violencia que sufrimos en Jalisco es un claro indicador de que hace falta mucho por hacer para que, como aseguró el director general de Prevención y Reinserción Social de Jalisco, José Antonio Pérez Juárez, en su primer informe de actividades, tengamos ya, en menos de un año de gobierno, un sistema penitenciario “refundado” en el que “lo que antes eran cárceles, hoy son centros de reinserción social”.

Pese a este hecho sangriento, al responsable de las cárceles en Jalisco le volvió a salir esta retórica triunfalista para buscar minimizar el estallido de violencia en esa hacinada prisión al apresurarse a decir, ese mismo día, que “nunca hubo un intento de motín” ni “existió en su inicio ni siquiera una riña o contienda entre internos, no tuvimos ni un vidrio roto, ni un daño al interior del centro de sentenciados”. 

Esta semana el discurso optimista de Pérez Juárez continuó y descartó que la riña se haya debido a una disputa por el control interno de ese centro penitenciario, ya que insiste en que en el “refundado” Puente Grande ya no existen los autogobiernos delincuenciales.

En enero pasado escribí aquí el RADAR titulado “Narco-cárceles” a propósito de una fuga de miembros del cártel de Sinaloa del reclusorio de la CDMX, donde recordé algunos de los múltiples episodios de abusos de los autogobiernos que han operado en Puente Grande, como el hallazgo de celdas de lujo de presos con mujeres, alcohol, drogas y armas, o los negocios que los cárteles hacen con las más de 30 tienditas que operan en esas cárceles, o con los productos que se fabrican ahí dentro, entre otras extorsiones. Pérez Juárez me dirigió una carta en la que muy comedidamente aseguraba que esas prácticas ya no se daban en las prisiones a su cargo. Que ya no había autogobierno delincuencial. Luego de lo ocurrido el viernes pasado, lo dudo. Para sacarnos de esta incertidumbre y en todo caso, ratificar esa que sería la mejor noticia del año, deberían preparar ya una visita de supervisión las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos y la comisión de Seguridad, Justicia y Readaptación Social del Congreso local.   

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