El Gobierno aprueba el ingreso mínimo vital, que llegará a 850.000 hogares

La renta mínima garantizada será de 462 euros al mes para los hogares con solo un miembro y podrá ascender hasta los 1.015. La factura total de este mecanismo ascenderá a unos 3.000 millones de euros

Luz verde para el ingreso mínimo vital que tantas familias llevan esperando desde que saltó la crisis del coronavirus. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y el vicepresidente segundo Pablo Iglesias presentaron este nuevo mecanismo este viernes tras una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros. La redacción del texto final del texto legal provocó alguna grieta entre Iglesias y Escrivá, que han mostrado sus diferencias sobre los detalles del ingreso mínimo vital en más de una ocasión. Han sido el vicepresidente y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los encargados de adelantar la aprobación a través de sus cuentas de Twitter.

Enfocada a aquellos hogares en situación de pobreza severa (con unos ingresos por unidad de consumo inferiores a 230 euros al mes) esta renta mensual será común para el conjunto del país y podrán acceder a ella todas las familias que no lleguen al mínimo de renta fijado en función del número de miembros y edad de los mismos. Además, será compatible con otras prestaciones autonómicas o con salarios. «Se trata de un paso de gigante en la lucha contra la desigualdad en nuestro país y en favor de la igualdad de oportunidades», sentenció la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El objetivo, defendió, es reducir las tasas de pobreza severa, especialmente las relacionadas con la infantil. 

En la misma línea se movieron las palabras de Pablo Iglesias: «Hoy es un día histórico para nuestra democracia. Hoy nace un nuevo derecho social en España, un ingreso mínimo vital que podemos calificar como el mayor avance en derechos sociales por lo menos desde la aprobación de la ley de dependencia del 2006».

Por su parte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, expuso los objetivos que persigue el Gobierno con este nuevo mecanismo: «Cuando uno analiza el ingreso mínimo vital, tiene que entender que cumple dos objetivos. Es el instrumento más potente para redistribuir la renta con un foco en la erradicación de la pobreza extrema. Se tiene que entender en términos dinámicos, de inclusión social y participación en el mercado laboral».

¿A cuántos hogares llegará?

Las primeras estimaciones que maneja el Ejecutivo de Sánchez estiman que cubrirá a cuatro de cada cinco personas que padecen pobreza severa; y según los cálculos de Escrivá, llegará a unas 850.000 familias y a 2,3 millones de personas. Con estos números sobre la mesa, el Gobierno estima que la factura total del ingreso mínimo vital ascenderá a unos 3.000 millones de euros. El 16 % de los potenciales hogares beneficiarios son monoparentales y, de ellos, casi el 90 % están encabezados por una mujer. 

¿Cómo se fijará la cantidad?

Para calcular el importe del ingreso se fijará un umbral para cada tipo de hogar (dependerá del número de miembros, con un complemento adicional para las familias monoparentales). Una vez analizadas las rentas que tenga ese hogar, el ingreso mínimo vital cubrirá la diferencia entre la renta existente y el umbral fijado para ese tipo de hogar. «Una persona que viva sola tiene garantizada una renta de 462 euros al mes. Si esa persona no tiene ningún ingreso recibirá 462 euros a través del ingreso mínimo vital. Pero si esa persona tiene unos ingresos de 200 euros al mes, de un trabajo de jornada reducida por ejemplo, recibiría una prestación mensual de 262 euros», explicó Pablo Iglesias.

Las cuantías de la prestación oscilarán entre 462 euros al mes en 12 pagas (que sería  el equivalente a una pensión no contributiva para un adulto solo) y 1.015 euros al mes en 12 pagas (en caso de que haya más personas en la unidad familiar), algo menos que el salario mínimo interprofesional. Tal y como explicó Iglesias, la cantidad base (los 462 euros) se incrementarán en 139 euros al mes por cada persona adicional -ya sea niño o adulto- que conviva en la unidad familiar. Además, para las familias monoparentales se añadirá un complemento de 100 euros al mes. 

¿Es compatible con otras prestaciones o ingresos?

Sí. Una de las claves de esta prestación, defienden desde el Gobierno, es que es compatible con otros ingresos, entre los que se incluyen los laborales. Según defendió el vicepresidente segundo, la renta mínima permite evitar lo que muchos llaman la trampa de la pobreza, «situación en la que alguien se ve obligado a elegir entre aceptar un empleo o mantener una prestación social».

Es más, dentro del diseño del ingreso mínimo se incluirá un estímulo específico al empleo para asegurar que conseguir un trabajo nunca suponga una pérdida de ingresos para los hogares: «Será un mecanismo que ya funciona en el País Vasco y Navarra. Si una persona que recibe esta prestación incrementa sus ingresos laborales, una parte de esos ingresos no va a computar para el cálculo de la prestación. Si alguien que cobra el ingreso mínimo vital consigue ganar 100 euros más al mes no se le restarían 100 euros de la prestación, sino algo menos», explicaron los ministros.

¿Qué requisitos serán necesarios para acceder a la prestación?

Podrán acceder todas las personas de entre 23 y 65 años o aquellos que tengan 18 en caso de que tengan menores a su cargo. Lo podrán solicitar aquellos ciudadanos cuyos ingresos totales del año anterior son inferiores a la renta garantizada anual. Además, también podrán sumarse a la ayuda aquellos hogares que durante el tiempo transcurrido de este año hayan obtenido unos ingresos que, en términos anuales, estarían por debajo de la renta garantizada. «Esto permitirá atender a las personas que se han visto afectadas por una situación de pobreza sobrevenida por el coronavirus», explicó Iglesias.

¿Se tendrá en cuenta el patrimonio?

Sí. Además de analizar las rentas, el ingreso mínimo vital también hará un «test de riqueza». Esto significa que cuando se presente la solicitud se comprobará que el beneficiario no supere un determinado umbral de patrimonio, descontando la vivienda habitual. Con ello, se asegura el acceso a personas «realmente vulnerables» y no solo a personas que puedan tener problemas coyunturales de liquidez pero, por ejemplo, con «un considerable patrimonio inmobiliario». 

De esta forma, los límites de patrimonio que se establecen ascienden a 16.614 euros en aquellos hogares compuestos por una sola persona y se irá incrementando por cada miembro hasta un máximo de 43.196 euros.

¿Cómo se solicitará?

En primer lugar, se concederá de oficio de forma inmediata a los que ya estén percibiendo una prestación por hijo a cargo. Aquellos que no formen parte de este grupo podrán solicitarla en la sede electrónica de la Seguridad Social. Y para ello solo tendrán que presentar los documentos que acrediten los requisitos de edad y el tiempo de residencia legal en España. A partir de ahí será la propia seguridad social la que compruebe los datos: «El objetivo es simplificar lo máximo todos los trámites necesarios evitando que la gente se encuentre con un laberinto burocrático».

¿Qué previsiones tiene el Gobierno?

Tal y como explicó el ministro Escrivá, «España tiene un problema de pobreza alta muy importante. Por este problema tan agudo y asociado a políticas públicas que no están bien focalizadas, desde el año 2014 el Consejo Europeo nos ha venido advirtiendo que España tiene un problema».

Los cálculos del Ministerio de Inclusión apuntan a que la prestación llegará a 850.000 hogares (2,3 millones de personas). «Nos acercaremos a la media europea en el gasto de estas ayudas. Con esta prestación podremos reducir en un 80 % la pobreza extrema en España», explicó Escrivá, quien además apuntó a que en caso de los hogares monoparentales (el 90 % de ellos compuesto por mujeres) la reducción de la pobreza extrema se acercará al 90 %.