La juez que investiga la manifestación del 8-M rechaza imputar a Fernando Simón

La magistrada recuerda que la causa se centra solo en las decisiones que tomó el delegado del Gobierno

La magistrada Carmen Rodríguez-Medel, que investiga la celebración de manifestaciones en la Comunidad de Madrid durante la fase de expansión del coronavirus, quiso este viernes dejar claros los límites de sus pesquisas y rechazó imputar al director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, tal y como había solicitado el denunciante que dio origen a la causa. La juez insiste en que el caso 8-M se centra en las decisiones adoptadas por el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.

Estas palabras de la responsable del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid llegan después de que la Abogacía del Estado, que defiende a Franco, la acusase de haber abierto una “causa general” contra las autoridades. “Los únicos hechos investigados en este procedimiento hacen referencia a las decisiones tomadas por el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, en relación con las concentraciones que le fueron comunicadas con anterioridad al 14 de marzo de 2020”, insistió este viernes la juez.

“Este procedimiento no se dirige [contra Simón]”, prosiguió la magistrada en su escrito, donde también aprovecha para recordar que otros juzgados ya “tienen asuntos” en trámite contra el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias. “Debiendo, en consecuencia, presentar la ampliación de denuncia ante dichos órganos jurisdiccionales y no ante este”, les dice a los denunciantes.

Cuando abrió la causa el 23 de marzo, Rodríguez-Medel ya descartó investigar a otros altos cargos. El abogado que impulsa el caso pedía actuar contra los delegados del Gobierno en todas las comunidades y contra el propio presidente del Ejecutivo. Pero Pedro Sánchez se encuentra aforado ante el Tribunal Supremo; y la juez carece de competencias territoriales sobre el resto de delegados. Por ello, solo imputó a Franco, al que atribuye un delito de prevaricación.

El caso 8-M ha desatado una intensa batalla política y jurídica esta semana. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, decidió cesar al coronel Diego Pérez de los Cobos, que encabezaba la Comandancia de Madrid, después de que los agentes bajo su mando enviaran a la juez un informe donde afirmaban que no se debería haber celebrado ninguna concentración en Madrid desde el 5 de marzo. Un documento que ha despreciado la Abogacía del Estado, que considera que contiene un “claro sesgo acusatorio” y “desliza continuas sospechas y comentarios suspicaces”: “No se encuentra en el informe de la Policía Judicial ningún análisis de evidencias científicas, solo referencias mutiladas o parciales a documentos técnicos o noticias de prensa, que en modo alguno pueden caracterizarse como una base científica”.

Pero ese informe del instituto armado, de momento, ya ha dejado sus primeras consecuencias. La magistrada ha citado también a declarar como testigos a siete representantes de las organizaciones consultadas por la Guardia Civil y que cancelaron sus concentraciones en aquellos días. Ha fijado sus comparecencias el próximo 11 de junio.

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