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La ministra Irene Montero, en la manifestación del 8-M EFE

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La Unión de Oficiales de la Guardia Civil pide personarse en la causa del 8-M

La organización solicita ser acusación popular en el procedimiento que dirige el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid contra el delegado del Gobierno en Madrid por presunta prevaricación

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La Unión de Oficiales de la Guardia Civil, asociación profesional del Instituto Armado, ha pedido personarse como acusación popular en la causa que investiga a José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, por una presunta prevaricación administrativa por autorizar las manifestaciones que se celebraron en la capital entre el 5 y el 14 de marzo, incluida la marcha del 8-M. En concreto, se investiga si se cometieron irregularidades al permitir todos estos actos cuando ya se habían detectado casos de coronavirus en España.

Según detallan fuentes de la asociación consultadas por Vozpópuli, sus letrados ya han remitido un escrito al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid en el que solicitan personarse como acusación. Ahora están a la espera de que el tribunal dicte el valor de la fianza para ejercer esta función en el procedimiento.

Unión de Oficiales de la Guardia Civil adoptó la decisión de formar parte de la acusación en junta directiva que se celebró este miércoles, en plena vorágine por las dimisiones y mandos apartados que ha sufrido el Instituto Armado, con el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska como principal protagonista. Una polémica que tuvo como punto de partida el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de Madrid.

En caso de que la petición de Unión de Oficiales de la Guardia Civil se formalice, la asociación podrá acudir a la declaración para la que ha sido citado el delegado del Gobierno en Madrid el próximo 10 de junio. También podrán pedir las diligencias que estimen oportunas.

La crisis en la Guardia Civil

Las investigaciones en torno a la manifestación del 8-M fueron el origen de la crisis que se está viviendo en el cuerpo y en el Ministerio del Interior. Según aseveran algunas informaciones, Diego Pérez de los Cobos fue presionado por sus superiores para revelar el contenido del informe que había desarrollado la Policía Judicial con base en Tres Cantos. Tras negarse, se le comunicó el cese.

La decisión arrastró la dimisión del Director Adjunto Operativo (DAO), teniente general de la Guardia Civil al que apenas le quedaban unos días para retirarse. El teniente general llamado a ocupar su puesto, Fernando Santafé, jefe del Mando de Operaciones, fue apartado de su cargo. Marlaska optó por saltarse el escalafón y colocar a dos generales de brigada en estos puestos.

El titular de Interior asevera que todos los cambios se deben a una "reestructuración" en la Guardia Civil y que los puestos están sujetos a la "confianza" del responsable del Ministerio.

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