El último plan de Trump busca situar a las redes sociales ante un dilema: o dejar de "censurar" o exponerse a miles de demandas

El miércoles te contábamos que Donald Trump había advertido, a través de su cuenta de Twitter, que "regularía las redes sociales, o las cerraría", antes que "permitir que sigan silenciando las voces conservadoras". Una polémica declaración que llegaba sólo unas horas después de que Twitter aplicara a dos tuits del mandatario su sistema de etiquetado de contenido erróneo.

Pese a que muchos pudieran interpretarlo como un exabrupto repentino ante una crítica de Twitter, la Casa Blanca se puso en marcha y tan sólo un día más tarde (el jueves por la noche, hora española), Trump hacía pública la firma de la correspondiente orden ejecutiva que convertía en norma jurídica su 'amenaza' tuitera.

"Estamos aquí para defender la libertad de expresión de una de sus mayores amenazas: el poder sin control [de las grandes redes sociales] para censurar, restringir, ocultar y alterar prácticamente cualquier forma de comunicación entre ciudadanos privados o a grandes audiencias".

"No hay precedentes en la historia de los Estados Unidos en los que un número tan pequeño de corporaciones controlasen una esfera de interacción de tal tamaño".

El presidente de los Estados Unidos estuvo acompañado durante la firma de la orden ejecutiva en el Despacho Oval, por William Barr, fiscal general estadounidense (cargo equivalente a nuestro Ministro de Justicia), que argumentó en el mismo sentido que Trump:

"Estas compañías crecieron porque se destacaron como foros de debate público, pero ahora han cambiado y usan su poder de mercado para forzar puntos de vista particulares".

La clave de la orden de Trump: la 'Sección 230'

Pero, ¿en qué se basa y qué efectos legales tiene la orden ejecutiva firmada por Trump? Pues todo gira en torno a la Sección 230 de la Communications Decency Act, un párrafo que Jeff Kosseff (jurista de la Academia Naval estadounidense) ha calificado metafóricamente como "las 26 palabras que fundaron Internet".

Básicamente lo que evita dicha cláusula es que las plataformas de Internet puedan ser consideradas legalmente responsables (y, por tanto, demandables) por todos y cada uno de los comentarios y materiales publicados en las mismas. Reza así:

"Ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será tratado como editor o difusor de cualquier información proporcionada por otro proveedor de contenido de información".

Lo que busca ahora Trump es explorar los límites de la ley de 1996, poniendo sobre la mesa que el hecho de recurrir a la "edición" o censura de contenidos pueda llevar a que una plataforma pueda dejar de ser considerada (ante los ojos de la Ley) una red social para pasar a ser un medio de comunicación, lo que conllevaría perder la protección conferida por la Sección 230.

El mensaje de Trump es sencillo: si una red apuesta por suprimir determinados mensajes y no otros, será porque los que deja intactos cuentan con su aprobación, por lo que deberá responder por ellos; y si no quiere responder legalmente por ningún mensaje, que renuncie a editar o suprimir ninguno.

Sin embargo, la orden ejecutiva no se traducirá a corto plazo en cambios en el funcionamiento de Twitter, Facebook y demás redes sociales: será necesario que la Comisión Federal de Comunicaciones se pronuncie primero ante la solicitud de la Casa Blanca para que aclare si es factible condicionar la aplicación de la Sección 230.

El texto también contempla otras medidas: obliga a una mayor transparencia de las administraciones sobre su inversión publicitaria en redes y establece también la creación de herramientas que permitan a la Administración revisar las quejas de censura política en redes que puedan presentar los usuarios estadounidenses.

¿Y ahora?

De todos modos, Trump ha reconocido que su orden ejecutiva podría terminar estancándose en los tribunales (varias organizaciones civiles y la propia oposición demócrata ya han anunciado su intención de colaborar en esa tarea), por lo que, si la vía ejecutiva fracasa, su equipo está trabajando ya en sacar adelante una reforma por la vía legislativa (esto es, aprobando leyes en el Congreso) antes de las próximas elecciones presidenciales.

Por otra parte, han pasado sólo unas horas desde la firma del documento y ya ha surgido una nueva polémica entre Trump y Twitter: la red ha etiquetado uno de los últimos tuits del mandatario como incumplidor de las normas de la red, y lo ha ocultado dentro del hilo publicado por Trump, acusando a éste de "glorificar la violencia".

En el tuit, Trump avisa de que la Guardia Nacional ayudará al gobernador de Minesota a controlar los saqueos de tiendas que está sufriendo la ciudad de Minneápolis (con la excusa de la muerte del afroamericano George Floyd por brutalidad policial) y finaliza con un contundente "Cuando comience el saqueo, comenzará el tiroteo":

Imagen | White House