Las dudas por las que investigan contrato de camiones de bomberos

Procuraduría investiga al director de bomberos, pero también analiza contratos de celulares y más

Una queja que llegó el 7 de mayo a la Procuraduría fue la que dio inició a una investigación por posibles irregularidades en contratación contra el director de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC), capitán Charles Wilber Benavides Castillo, por cuatro contratos que suman más de 13.000 millones de pesos para la compra de 30 camiones cisterna para los bomberos. 

La queja detalló que el 24 de marzo de este año la DNBC declaró la urgencia manifiesta para contratar bienes y servicios, en medio de la pandemia de coronavirus, una figura que se usa para solucionar situaciones que no pueden dar espera.

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No obstante, pasaron 40 días entre esa declaratoria y la adjudicación de los contratos para la compra de los camiones. Además, la contratación se hizo en tres contratos iguales por valor de 3.517 millones de pesos y uno más por 2.638 millones.

La queja cuestiona si esto se hizo para pasarse por encima las leyes de la contratación estatal y si se fracturó un contrato grande en cuatro más pequeños para no hacer una licitación pública. De otro lado, los contratos no especifican cuáles y dónde están esos cuerpos de bomberos que serán fortalecidos con esos camiones.

Debido a estas quejas, la Procuraduría inició la investigación y ya decretó varias pruebas para comprobar qué fue lo que pasó. Después de esta etapa probatoria en donde se determinará si hay mérito para abrir un juicio disciplinario contra el director de Bomberos.

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Contratos por prestación de servicios y compra de celulares

Además de la compra de los 30 vehículos, a la Procuraduría también llegaron sospechas sobre unos contratos de prestación de servicios y compra de bienes. Por ejemplo, la queja habla de un contrato por prestación de servicios para transportar agua potable en La Guajira y Cesar, en donde se hizo una destinación de unidades de bomberos para actividades que deberían hacer las autoridades locales como lo es suplir el servicio público de agua potable.

También se allegaron a la Procuraduría documentos sobre contratos por prestación de servicios en apariencia muy costosos, por ejemplo, se habla de contratos de bachilleres por 5 millones de pesos al mes, y de profesionales de diferentes áreas con salarios que oscilan entre 7,5 y 10 millones de pesos.

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Pero además, eran contratos para realizar actividades sencillas o que podían hacer personas que ya estaban contratadas, por lo que se cuestiona si se está presentando un carrusel de contratos.

Por último, la queja dice que en las últimas semanas se compraron 23 celulares de alta gama cuyo valor individual oscila entre 5 y 6 millones de pesos, compra que no se reportó en el Secop, sistema donde se debe reportar toda la contratación estatal.

Por el momento se ordenó separar estas quejas en expedientes distintos al de los contratos de los camiones cisterna para analizar estas circunstancias independientemente, y posteriormente determinar si se abren investigaciones formales por ello.

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