La «hija del cuerpo» que no se amilana frente al poder político

Rodríguez-Medel, la juez del 8-M, sonó para dirigir la Guardia Civil y dejó su impronta en el 'caso máster' de Pablo Casado

El 18 de julio de 1936, el comandante de la Guardia Civil José Rodríguez-Medel fue asesinado en Navarra cuando intentaba organizar a sus hombres para repeler la sublevación de las tropas del general golpista Emilio Mola. El oficial tuvo un intercambio telefónico con Mola aquel funesto día en el que dio comienzo la Guerra Civil. Le advirtió de que su único deber era obedecer las órdenes del poder constituido. Una lealtad que supuso su sentencia de muerte. Rodríguez-Medel, padre de siete hijos e ingeniero de carrera, llevaba colgada una medalla de la Virgen del Carmen cuando un subordinado le tiroteó a traición por la espalda. Fue enterrado en un panteón sin inscripción y su apellido quedó manchado entre los sublevados.

Este episodio ha marcado desde entonces el devenir de esta familia originaria de Siruela (Badajoz). Una saga que se crió huérfana pero que, pese a todo, siguió formando parte de la Guardia Civil. Varios de los hijos de José continuaron sus pasos. Ramón, por ejemplo, fue coronel y un nieto, Antonio, es hoy jefe de la Comandancia de Málaga. En cambio, su hermana Carmen se decantó por la judicatura, y hoy acapara los focos por su investigación de la marcha del 8 de marzo en Madrid.

Esta «hija del cuerpo», cuyo nombre honra la medalla que portaba su abuelo, ha puesto en el disparadero la gestión de la crisis sanitaria por parte del Gobierno. Y, de forma indirecta, su instrucción ha provocado un cisma entre la cúpula de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior tras otorgar las pesquisas a la unidad judicial de Madrid. Una crisis que se originó tras el cese de Diego Pérez de los Cobos, jefe de la comandancia madrileña.

Minuciosa y trabajadora, comentan colegas de los juzgados de Plaza Castilla, Carmen es una instructora que requiere numerosa documentación y es un tanto «mesiánica» con sus causas: las exprime hasta el final, hasta que no deja cabos sueltos.

No solo ocurre ahora con las diligencias que tratan de dilucidar si el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, cometió prevaricación por desoir las advertencias sanitarias. También en la instrucción del 'caso máster', en enero de 2018. La causa que acabó con el procesamiento de Cristina Cifuentes -supuso el final de su carrera política- y la remisión al Tribunal Supremo de una detallada exposición razonada tras ver indicios contra Pablo Casado, líder del PP. Sería luego archivada.

Encuentro en el Consejo

Cosas del destino, hace tan sólo cuatro meses, sonó como candidata de Grande-Marlaska para ser la directora general de la Guardia Civil tras el cese de Félix Azón. Pero, en su lugar, se optó por la política socialista malagueña María Gámez. El interés del ministro viene de lejos. Compartieron trabajo en el Consejo General del Poder Judicial. Él como vocal a propuesta del PP y Rodríguez-Medel como letrada. Junto a ella estaba el juez Rafael Pérez, actual secretario de Estado de Seguridad.

Nacida en 1972, su paso por el Consejo apenas duró 11 meses. Doctora en Derecho por la Complutense, pertenece a la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura y está casada con otro juez. Sacó la oposición con 24 años. Su primer destino en 1996 fue Santoña (Cantabria) y luego Marbella a partir de 2002. En 2008 pasó al juzgado de Violencia sobre la Mujer y desde allí intentó, en comisión de servicios, reemplazar a Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional, pero el Consejo se decantó por Pablo Ruz.

Poca amiga de los focos, le gusta estudiar y sabe desplegar la ironía. Por ejemplo, cuando el Tribunal Supremo le obligó a archivar el caso contra Casado lamentó en un auto que, a su «modesto» entender, «se está elevando notablemente las exigencias habituales de la jurisprudencia para abrir una instrucción». Y concluía, con ironía, que aplicar este nuevo parámetro «conllevará, sin duda, una notable reducción de la carga laboral».

La declaración del delegado Franco se pospone al 10 de junio

El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, cuya titular es Carmen Rodríguez-Medel, acordó ayer posponer al 10 de junio a las 15:30 horas la declaración del delegado de Gobierno madrileño, José Manuel Franco, como investigado por presunta prevaricación. La magistrada tomó esta decisión a petición de la Abogacía del Estado, que defiende al líder de los socialistas madrileños y prefiere que acuda de forma presencial al juzgado. La abogada Rosa Seoane, conocida por el juicio del 'procés', aseguró en su recurso a la apertura de la causa que la juez quería abrir una «causa general» al Gobierno.