Proyecto anticorrupción del Ejecutivo ya genera reparos entre legisladores
Quito -
La propuesta del Ejecutivo para sancionar la corrupción en procesos de contratación pública en emergencia activa las críticas en la legislatura.
A criterio de los asambleístas Henry Cucalón (PSC) y Héctor Muñoz (IND), integrantes de la Comisión de Justicia, los delitos de corrupción ya están contemplados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y la Fiscalía puede actuar; el problema está en que nunca llegan a tener una sentencia.
Cucalón sostuvo que para erradicar el abuso de los recursos del Estado se deben fortalecer las acciones de control, así como el apoyo irrestricto de los jueces y fiscales; pues “al día de hoy con o sin emergencia el robo de fondos públicos se llama peculado” y el COIP le pone una pena de hasta 13 años, pero lo que no se ha visto son sentencias.
El legislador señaló que establecer como delito la elusión no es la novedad en la propuesta del Ejecutivo sino la dosimetría penal, pues se pone una tabla de penas dependiendo del monto, el perjuicio, sobreprecio o robo; y parecería que la opinión pública observa con agrado que se incluya una pena máxima de 25 años, pero en derecho público da lo mismo robar $1000 o $ 250 000, pues actualmente en peculado no hay diferenciación y la pena máxima es de 13 años.
Para Héctor Muñoz (IND), la propuesta del Ejecutivo es una respuesta a la coyuntura a los escándalos de sobreprecios en los contratos que se dieron por la emergencia sanitaria, y que es un error trabajar en función de la coyuntura; que podría afectar a la coherencia dentro del Código Penal.
Que no hay claridad en la propuesta del Ejecutivo, porque las conductas que busca establecer y castigar ya están en el Código Penal y caen en lo que se llama peculado. (I)