47 días a pie y muchos empleos en riesgo en el Gran Córdoba

El impacto del paro de Aoita crece con la flexibilización de la cuarentena en Capital. Miles de trabajadores, en situación crítica. Hay nueva reunión, pero pocas chances de solución.

La falta de transporte interurbano tiene consecuencias cada vez más gravosas para miles de usuarios que deben trasladarse entre el Gran Córdoba y la Capital provincial por razones laborales.

Los choferes nucleados en Aoita llevan 47 días de paro. La medida coincide con la cuarentena, pero impacta de todos modos, y la gravedad de la situación crece a medida que avanza la flexibilización de la actividad económica en la Capital, donde trabajan decenas de miles de habitantes de las localidades del Gran Córdoba.

Desde el 13 de abril, cuando empezó la medida de fuerza, los usuarios tuvieron que improvisar alternativas para poder llegar a sus trabajos: viajar en bicicleta, hacer dedo y compartir auto, entre otras. Muchos de ellos trabajan en actividades esenciales y no pueden quedarse en su casa. Tras la reapertura de actividades industriales y comerciales, el problema se multiplicó.

Matías Bustamante, de 24 años, trabaja en una estación de servicio en barrio Valle Escondido, de Capital. Como vive en Río Ceballos, tuvo que cambiar su lugar de residencia durante estas semanas. “Cuando comenzó la cuarentena viajaba en colectivo. Esperaba tres horas y tomaba tres colectivos para llegar al trabajo. Pero cuando comenzó el paro me tuve que venir a la casa de mis abuelos en Córdoba. No regreso a mi casa desde hace casi dos meses”, cuenta.

Aunque comenzó a utilizar un sistema de transporte alternativo improvisado en Sierras Chicas, similar al carpooling en el que varias personas comparten un vehículo particular con un destino en común, le costaba hacer coincidir los horarios con los demás.

“En mi trabajo tengo horarios rotativos y eso complica. Y no está para perder un trabajo”, relata.

Bustamante se lamenta de que no puede ver a su hijo, que quedó en Sierras Chicas. Tampoco sabe cuándo regresará, a pesar de la escasa distancia. “El arreglo del conflicto parece muy lejano. Estoy pensando en comprarme algún medio de movilidad”, apunta.

A Nora Rodríguez, de 46 años, instrumentadora quirúrgica que trabaja en el hospital Materno Neonatal de Córdoba, no le quedó otra que usar su auto y lo comparte con una compañera.

Desde hace 10 años utilizaba el colectivo en el tramo Salsipuedes-Capital. Ingresa a su trabajo a las 6.30 y regresa a las 14.30. “Ahora tengo que usar el auto. Estoy gastando 500 pesos por día más 60 de peaje, mucho más que en colectivo, porque disponía del boleto obrero”, afirma. La pérdida de esos beneficios es un costo extra.

Nora comenta que “hay mucha gente haciendo dedo, entre ellos los policías; la gente se organiza como puede”. Para ella, el uso del automóvil “es un lujo” que no se puede dar y que no se compensa con lo que percibe de sueldo.

César Domínguez vive en Alta Gracia, otra ciudad con intensa circulación de ida y vuelta con la Capital. Desde que comenzó el paro, pasa la mayor parte de la semana en Capital, donde trabaja para una empresa de seguridad.

El primer día del paro decidió ir en su auto, pero cuando regresaba a su casa tuvo un accidente que lo cambió todo. “Sin paro, no hubiera ido en auto”, marca.

Tras el accidente, Domínguez logró coordinar con un amigo que lo pasa a buscar los martes por Alta Gracia y lo trae los sábados desde la Capital.

Durante los días que está en Córdoba, otro amigo le presta un departamento para poder cumplir con su trabajo, cada día, de 20 a 8.

Durante su estadía en Córdoba no puede estar con su familia. “Tengo un nene de 5 años y una nena de casi 2. Durante la semana les ayudaba con las tareas y ya no puedo”, destaca.

Las historias se multiplican en un área de alta movilidad cotidiana. Las situaciones laborales incluyen suspensiones y adelantos de vacaciones para trabajadores que no pueden llegar a sus puestos por falta de movilidad.

Hoy hay una nueva reunión entre Fetap y Aoita, pero son bajísimas las posibilidades de que el paro se levante.

Llaryora y Javkin levantan el tono del pedido de subsidios a la Nación

El intendente Martín Llaryora y su par rosarino, Pablo Javkin, consiguieron ayer el apoyo de la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (Fatap) –que representa a los empresarios del transporte urbano– a su reclamo por el reparto equitativo de los subsidios nacionales. El eje de esa cruzada es que se incremente fuertemente el envío de recursos por parte de la Nación para el sostenimiento de los colectivos del interior.

El grupo de intendentes está integrado también por el santafesino Emilio Jatón y los mandatarios de Paraná (Adán Bahl); Salta (Bettina Romero) y Bariloche (Gustavo Gennuso).

Según se informó desde el Palacio 6 de Julio, los gobernantes coincidieron en la necesidad de reestructurar el sistema de transporte del país, de modo que permita a los usuarios del interior el pago de un boleto más accesible, tal como ocurre hoy en Capital Federal.

“Los participantes reconocieron el esfuerzo que la actual gestión del Gobierno nacional hizo para mejorar el envío de los recursos, pero coincidieron en que los montos transferidos no alcanzan para que el transporte vuelva a funcionar”, remarcaron.

Llaryora aseguró: “A esta discusión queremos darla para ayudar a que los sectores más vulnerables puedan viajar con un precio de boleto más accesible, en un sistema de transporte de mayor calidad y con mejores frecuencias”.

Por su parte, el secretario de Fatap, Gustavo Mira, aseguró que acompañan esta “patriada” de los intendentes.

“Para nosotros, fue una reunión importante, es una lucha por cambiar esta asimetría que viene desde hace años. Estos subsidios que estamos solicitando van a impactar en el boleto para que no suba y no perjudique a los usuarios. Es una medida federal que busca equilibrar los valores del subsidio”, finalizó.

En la reunión se informó que se solicitará al jefe de Gabinete de la Nación una audiencia personal o por teleconferencia, a la vez que se convocará a los diputados y senadores de todos los colores políticos para que acompañen este reclamo.

El Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba respaldará hoy esta pelea de Llaryora. A través de un proyecto de resolución, Hacemos por Córdoba pedirá al Poder Ejecutivo Nacional que “se asignen mayores recursos ante la extrema situación en la que se encuentra el servicio de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba”.

Los concejales que responden a Llaryora también pedirán a la Legislatura de la Provincia que “instruya a los senadores y solicite a los diputados nacionales por Córdoba para que también reclamen más recursos para el transporte del interior.

Auxilio nacional para larga distancia

El servicio interprovincial de transporte de pasajeros es el más afectado por la cuarentena, ya que esas empresas fueron inhabilitadas para operar desde el 20 de marzo pasado. Se trata de un sector regulado directamente por la Nación, que otorgó un subsidio excepcional de $ 500 millones a un centenar de empresas de transporte de larga distancia para suplir los ingresos caídos.

Lo hizo a través de la resolución 122/2020 del Ministerio de Transporte, que concede el subsidio a 99 empresas de todo el país, por un total de 3.529 coches, a razón de 141.683 pesos por unidad. Con esa asignación vinculada al parque móvil, más de la mitad de los recursos quedó para una docena de empresas, comenzando por Flecha Bus, Plusmar, Vía Bariloche, Nueva Chevallier, Crucero del Norte, Andesmar, Cóndor Estrella y Urquiza.

La norma también determina la instrumentación de un Programa de Emergencia del Transporte Público Interurbano, que incluirá la planificación, diseño e instrumentación del régimen al que se someterán las prestaciones de servicios que las empresas deberán proveer como contraprestación del subsidio excepcional.

La normativa destacó que “el marco coyuntural de la pandemia afectó profundamente a toda la cadena de valor vinculada a las empresas de capitales privados que operan como permisionarias del sistema de transporte interurbano de pasajeros, que adicionalmente, no reciben asistencia del Estado nacional”. Se justifica también el aporte estatal en la necesidad de “garantizar el servicio y los puestos de trabajo”.

*Corresponsalías