El poco sano hábito de barrer bajo la alfombra

En tiempos de calma, en crisis, en pandemia o en la circunstancia que fuere, casi por arte de magia la alfombra siempre está presta para lo que el poder desee barrer debajo de ella.

El poder en Córdoba se alista para volver a barrer bajo la alfombra, incluso en medio de la angustia y el desconcierto de la población.

El estrépito que generó entre los médicos y la comunidad la imputación a dos médicos de la residencia Santa Lucía, de Saldán, significó un fuerte cimbronazo para el oficialismo provincial, tanto en quienes tienen despachos en el Ejecutivo como en quienes habitan las oficinas de los Tribunales.

Por esas caprichosas vueltas del destino, la sigla PJ se puede usar tanto para aludir al Partido Justicialista como al Poder Judicial.

Fue en este último donde detonó el escándalo. Una denuncia del Gobierno por el contagio masivo en el geriátrico del Gran Córdoba quedó frenada varias días y se activó, de repente, después de que se difundió la parálisis del expediente y el vínculo familiar directo entre el propietario de la residencia y un vocal del Tribunal Superior, hijo de aquel y uno de los tres miembros del cuerpo, que primero fue funcionario del Ejecutivo y luego miembro de la cabeza del Poder Judicial.

La salida que encontraron el fiscal Andrés Godoy, sobre quien pesa la acusación de estar a cargo de una fiscalía especial sin haber sorteado las instancias exigidas para ocupar ese cargo, y los fiscales generales adjuntos fue imputar a dos médicos del geriátrico.

Lo que siguió es historia conocida. Una marcha de médicos sin antecedentes, que tuvo repercusión nacional y sumó más protestas a las calles cordobesas, que se van llenando de reclamos.

El tema es que los reclamantes gozan de una legitimidad superior a varios de quienes expresan malestar en los espacios públicos por estos días.

Se movieron los resortes con cierta rapidez y el oficialismo logró encauzar ese malestar, mientras se planea en los despachos de los fiscales alguna que otra maniobra que atenúe el impacto de la doble imputación.

Los representantes de los médicos les bajaron mucho el tono a sus planteos después de pasar por los amplios despachos del Tribunal Superior y el Ministerio Público Fiscal.

Antes, hubo una serie de reproches internos. Es que la gestión de Juan Schiaretti paga el costo de errores propios, como el grosero incumplimiento constitucional de designar un fiscal General, puesto vacante desde hace un año y dos meses.

Los adjuntos, que hasta acá venían siendo diligentes con las necesidades del poder político, quedaron atrapados en sus operaciones de tiro corto. Y obligaron al Ejecutivo a ocuparse de un tema que debería haber estado resuelto hace tan sólo 14 meses.

La otra trama

Pero Saldán es sólo la punta de este iceberg político-judicial que fueron los dos focos mayores de contagio de Covid-19 en Córdoba.

El otro es el hospital Italiano, unido a aquel por ser ambos prestadores del Pami.

La duda enorme es por qué la obra social de los jubilados tenía semejante acuerdo con el hospital de barrio General Paz para recibir tantos pacientes.

La lupa sobre el Pami viene posada desde hace rato y ha habido denuncias sobre las anteriores administraciones. Con el Covid-19, esa observación parece incrementarse, en especial por el papel que ha tenido en los acuerdos previos a la pandemia.

La conducción del Pami local responde al principal referente del presidente Alberto Fernández en Córdoba, el senador nacional Carlos Caserio.

Los límites de la política, la Justicia y los negocios (en este caso de la salud) suelen ser más que difusos.

SÍNTESIS POLÍTICA
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