Bruselas propone rescates blandos para inyectar a tramos las ayudas

La Comisión evita hablar de la «troika», pero podría vetar los planes españoles

Deuda común, un portentoso paquete de ayudas a fondo perdido de 500.000 millones de euros y otro sobre de préstamos (250.000 millones) de largo vencimiento y a tipos de interés muy bajos. En su conjunto, el plan de recuperación económica diseñado por Bruselas es lo suficientemente ambicioso para colmar las demandas de los países más golpeados por la pandemia. También las de España, que podía recibir, si sale adelante, hasta 66.579 millones de euros en subvenciones directas y 56.400 millones en préstamos del Fondo de Reconstrucción, según los cálculos actualizados de la Comisión.

La noticia generó un efecto balsámico. Al menos hasta que se puso la lupa sobre la letra pequeña. El pliego de condiciones genera suspicacias. Recuerda demasiado a los aciagos rescates capitaneados por los hombres de negro de la troika. «No es un rescate, es un programa voluntario», aseguró ayer el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, para calmar las aguas. De poco sirvió porque el vicepresidente Valdis Dombrovskis se encargó de encender las brasas: «Si un Estado miembro no lleva a cabo las reformas acordadas y no invierte en los proyectos adecuados, será difícil que desembolsemos financiación», deslizó.

Más allá de la aparente superficialidad de la polémica, subyace un debate mucho más hondo: ¿Habrá o no habrá intervención de las economías?

Intervención silenciosa

Bruselas quiere evitar los errores del pasado. Sería perjudicial asociar su nuevo programa de reconstrucción a una troika fiscalizadora. Por eso ha retorcido los términos para que la asistencia financiera tome la forma de un rescate blando y no estigmatice a ningún país.

El dinero no caerá del cielo, por supuesto. Si España quiere asirse al salvavidas lo antes posible, el Gobierno deberá enviar para el mes de octubre, junto al borrador presupuestario, un detallado plan nacional para la recuperación. Los proyectos de inversión tendrán que ir alineados con las reformas recomendadas por la Comisión en materia de pensiones, mercado laboral, fiscalidad o estándares sociales, además de enfocarlos hacia las prioridades de la UE: una transición verde y digital.

Superar la fase de escrutinio no será fácil. En primer lugar porque se ha propuesto que los Estados miembros supervisen «individualmente» esos planes nacionales antes de dar el visto bueno. Eso significa que habrá interferencias de los países más ortodoxos, como los Países Bajos o Austria, en las cuentas. Tendrían la posibilidad de vetar los rescates con una mayoría cualificada (el 55 % de los países de la UE que representen como mínimo al 65 % de la población). Si pasa la criba y la Comisión valida el plan, tampoco hay garantías de ver el dinero. En el momento en el que un país se desvíe de los compromisos, Bruselas podría suspender el desembolso de fondos. No habrá cheques masivos. Se irán abonando poco a poco, por tramos, para llevar un control exhaustivo del gasto: «Debe traducirse en resultados», advirtió ayer Dombrovskis.