El Gobierno ha perdido los papeles

Cuando un Gobierno agoniza y entra en descomposición, lo habitual es que pierda los papeles tomando decisiones arbitrarias cada vez más difíciles de justificar, que acaban volviéndose en su contra. Y también, que vea por todas partes conspiraciones para derribarle. Una dinámica de excesos que genera una bola de nieve imparable. Suele ser el final de todos los gobiernos que sufren un fuerte desgaste como consecuencia de un prolongado período de gestión. Lo sorprendente es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha entrado en esa dinámica autodestructiva apenas cinco meses después de llegar al poder. La purga en la Guardia Civil del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska ilustra perfectamente esa deriva de quien se siente acorralado.

El Gobierno ha entrado absurdamente en pánico ante la posibilidad, poco probable, de tener que asumir responsabilidades penales como consecuencia de su acción u omisión en la crisis del covid-19. Y su reacción ha sido histérica. Primero, intentó forzar ilegalmente al coronel Diego Pérez de los Cobos a que le entregara el informe elaborado a instancias de la jueza que instruye el caso del 8M. Ante su negativa, lo destituyó fulminantemente sin calcular las consecuencias. Tras la dimisión del número dos de la Guardia Civil como protesta, trató de desprestigiarlo diciendo que se iba cinco minutos antes de ser cesado. Y luego, destituyó al número tres del cuerpo, el relevo natural, y puso de número dos a un general afín de inferior rango. Eso, hasta ahora.

En un insulto a la inteligencia, el Gobierno asegura que toda esta concatenación de hechos no tiene nada que ver con el informe de la Guardia Civil y se debe solo a una «actualización de los equipos» ya prevista. Y, violentado la Justicia y la separación de poderes, ordena a la Abogacía del Estado arremeter contra la jueza que investiga el caso acusándola de instruir una «causa general» contra el Gobierno. Pero no se queda ahí. En una actitud absolutamente irresponsable, filtra que hay un «pulso» de los mandos de la Guardia Civil al poder Ejecutivo, alentando así la descabellada tesis de una rebelión de mandos militares que tienen a sus órdenes a miles de agentes armados. Y, no contento con eso, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, acusa en sede parlamentaria al tercer partido del país, al que han votado 3,6 millones de españoles, de querer dar «un golpe de Estado».

En su desesperación, el Gobierno pactó con los herederos de ETA la derogación de la reforma laboral a cambio de su apoyo. Y luego, cuando el PNV se muestra molesto porque eso perjudica sus expectativas electorales y amenaza con retirarle su apoyo, transfiere el ingreso mínimo vital al País Vasco y a Navarra.

El Gobierno está completamente fuera de control. Debería entender que ningún Ejecutivo europeo sobrevivirá a una crisis que tendrá consecuencias devastadoras para la economía. Y tratar de asumir con dignidad y responsabilidad ese destino, cumpliendo con su deber en lugar de reaccionar atacando a las instituciones y el Estado de derecho con el único fin de salvar su pellejo.