Los lobos de Wall Street aprietan, pero ¿no ahorcan?

Con el país en default “técnico” desde el viernes pasado, el gobierno se acerca a acordar con los bonistas que ayer presentaron una oferta. Si hay acuerdo, ¿ganamos todos?

Hace una semana el país ingreso en default “técnico” de su deuda bajo legislación extranjera, en el marco de una reestructuración que involucra USD 66.000 millones de bonos emitidos durante los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Mauricio Macri.

Pero a pesar de la cesación de pagos, y gracias a las peculiaridades que tienen los bonos que el gobierno dejó de pagar (que incluyen cláusulas que restringen las posibilidades de los bonistas de iniciar acciones legales individuales o pedir aceleración de los pagos), las tratativas con los acreedores continúan. La nueva fecha límite para cerrar un acuerdo es el martes 2 de junio, pero todo indica que podrá continuar por algo más de tiempo.

La novedad importante fue que ayer dos grupos de acreedores, de los tres consorcios que organizaron para negociar con el Estado argentino, presentaron una contraoferta que se acerca más a lo que el ministro de Economía, Martín Guzmán, viene diciendo que el país podrá pagar.

La propuesta fue presentada de forma conjunta por Ad Hoc Bondholder Group, representado por White & Case LLP, integrado por fondos grandes como Blackrock y Fidelity entre otros, y Exchange Bondholder Group, que son los bonistas de los canjes de deuda de 2005 y 2010, que tienen mejores condiciones contractuales.

“La propuesta conjunta cuenta con el respaldo de los grupos de acreedores más grandes de Argentina y se encuentra en términos más favorables para Argentina que las propuestas anteriores”, asegura el comunicado de los bonistas. El mismo agrega que este acercamiento de los dos comités fue diseñado “específicamente de buena fe”, (latiguillo que se viene repitiendo desde ambas partes, gobierno y acreedores, desde febrero) para cumplir con los objetivos macro fiscales expresados por el Gobierno.

La oferta actual ofrecería al gobierno un ahorro, en nueve años, de USD 36.000 millones. Hace quince días el grupo de Blackrock, en su primera contrapropuesta, había presentado un alivio de USD 32.000 millones en 10 años. Es decir, que con la nueva contraoferta, el Gobierno “gana” USD 4.000 millones de alivio.

De acuerdo al comunicado, “los grupos están equilibrando la obligación de tomar decisiones para que sus ahorristas saquen el mejor provecho, al mismo tiempo que reconocen las circunstancias difíciles que enfrenta el Gobierno de la Argentina, incluida la respuesta a los desafíos planteados por el Covid-19”.

El valor de la oferta de los acreedores estaría en un valor de 53 dólares por cada 100 de los bonos a canjear, contra 45 dólares de la última propuesta del gobierno. Es decir que la diferencia entre ambas ofertas se redujo a 8 dólares.

El valor de 53 surge de aplicar una tasa de descuento (la llamada “exit yield”) de 10 % a los pagos que recibirán los bonistas durante la duración de los nuevos bonos respecto de los que tenían, es decir descontando el “ahorro” de USD 36.000 millones que se recortaría, sumando capital, intereses y cambio de plazos, a lo que deberían cobrar los bonistas en los próximos años si se mantuvieran los títulos sin cambio. Es decir que mide lo que “pierden” de ganar (destaquemos las comillas) los bonistas respecto de lo que comprometían los títulos originales, emitidos desde 2005 hasta 2018.

La masa de pagos esperados sobre la cual ahora los bonistas aceptarían un recorte de USD 36.000 millones engordó astronómicamente gracias a las tasas de interés altísimas pagadas por el Estado argentino en esas emisiones de deuda.
Recordemos que esto incluye perlitas como el título a 100 años colocado por Luis Caputo en 2017 (a un fondo que había creado él mismo antes de asumir como funcionario de Macri) por un monto de USD 2.750 millones con un cupón astronómico de 7,125 % anual (que cada año por 100 años hasta 2117 debería pagar alrededor de USD 200 millones a los tenedores). La tasa era 7 la que regía en EE. UU. en ese mismo momento. Durante esos años que se hicieron el festín con Macri y Caputo, no existían en ningún lugar del planeta bonos de deuda pública con rendimientos semejantes. “Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía”, dice el refrán, pero los pobres bonistas alegan que nunca se imaginaron que un país que emite “serialmente” a esas tasas va a ir rápido al bancarrota. Difícil creerles. Por eso cabe alegar el conocimiento de los acreedores sobre el carácter ruinoso de esa deuda al momento de adquirirla, lo que implica declararla odiosa.

¿Rumbo a un éxito ruinoso?

Todavía es prematuro decir si habrá fumata blanca. La película podría continuar por más de dos meses, que es el plazo que resta para que entre en default el bono Discount, que es de los del canje de 2005, y a diferencia del global que venció el viernes 22/5 sí daría lugar a litigios y amplificaría los efectos de la cesación de pagos, a la cual el gobierno llegó después de haber tomado USD 4.600 millones del BCRA para pagar deuda, es decir extremando las condiciones de vulnerabilidad heredadas.

El “éxito” al que aspiran Alberto Fernández y Martín Guzmán en el canje de la deuda (que después de la negociación con los privados seguirá con el Fondo Monetario Internacional) podría resultar ruinoso. Pide algunos años de gracia para la ejecución de la hipoteca de la deuda, y recorta un poco la astronómica usura, pero convalida el 50 % de las pretensiones de estos lobos, deseosos de seguir extrayendo al país su libra de carne. El “alivio” que otorguen los bonistas, será llenado con las pretensiones del FMI. Recordemos que vino a “salvar” al gobierno de Macri prestándole USD 44.500 millones en un año y medio, acordando un programa que no evitó el empeoramiento de la crisis de deuda que supuestamente venía a resolver, ni evitó un colapso de la economía. Además, contribuyó a aportar recursos para que continuara la fuga de capitales, que siguió después del acuerdo con el FMI al mismo ritmo que antes, como acaba de mostrar un informe del Banco Central (que, convenientemente, no se aventura más allá de 2016). Esa plata debería devolverse toda entre 2021 y 2024, algo completamente irrealizable. A cambio de extender plazos, ¿qué podrá pedir el FMI que siempre exige reformas previsionales, laborales, privatizaciones y otras políticas de ese talante? Por mucho que se hable de un “nuevo nuevo FMI” (lo mismo que decían Macri y su ministro Nicolás Dujovne en 2018) será difícil que el directorio (donde se sientan las grandes potencias y EE. UU. tiene poder de veto) se vean inclinados a ser indulgentes con la Argentina.

Este es el significado del acuerdo que propone Guzmán: un país quebrado por los fugadores seriales de capitales (es decir los grandes empresarios nacionales e imperialistas que operan en el país) y los especuladores de las múltiples bicicletas financieras que se produjeron en estos años, exprimido por la deuda, con una economía que arrastra casi una década de parálisis (y 4 de los últimos 5 años con caída fuerte) y que promete seguir en caída al menos hasta 2021, se obligará desde 2023 a retomar, paulatinamente, los desembolsos de una deuda impagable. Esto solo podrá hacerse profundizando, otra vez, el camino del ajuste. El pueblo trabajador será llamado a solidarizarse con los lobos y buitres de Wall Street.

Para esta deuda odiosa, solo cabe el repudio soberano, que no es otra cosa que el rechazo del pueblo oprimido a seguir reforzando las cadenas de la opresión nacional enriqueciendo a los usureros de una deuda fraudulenta mediante el hambre. Debemos movilizarnos por este objetivo que debe ir de la mano de otras medidas urgentes para atacar las maniobras de los especuladores: nacionalizar los bancos y conformar una banca estatal única que asegure los depósitos para los pequeños ahorristas y otorgue el crédito que hoy los banqueros retacean, e imponer un monopolio estatal del comercio exterior, que hoy está virtualmente privatizado en manos de 50 empresas que chantejean al país y manipulan sus operaciones con filiales extranjeras. Esta es la única forma de poner fin al ruinoso negocio de la deuda, que los grandes empresarios nacionales aliados al imperialismo quieren perpetuar para llevarse su cuota del saqueo nacional mediante la fuga. Solo así podremos salir del círculo vicioso de la decadencia y el atraso del capitalismo dependiente argentino.

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