Tres mil médicos piden indemnización a Sanidad por la falta de protección

El juicio que arranca el 20 de julio expone a la conselleria al pago de hasta 800.000 euros por afectado

La factura que el Covid-19 está dejando en la Comunitat es abultada, pero lo será más si la Generalitat tiene que hacer frente al goteo de indemnizaciones que se avecinan. Entre 2.500 y 3.000 facultativos afiliados al Sindicato Médico CESM-CV han reclamado, por la vía judicial, compensaciones que podrían alcanzar los 800.000 euros para cada afectado. Y el proceso dará un paso importante el próximo 20 de julio, con la celebración del primer juicio oral contra la Administración autonómica por la falta de material sanitario de protección, problemática directamente relacionada con el elevado número de contagios registrados entre los profesionales.

Al respecto, Guillermo Llago, responsable de los servicios jurídicos del Sindicato Médico CESM-CV, recordó ayer que la formación ha interpuesto cinco demandas en juzgados de lo social de Alicante, Benidorm, Elche, Valencia y Castellón «en reconocimiento de esa ausencia de material, lo que supone una infracción directa de la ley de riesgos laborales». En las demandas también se reclaman indemnizaciones «para los médicos afiliados al sindicato que nos han autorizado, puesto que no las podemos hacer en nombre de todos los facultativos». Según cálculos de Llago, «representaremos a entre 2.500 y 3.000 médicos«. Este especialista detalló que se solicitan las compensaciones en base a la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Llago explicó que, normalmente, es la Inspección de Trabajo la que suele detectar si ha habido una infracción de cualquier índole, por lo tanto «el juez no puede multar a la conselleria, eso le correspondería a la citada inspección». Sin embargo, y dado el actual estado de alarma, «quien es competente ahora es el Ministerio de Sanidad, por lo que 'yo me lo guiso y yo me lo como'.

La inspección no ha levantado actas y, por tanto, nos hemos ido a los juzgados, y pedimos que indemnice a todos los médicos en cuatro categorías: los que han estado ingresados en un hospital o en la UCI, el que se ha contagiado y lo ha pasado en su casa, el que se ha visto confinado en su casa, en cuarentena, y al final no estaba contagiado –o no se sabe porque no le practicaron la prueba–, y todos los demás que han prestado servicio sin el material adecuado«. Las indemnizaciones, en función del sentido de la sentencia judicial, oscilarían entre los 40.985 y los 819.780 euros «para cada uno» si la infracción es muy grave. En el siguiente escalón –supuestos graves–, las compensaciones estarían entre los 2.046 y los 40.985 euros.

«Están interpuestas las cinco demandas, la de Alicante, que la han admitido y la de Benidorm, que nos han pedido una aclaración. En Elche, Valencia y Castellón aún no han contestado. Y el primer juicio oral empieza el 20 de julio en Alicante, en el juzgado de lo social 5», detalló el especialista, quien recuerda que estos procesos «derivan de las medidas cautelares solicitadas en su momento por la falta de material, y a raíz de ellas todos los juzgados fijaron un plazo para que la conselleria dotase del material. Y como prueba hemos pedido que la Inspección de Trabajo emita informes«.

«Entendemos que la parte declarativa es inexcusable, que se ha infringido y no se ha dotado de material. Vamos a aportar un dossier de 1.500 noticias de prensa y multitud de escritos presentados reclamando las medidas. No se requeriría más prueba por el conocimiento que tienen los jueces de que ha sido así. Y por el altísimo índice de contagios. Y una vez acreditada la infracción, que se indemnice al personal«, señaló, para recordar que existen precedentes de condenas por asuntos que podrían equipararse a este en el País Vasco o Andalucía a favor de los trabajadores.

«No hemos interpuesto una demanda que no sea viable, si no fuese viable no se haría. Pero no se ha dado nunca una situación de este calibre. En la querella explicamos que se ha llegado a amenazar a médicos porque llevaban mascarillas en Urgencias y les obligaban a quitársela porque, según les decían, podían generar alarma». «¿Antes no eran necesarias y ahora son obligatorias?», se pregunta Llago, mientras asegura que «hay médicos que estas cuestiones las van a declarar en los juzgados».

Paralelamente a este proceso, el Sindicato Médico interpuso el martes otra querella contra la consellera de Sanidad, Ana Barceló, «por haber incumplido su obligación de dotar de material sanitario adecuado a los médicos y sanitarios durante la gestión de la pandemia». La querella se interpuso por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores e infracción de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, y se hace extensiva a otros altos cargos como Isaura Navarro, Amparo García Layunta, Ofelia Gimeno, David Fernández y Carmen López Delgado.