Convocamos a las/os trabajadoras/es estatales a luchar contra la precarización y los despidos

Las compañeras y compañeros de la campaña #QueremosTrabajoDigno retomamos y hacemos nuestra la propuesta de las y los docentes en lucha de la UACM, acerca de la necesidad de poner en pie un gran movimiento, que una a distintos sectores de trabajadoras y trabajadores, sindicatos y organizaciones, para enfrentar la precarización y los despidos. Consideramos que la actual crisis económica y sanitaria, y sus consecuencias que se viven entre la clase trabajadora, marca la urgencia de ampliar esta iniciativa.

Compañeras trabajadoras y trabajadores estatales, relacionados con las dependencias y organismos públicos, la crisis en el mundo del trabajo se está agudizando, se viven importantes ataques a nuestros derechos humanos laborales y a nuestras condiciones de vida. ¡Es momento de organizarnos y unificar nuestras luchas!

La crisis económica que se anunciaba, se agudizó con la crisis sanitaria. En México se prevé una contracción de entre el 6 y el 9 % del Producto Interno Bruto. En este panorama, los capitalistas buscan que las pérdidas recaigan sobre la clase trabajadora, con despidos masivos, rebajas salariales, pérdida o rebaja de ingresos, mayor inestabilidad laboral y pobreza, en suma, un aumento de la precarización del trabajo.

Esta situación vuelve a mostrar que el diseño de la economía mundial, y nacional, sólo beneficia al 1% de la población, mientras que sobre la mayoría se cargan las consecuencias de la crisis.

La “Cuarta Transformación”, que encabeza el gobierno federal, lejos de implementar una política laboral antineoliberal que combata la precarización del trabajo, solo plantea “regular” algunas de las más importantes formas de flexibilización laboral, como el outsourcing.

Además, los compromisos del gobierno con los organismos financieros y el gran capital, desde un inicio fueron explícitos, planteando una negación a aumentar los impuestos a las grandes fortunas y asumiendo un compromiso inamovible para cumplir con los pagos ilegítimos de la deuda pública, por lo que, para recaudar recursos, implementó ajustes al gasto público (la llamada política de austeridad) que más allá de combatir la corrupción, ha terminado golpeando a las y los trabajadores estatales más vulnerables.

Amparados en esta política de austeridad, desde diciembre del 2018, lanzó una oleada de recortes y despidos en las dependencias públicas –que a finales del año pasado se calculaban en 400 mil, de los cuales un 65 % fue hacia mujeres trabajadoras– para recaudar recursos y financiar algunos programas sociales.

En las dependencias federales y estatales, se han agudizado las malas condiciones laborales, respaldadas (i)legalmente con diversas modalidades de simulación contractual: honorarios, capítulo 3000, nomina 8, galeno salud, servicios profesionales, eventuales y outsourcing. A todos estos trabajadores se nos niegan derechos laborales plenos, pues para los gobiernos neoliberales han representado costos, por lo que recurren a expropiarlos.

Para la 4T, la ofensiva contra los trabajadores estatales representa un daño colateral, por lo que desde un inicio fueron proscritos del discurso oficial. A quienes nos manifestamos legítimamente desde 2018 contra esta situación, se nos estigmatizó de aviadores, grupos de choque, operadores políticos del PRI, del PAN o del PRD, y más descalificativos para tratar de denigrar nuestra lucha.

Pero no lo lograron, ni lo lograran, porque estamos luchando por lo justo, contra la precarización y los despidos, por derechos laborales plenos, los que incluso están reconocidos en la Ley Federal del Trabajo, que fueron conquistados porque en otro momento de nuestra historia, hubo compañeros y compañeras trabajadoras que lucharon políticamente para conseguirlos.

La lucha inicia por la conquista y defensa de los derechos

Los derechos laborales no son un privilegio. Es momento de volver a dar una lucha histórica para recuperarlos.

Antes de la crisis, la profundización de la precarización de las y los trabajadores del Estado ya estaba en marcha. Con la crisis, se desbordó. El ataque alcanza a los trabajadores basificados. Muestra de ello es el conflicto de Notimex, donde se despidió injustificadamente a 241 trabajadoras y trabajadores, y en la Universidad Autónoma Chapingo; a la autoridad le es indiferente el tipo de contrato que tengan.

Una visión de conjunto evidencia a todas luces que la intransigencia de las autoridades es una constante en los diversos conflictos que actualmente existen en las instituciones públicas, no se trata de eventos aislados o de rencillas personales lo que los haya ocasionado; se trata de una política orquestada y dirigida en todos los niveles de gobierno. Los conflictos en la EDPA, UACM, DIF-CDMX, Notimex, UACh, INAH, INBAL, Secretaría de Cultura, Secretaría de Salud, SEDESA, FCE, etc., lo demuestran.

Con la llegada de la crisis sanitaria y la crisis económica, el gobierno tiene mayores gastos y menos recursos económicos para atenderlos. Las patronales y la derecha claman por un mayor endeudamiento público con los organismos financieros que lucran con las necesidades sociales. Por supuesto, esta vía es totalmente contrapuesta a nuestros intereses, pues ya no queremos que las crisis sigan cayendo sobre nuestras espaldas.

El gobierno ha decidido no recurrir –por el momento– a estos organismos. Sin embargo, en su búsqueda de recursos vuelve a lanzar una ofensiva contra los servicios públicos de por sí deteriorados y contra los derechos de las y los trabajadores. Los recortes presupuestales más visibles se han hecho a los rubros de ciencia y cultura, aunque algunos ataques han sido frenados producto del cuestionamiento social, como la desaparición del FIDECINE, pero otros han avanzado marcando la desvaloración existente hacia estos ámbitos que no se consideran esenciales.

El sector salud, que hoy enfrenta la pandemia en la primera línea, se han convertido en uno de los principales afectados de la precarización laboral, que se refleja tanto en el avance de la contratación inestable como en la falta de insumos, equipo de bioseguridad y desborde de la carga de trabajo por la falta de personal, que ya representaba una problemática antes de la pandemia. Estas situaciones exponen la salud y la vida de las y los médicos, enfermeros, laboratoristas o personal de limpieza, teniendo como consecuencia que entre ellas y ellos se concentra el 21 % del total de personas infectadas por Covid-19.

Pero no son los únicos sectores afectados, en este afán de recaudar recursos para el Estado nadie es indispensable y la ofensiva puede llegar a cualquier dependencia, como de hecho ocurrió el año pasado. Lo que trae como consecuencia una mayor inestabilidad laboral en todos los servicios públicos, es decir amenaza a todos los trabajadores, sean o no basificados.

Vamos por la construcción de un gran movimiento

La crisis aumentará la precarización de los trabajadores estatales. Es por ello que desde la Campaña Queremos Trabajo Digno invitamos a todas y todos los trabajadores estatales (organizados o no) a dar este salto histórico y sumarnos al Movimiento Nacional contra la Precarización Laboral y los Despidos.

Nos proponemos extender este movimiento a todo el país, integrando a trabajadores del sector público y privado, sindicalizados y no sindicalizados, de base y precarios, formales e informales, de la ciudad y el campo, manuales e intelectuales, etc. Las organizaciones obreras, populares, políticas y sindicales que se reivindican democráticas y combativas, intelectuales, artistas y pueblo en general, deberían sumarse a este llamado. Es momento de unir filas. ¡Para que la crisis la paguen los banqueros, empresarios y políticos que la provocaron, no los trabajadores y el pueblo pobre!

Quedamos a su disposición para definir en común las medidas organizativas y un plan de acción que nos permitan ir haciendo realidad esta propuesta.