Alcaldes federados piden auxilio de la Legislatura ante la falta de dinero en el CRIM para el pago de remesas

El alcalde de Arecibo, Carlos Molina, sostuvo que los presidentes legislativos se comprometieron en aprobar algún fondo en el próximo presupuesto para ayudar a los municipios

Con la intención de buscar ayuda para atender la precariedad económica de algunos municipios, un grupo de alcaldes federados se reunió hoy, miércoles, con los presidentes legislativos, quienes se comprometieron en aprobar medidas para proveerle un salvavidas “a corto plazo” a los ayuntamientos.

El presidente de la Federación de Alcaldes, Carlos Molina, explicó que el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) no cuenta con el dinero necesario para el pago de remesas para los meses de mayo, junio y julio. Esto es así debido a la anulación de la Ley 29 de 2019 que eximía a los municipios de la aportación al plan de salud del gobierno y al retiro.

“Esa situación provoca que tengamos una situación extremadamente difícil. Lo que hicimos fue pedir un auxilio a la Legislatura. Nos reunimos con el presidente del Senado y el presidente de la Cámara, (Thomas Rivera Schatz y Carlos Méndez, respectivamente) buscando unas alternativas para poder paliar esta situación”, declaró Molina.

El alcalde de Arecibo sostuvo que los presidentes legislativos se comprometieron en aprobar algún tipo de fondo en el próximo presupuesto a aprobarse para el año fiscal 2020-21 para ayudar a los municipios. “Van a presentar unas medidas para atender el problema a corto plazo. Nos van a presentar esas medidas en los próximos días”, afirmó.

Molina explicó que sin el dinero para las remesas habrá “una crisis de servicio en los municipios de Puerto Rico si no se atiende esta situación”.

Aunque la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ofreció una línea de crédito al CRIM, el ente a cargo de las finanzas de los municipio rechazó el préstamo por entender que no podría cumplir con las condiciones.

Ante ese escenario, la consecuencia será que algunos municipios recibirán remesas iguales a lo estimado con la existencia de la Ley 29 porque alcanzaron los recaudos presupuestados. Por su parte, habrá otros que recibirán una cifra menor, otros más no recibirán remesas por meses y estará un cuarto grupo que no recibirá remesas y además tendrá una deuda con el CRIM porque se les pagó de más en los meses previos. De hecho, Molina estimó que de los 78 municipios, 40 serán los más afectados.

De paso, anticipó que la Federación de Alcaldes ausculta la posibilidad de demandar al gobierno central porque con la anulación de la Ley 29, impugnada en el Tribunal federal por la JSF, los municipios deben pagar nuevamente por el retiro que ya desembolsaron para los empleados municipales que se jubilaron.

“Nosotros pagamos por los empleados que se retiraron y estuvimos 30 años pagando el retirode ese empleado. Ese empleado se retiró, ¿y ahora yo tengo que seguir pagando el retiro de ese empleado que lo pagué por 30 años?”, cuestionó Molina.

“Eso es como si cogieras un préstamos a 10 años, lo saldaste y ahora te lo están cobrando nuevamente. En un momento dado vamos a tener que demandar todos los municipios al gobierno central porque no podemos pagar algo que realmente no nos toca pagar”, sentenció.