Prorrogan hasta marzo del 2021 la suspensión de las ejecuciones judiciales a clubes
Este miércoles se aprobó la modificación del artículo 1 de la Ley Provincial 10.003 para proteger los bienes inmuebles de las asociaciones civiles, clubes y entidades sin fines de lucro.
by Mundo DLa Legislatura de la Provincia de Córdoba aprobó este miércoles el proyecto de Ley Nº 30091/20 que modifica el artículo 1 de la Ley Provincial 10.003 para prorrogar hasta el 31 de marzo del 2021 las suspensiones de las ejecuciones judiciales que persigan las subastas de bienes inmuebles de asociaciones civiles, clubes o entidades sin fines de lucro.
La Ley fue sancionada para beneficiar "a asociaciones civiles, clubes o entidades sin fines de lucro" que tengan como objeto social "la promoción, difusión o realización de prácticas deportivas, recreativas o comunitarias", con la justificación de que estas instituciones "fomentan el deporte, la recreación y la inserción social en un contexto de contención, convirtiéndose en una herramienta importante en la constante lucha contra la drogadicción, el alcoholismo, la delincuencia y el sedentarismo".
El legislador de Isla Verde Miguel Majul fue quien pidió la palabra en nombre de la Comisión de Deportes y Recreación para solicitar la modificación. Y expresó:
"La importancia de las asociaciones civiles, clubes y entidades sin fines de lucro radica en las funciones sociales que desempeñan en la comunidad. Comparten características: tienen escasos o muy limitados recursos genuinos con los que apenas consiguen afrontar los costos de funcionamientos. Por otra parte, suelen se propietarios de bienes inmuebles que tienen gran valor de mercado, pero que son usados para sus distintas actividades y no generan renta alguna. En este escenario, las entidades son objeto de reclamos de índole judicial por importantes montos que son imposibles de afrontar con sus ingresos corrientes, que ponen en peligro cierto, además del patrimonio, el rol que estas desarrollan en la comunidad".
Majul apuntó que la Ley 10.003 fue sancionada el 2 de noviembre de 2011 con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012. Sin embargo, "se fue prorrogando sucesivamente hasta 2020".
"Atento a ello, se hace indispensable continuar prorrogando al menos por otro año, hasta el 31 de marzo de 2021", solicitó el legislador.