Concamin denuncia a funcionario de Conamer por abuso de autoridad

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Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin. Foto: (Eduardo de la Rosa)

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), presentó una queja ante la Secretaría de Economía (SE) por posibles hechos de abuso de autoridad por parte del director de manifestación de impacto regulatorio de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).

En un comunicado el organismo que dirige Francisco Cervantes Díaz, señaló que el director exentó el proceso de mejora regulatoria obligado por la ley, al acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, del pasado 15 de mayo de 2020 en violación de la Ley General de Mejora Regulatoria.

"La publicación del acuerdo de la Secretaría de Energía constituye la segunda ocasión en que la Conamer permite ilegalmente la alteración unilateral del marco legal del sector energético, privando a los participantes manifestarse y opinar en relación con los costos y beneficios de los instrumentos regulatorios", aseveró.

Recordó que la Conamer permitió la publicación del acuerdo por el cual se modificó, en beneficio de Comisión Federal de Electricidad (CFE), los lineamientos para el otorgamiento de Certificados de Energía Limpia (CELs), sin cumplir con el proceso de mejora regulatoria al que obliga la ley.

"Lamentablemente, estos no parecen ser hechos aislados. Los cambios a los acuerdos de los CELs y de la política de confiabilidad son dos de las exigencias que manifestó la CFE en el pliego petitorio que envió a la Comisión Reguladora de Energía (CRE)", resaltó.

Expuso que en conjunto, "estas medidas afectan la competencia en el sector eléctrico, fomentan la generación de electricidad con centrales poco eficientes y sucias y propiciarán un incremento en las tarifas eléctricas en perjuicio de la competitividad de todas las empresas del país".

"Concamin defenderá los derechos de pequeños, medianos y grandes consumidores industriales de electricidad. Esto incluye impedir la entrada en vigor de acuerdos y decretos que violen el marco jurídico vigente y denunciar cualquier presunta responsabilidad administrativa individual en cualquier caso en el que algún funcionario abuse de su autoridad", refirió.