Interior autoriza un segundo traslado de migrantes de Melilla a la Península

Varias familias sirias solicitantes de asilo quedaron varadas tras ser excluidas de un primer traslado

El Ministerio de Interior ha autorizado el traslado de 136 personas desde el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla hacia la Península, pese a las reservas manifestadas en las últimas semanas. Se trata, en su mayoría, de familias sirias que aguardaban los resultados de pruebas genéticas para verificar la filiación de los hijos más pequeños, según ha informado la Delegación del Gobierno. Es la segunda salida de residentes que permite el Gobierno desde que se decretase el estado de alarma. Entonces, más de 1.600 personas quedaron confinadas en unas instalaciones preparadas para acoger a 782.

Los 136 migrantes a los que el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha permitido trasladarse a la península son residentes del CETI a los que se les ha concedido protección internacional. “Estamos muy contentos y más relajados ahora”, comenta Abdelkader (nombre ficticio para proteger su identidad) al teléfono mientras se corta el pelo en ritual de preparación para su salida, como se conoce el traslado entre los residentes. Este padre recibió hace unos días la confirmación desde Madrid de que su hijo, que vio la luz en Nador (ciudad marroquí fronteriza con Melilla) sin más papeles que un certificado de nacimiento, es, efectivamente, su hijo. Él y su mujer han pasado más de tres meses esperando unos resultados que deberían haber tardado un mes.

En abril, varias familias sirias solicitantes de asilo quedaron varadas en Melilla tras ser excluidas de un primer traslado inicialmente aprobado por Interior, precisamente, por los retrasos en los resultados de las pruebas de ADN que corroborasen la filiación de los hijos. Según testimonios recabados por EL PAÍS, hasta 20 familias podrían estar en esta situación, de las 25 familias sirias acogidas en el CETI que contabiliza la Secretaría de Estado para las Migraciones. Muchos padres se ven obligados a entregar a sus hijos a mujeres marroquíes para cruzar la frontera por separado desde Nador debido a las dificultades para acceder a territorio español, donde aspiran a solicitar protección internacional.

La situación en el CETI de Melilla ha alcanzado una tensión casi insostenible durante el estado de alarma, agravada por la negativa de Interior a autorizar la salida de residentes a otros recursos asistenciales más apropiados en la Península. Los traslados desde el CETI de Melilla suelen realizarse con periodicidad semanal. El alojamiento, que comparten personas en situación irregular y solicitantes de protección internacional, solo tiene carácter temporal y no es adecuado para acoger a refugiados o solicitantes de asilo que solo pueden abandonar la ciudad autónoma si lo autoriza la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, pese a las numerosas sentencias que condenan las restricciones a la movilidad.

Pese a la caída en el número de llegadas de personas a Melilla debida al cierre de la frontera con Marruecos y a las medidas de confinamiento ante la pandemia por covid-19, el centro, gestionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha alcanzado este año su mayor nivel de saturación desde la crisis de refugiados de 2015. A principios de este mes, Interior descartaba realizar traslados en el corto plazo. Solo a finales de abril, el departamento que dirige Grande-Marlaska dio luz verde a una primera salida ante las presiones de diversas entidades.

Desde entonces, el Gobierno ha estado buscando soluciones para descongestionar el centro, según reconoció el ministro de Sanidad, Salvador Illa, a principios de mayo. Instituciones como el Defensor del Pueblo o ACNUR, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados, han denunciado repetidamente la imposibilidad de mantener en las instalaciones los protocolos de seguridad ante el contagio por el coronavirus. Frente al bloqueo de Interior, la Secretaria de Estado para las Migraciones ha tenido que buscar alternativas como el traslado de hasta 50 personas vulnerables y con patologías previas a un alojamiento gestionado por Cruz Roja donde pudieran ser atendidas en caso de contagio.

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