Grupos aumentan presión para que la gobernadora vete el proyecto del nuevo Código Civil

Por su parte, el representante Luis Vega Ramos le envió una carta a la primera ejecutiva en la que le hace un reclamo idéntico

A menos de una semana de que venza el plazo para que la gobernadora Wanda Vázquez Garced actúe sobre el proyecto que crearía un nuevo Código Civil, organizaciones de la sociedad civil arrecieron su lucha por lograr que la primera ejecutiva vete la legislación.

El Sustitutivo del Proyecto de la Cámara 1654 llegó a La Fortaleza el 20 de mayo, y la gobernadora tiene hasta el 1 de junio para decidir el futuro de la medida.

Por disposición constitucional, durante periodos en que la Asamblea Legislativa está en sesión, el gobernador o gobernadora tiene 10 días -exceptuando los domingos- para actuar sobre un proyecto de ley o una resolución conjunta. De no hacerlo, la pieza se convierte en ley.

Fuentes de El Nuevo Día aseguran que Vázquez Garced se inclina a firmar el proyecto de ley. Al preguntársele sobre ese asunto, la secretaria de Prensa de La Fortaleza, Mariana Cobián, se limitó a decir esta mañana que la mandataria “está en proceso de evaluación”.

“Tan pronto se determine una cosa o la otra, se notificará”, dijo en declaraciones escritas.

A pesar de que personal dentro de la propia Mansión Ejecutiva intentó coordinar reuniones con algunos de los grupos que objetan parte del contenido de la medida, este diario supo que esos encuentros no se materializarán.

En una carta enviada hoy por el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE), los coportavoces Amárilis Pagán y Osvaldo Burgos solicitaron a Vázquez Garced que vete la medida.

“Las organizaciones y profesionales que formamos parte de CABE tenemos reparos al contenido de dicho proyecto de ley, por entender que el mismo contiene disposiciones lesivas para los derechos civiles del país y para la estabilidad de nuestro ordenamiento jurídico”, lee la misiva.

“Desde el punto de vista legal y social, tenemos ante nosotras un Código Civil que está levantando serias preocupaciones en múltiples áreas de derecho que van más allá del tema de familia. Sabemos que usted entiende la importancia de un Código Civil y cómo el mismo impacta prácticamente todos los aspectos de la vida de cada persona que habita nuestro archipiélago”, añade el escrito.

La organización exhortó a la gobernadora “a que comunique públicamente su posición en cuanto a este nuevo Código Civil”.

“Desde CABE, nos parece importante señalar que por aspirar a ocupar una silla que, en su momento, tendrá que tomar decisiones similares, su postura de hoy debe ser expuesta ante el país para que conozcamos su parecer en cuanto a este nuevo Código Civil y los temas de democracia, justicia y equidad que el mismo entrelaza”, indicó el grupo.

Mientras, el presidente del Colegio deAbogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), Edgardo Román Espada, igualmente dirigió una carta a la mandataria, el 19 de mayo, en la que le solicitó que vete el proyecto de ley o lo devuelva a la Cámara de Representantes para más enmiendas.

En otra misiva, del martes pasado, el CAAPR sometió a La Fortaleza una tabla con observaciones puntuales, como el poco tiempo en el que entraría en vigor el Código Civil si se convierte en ley (180 días), y recomendó un periodo de transición de entre 24 y 36 meses.

El CAAPR también objetó otros cambios, como la eliminación de la doctrina de equidad, el que la medida no contenga disposiciones que regulen la maternidad subrogada, que incluya un lenguaje que entienden confuso sobre qué actos jurídicos pueden tomar, sin autorización de sus padres, los jóvenes entre 18 y 21 años, y sobre la petición de divorcio por ruptura irreparable. A la entidad, le preocupa que esas disposiciones den paso a controversias legales.

Igualmente, el CAAPR denunció que el lenguaje del Código Civil propuesto pone en peligro el derecho que tienen los menores de 25 años de que el padre alimentante continúe sufragando sus estudios. Además, entienden que lo dispuesto sobre la modificación del nombre y del sexo en el certificado de nacimiento sería discriminatorio contra la comunidad LGBTTIQ.

Se une al reclamo

Por su parte, el representante del Partido del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Vega Ramos, se unió al coro de voces que le solicita a la gobernadora que vete el proyecto del Código Civil aprobado en la Legislatura o lo devuelva para ser sometido a más cambios.

En una carta enviada a Vázquez Garced, Vega Ramos plantea que el proceso de evaluación del Código Civil, si bien necesario, ha sido mal manejado por el liderato legislativo del Partido Nuevo Progresista (PNP), parte de su contenido ha sido redactado a puertas cerradas y sin la celebración de vistas públicas.

“Así, en la oscuridad y de manera turbia, se han aprobado premisas que limitan los alcances sociales que deberían atender este importante documento. Por tanto, este servidor, en su prerrogativa legislativa, le votó en contra...”, sostuvo Vega Ramos en su carta.

El portavoz popular en la Comisión de lo Jurídico de la Cámara denunció que la Comisión Conjunta Permanente para la Revisión del Código Civil, creada hace más de 15 años, fue relevada por la Comisión de lo Jurídico, que preside la representante María Milagros Charbonier. Tras repasar el tracto legislativo de la medida en la Cámara, Vega Ramos recordó cómo el proyecto no recibió vistas públicas en el Senado y no se circularon con suficiente prontitud las enmiendas introducidas.

“Coartaron el derecho a expresarse sobre el Código Civil a juristas, organizaciones sociales e instituciones cívicas yel pueblo en general”, sostuvo Vega Ramos en la misiva a la gobernadora.

“El voto en contra de este servidor y la delegación del Partido Popular Democrático al Código Civil aprobado está arraigado a la falta de transparencia perpetuada por las mayorías parlamentarias de ambos cuerpos y el poco tiempo brindado para ofrecer un análisis completo de las consecuencias de las enmiendas incorporadas”, sostuvo el legislador.

Vega Ramos enumeró una serie de preocupaciones sobre el Código Civil propuesto, como el lenguaje sobre el derecho jurisprudencial de la mujer al aborto y cómo Vázquez Garced, cuando era secretaria de Justicia, levantó bandera sobre el texto. También denunció la falta de un lenguaje específico sobre la maternidad subrogada.

“Señora Gobernadora: las razones procesales y sustantivas antes señaladas llevan inevitablemente a impartirle un veto expreso al Sustitutivo del Proyecto de la Cámara 1654. En ausencia de voluntad para tomar la determinación correcta, lo menos que el país espera de usted es que le sugiera a la Cámara de Representantes que solicite su devolución, con expresa directriz de eliminar el lenguaje discriminatorio y violatorio de derechos que hemos reseñados en esta comunicación”, puntualizó el legislador.

Aunque no se ha reunido con los grupos opositores, el pasado 19 de mayo, la gobernadora sostuvo un encuentro con los profesores de derecho Ramón Guzmán, Rubén Nigaglioni, Juan Vilaró y Evelyn Benvenutti, además de la jueza Yolanda Doitteau. Algunas de estas figuras, como Guzmán, Vilaró y Benvenutti, participaron en la redacción de la primera versión que presentó la representante María Milagros Charbonier sobre el proyecto. Dicha medida eventualmente sufrió tantos cambios que la pieza aprobada finalmente terminó siendo un proyecto sustitutivo.