Adjudicación caducada

Sant Cugat destapa irregularidades en la grúa municipal en anteriores alcaldías

El actual gobierno tripartito aporta pruebas de que el servicio funciona sin concurso público desde el 2016 en pleno mandato de las anteriores alcaldesas convergentes

El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès ha detectado que el servicio de la grúa municipal ha funcionado durant cuatro años sin un concurso público de adjudicación. Hace dos semanas, el municipio vallense entregó a la Fiscalía documentación relativa a la prestación de servicios de la grúa, al considerar que su situación “es similar” a los casos que investiga el Ministerio Público sobre otros encargos sin contrato durante los anteriores mandatos del PDECat.

La concesión del servicio a la empresa Grúas Pablo SL, en el 2014, tuvo una prórroga y una continuidad de servicio que finalizó en el 2016 y, desde entonces, el servicio municipal ha funcionado “sin contrato”, según un comunicado del actual ayuntamiento, que dirige ahora ERC con PSC y CUP, tras 30 años de gobierno convergente en esta ciudad.

1,4 millones sin contrato

La documentación entregada a los Mossos, en calidad de policía judicial, no quedaba recogida en el informe del interventor municipal sobre la liquidación del presupuesto de 2018 y que fue entregada a Fiscalía en julio de 2019, cuando se detectó que se habían pagado 1,4 millones de euros en facturas sin contrato, elaboradas por el anterior gobierno.

Según la teniente de alcalde de Buen Gobierno y Transparencia, Lourdes Llorente, la decisión de entregar todos estos documentos “se tomó con la confianza por el trabajo riguroso del equipo técnico y el respeto al principio de presunción de inocencia de todos, pero con la responsabilidad de velar por el buen funcionamiento de la administración pública".

“Se nos ha acusado de hacer una política de desprestigio hacia el anterior gobierno, pero quiero matizar que no estamos acusando a nadie de quedarse el dinero: se han pagado importes para la realización de un servicio que se ha hecho, pero eso no quita que exista una flagrante irregularidad en la contratación”, aclara.

Sin contrato desde el 2016

En el informe entregado a la Fiscalía y al cual ha accedido EL PERIÓDICO se especifica cómo, el 20 de mayo de 2014, la Junta de Gobierno Local de Sant Cugat, presidida por la exalcaldesa convergente Mercè Conesa, adjudica el contrato de servicio de retirada de vehículos de la vía pública, por un importe máximo de 216.000€ por un año, a Grúas Pablo SL - empresa con la que este diario ha tratado infructuosamente contactar, igual que con el grupo Junts per Sant Cugat -.

El contrato se formalizó el 29 de mayo y finalizó, incluidas las prórrogas, el 31 de mayo de 2016. El 21 de junio de ese mismo año, la Junta de Gobierno Local aprobó el expediente de licitación y, unos días más tarde, la continuidad de la prestación del servicio por parte de Grúas Pablo, una continuidad “no reglamentaria” según el Decreto 179/1995 del Reglamento de obras, actividades y servicios de los entes locales. 

El 6 de junio de 2017, la gerencia convergente declara desierta la licitación por exclusión de la única empresa que se había presentado (Grúas Pablo) al no reunir los requisitos necesarios; sin embargo, seguiría prestando este servicio municipal “por un importe de más de un millón de euros en estos últimos cuatro años”, explica la teniente de alcalde de Buen Gobierno y Transparencia, Lourdes Llorente.

Una irregularidad sabida

En declaraciones a otros medios, la exalcaldesa de Junts per Sant Cugat, Carmela Fortuny -quien, en el 2018, sustituyó a Mercè Conesa cuando ésta ocupó la presidencia del Port de Barcelona -, ha defendido la actuación de su administración explicando que, “cuando un concurso queda desierto, se encuentran otras fórmulas legales para seguir prestando el servicio hasta una nueva licitación”.

“Es lo que se llama ‘reconocimiento de deuda’, pero solo faltaría que, encima de estar sin contrato, el Ayuntamiento no hubiese pagado a la empresa un servicio que ha estado realizando”, aclara Llorente. “Además eso sólo demuestra que se ha incumplido la ley de contratación, ya que con la obligatoriedad de licitar se evitan corruptelas, empresas amigas o que los precios no sean competitivos, entre otras cosas; y, si el concurso queda desierto es porque quizá no se ha hecho un correcto estudio por parte del Ayuntamiento”, remata.

Finalmente, en el informe entregado a la Fiscalía se relata cómo el 14 de junio de 2019, justo el día antes de la investidura del nuevo tripartito liderado por ERC - que terminó con tres décadas de gobiernos convergentes y postconvergentes en Sant Cugat -, la alcaldesa saliente, Carmela Fortuny, aprueba un plan de acción en el que se reconoce que Grúas Pablo SL ha seguido prestando el servicio “sin contrato” y en el que establece tramitar un expediente de licitación en el “plazo más breve posible” para que se apruebe en septiembre de 2019. 

Un período “insuficiente” para sacar adelante un contrato, según la teniente de alcalde de Buen Gobierno y Transparencia, que les ha hecho decantarse por la internalización del servicio pero que, además, demuestra que la gerencia del mandato anterior y Fortuny eran “conscientes” de esta irregularidad.

"Servicios varios en (B)”

En el presente mandato, la teniente de alcalde de Buen Gobierno y Transparencia, Lourdes Llorente, ha estado trabajando en la internalización del servicio de grúa como alternativa a la licitación y con la voluntad de hacer “una prestación más eficaz” a la ciudadanía.

Para hacer este trabajo se pidió a Grúas Pablo SL información sobre el coste del servicio, la cual envió documentación donde constaba la expresión "Servicios varios en (B)”. Como las explicaciones dadas por la empresa no fueron suficientemente claras, también se ha entregado a la Fiscalía esta documentación ya que la sociedad concesionaria podría haber estado incumpliendo sus obligaciones legales.

Según el informe, estos “servicios varios en (B)”, que suman 22.799 euros sólo en el 2018, confirmarían una subcontrata de parte del servicio a terceros, algo que no está permitido, además de un daño a Hacienda por salarios sin declarar y a la imagen del Ayuntamiento “por contratar a una empresa que incumple la Ley”, sentencia Llorente.