¿Por qué no se da respuesta al reclamo mapuche en Villa Mascardi?

Desde el cambio de gobierno, el Estado está abordando el reclamo territorial del Lof Winkul Lafken Mapu principalmente a través de Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, pero la realidad de la comunidad mapuche no cambia.

El 23 de mayo el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) dio a conocer su postura ante los últimos sucesos, en los cuales la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu sufrió represión con armas de fuego por parte de la policía provincial y del COER, después de una operación mediática en la cual al mejor estilo Bulrich, se volvió a invocar el fantasma del enemigo interno criminalizando las reivindicaciones mapuche.

En el último informe presentado, como en anteriores difusiones del accionar del organismo durante el actual gobierno, se hace hincapié en la conformación de la “Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos Territoriales con los Pueblos Indígenas”. Los términos adoptados señalan el carácter del organismo: el conflicto, desde la óptica estatal, es "con" los pueblos indígenas, no "con" los terratenientes, los empresarios turísticos o del agronegocio. Histórica estigmatización y desigualdad que no sorprende.

El informe presentado por el INAI realiza una crónica de todas las mesas de diálogo que realizó el organismo desde febrero. Remarcan reiteradas veces la presencia de la Ministra de Seguridad Sabina Frederic, el ministro de Seguridad y Justicia de Río Negro Gastón Pérez Estevan, el ministro de Gobierno provincial Rodrigo Buteler y la administración de Parques Nacionales.

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En marzo después de una reunión interministerial de la Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos, Magdalena Odarda, presidenta del INAI remarcó su concepción sobre lo que denomina conflictos con los pueblos indígenas: “se comenzó a instrumentar la forma de intervención que se llevará adelante en los casos en los que el Estado deba resolver conflictos territoriales con comunidades indígenas. Se acordó hacerlo desde el diálogo y la negociación, orientado siempre a la equidad", dijo.

Aquella vez, como en el texto del informe, la funcionaria del INAI remarcó el llamado al diálogo y a la paz social. Sin embargo, luego de la última represión, la comunidad Winkul Lafken Mapu se pronunció diciendo que no van a “negociar con Parques Nacionales ni con nadie”. Aunque la existencia de un organismo como el INAI es producto de la lucha inclaudicable de los pueblos originarios, su intervención en el caso del reclamo de esta comunidad demuestra, una vez más, que como todo organismo estatal no actúa de forma neutral u objetiva.

En primer lugar no hay condiciones de equidad entre los ministros de seguridad nacional y provinciales y el directorio de Parques Nacionales con la comunidad mapuche. Las fuerzas represivas federales siguen manteniendo en sus filas a los responsables de crímenes durante represiones a luchas territoriales. Por su parte, Parques Nacionales es un organismo descentralizado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, durante el gobierno anterior era dirigido por CEOs de empresas y amigos del poder. Es decir que la denuncia de usurpación y la orden de desalojo que culminó en la represión que le quitó la vida a Rafa, vino del Estado mismo.

Con el cambio de gobierno y de gabinete, el Ministerio de Ambiente pasó a manos de Juan Cabandié y las autoridades de Parques Nacionales son otras, pero la denuncia de usurpación no se ha retirado (como ha solicitado la comunidad mapuche en mesas de diálogo previas), haciendo que pese aún hoy sobre la comunidad la criminalización de la defensa de sus derechos. Es en este contexto en el que se le pide al lof Lafken Winkul Mapu que se siente a negociar en condiciones de equidad con una mediación estatal para resolver un reclamo frente...al Estado nacional.

Pedirle paz social y que se sienta en condiciones de equidad, a una comunidad mapuche que es parte de una población históricamente atropellada de múltiples maneras y en cuya defensa de derechos territoriales le fue quitada la vida a uno de sus hermanos no hace sino dejar el camino libre para que sufran nuevas embestidas. Aún más cuando hay violación de los derechos reconocidos internacional y nacionalmente por parte de un ente estatal como Parques Nacionales y peor, con la impunidad de los responsables del asesinato de Rafael Nahuel.

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Como bien dijo Luis Pilquiman en el 2017 como responsable zonal de la Coordinadora del Parlamento Mapuche en aquel entonces (actual vicepresidente del INAI): “lo que hay detrás son intereses inmobiliarios, constantemente se le están cediendo tierras a privados”. Como se sabe, bajo la órbita de Parques Nacionales funcionan negociados turísticos y extractivistas de diversa índole.

La posibilidad de acción del INAI, suponiendo la buena voluntad expresada por Magdalena Odarda en noviembre pasado, cuando dijo “no queremos impunidad en el caso Rafael Nahuel”, tiene los límites propios de un organismo estatal que responde a un Gobierno Nacional que impulsa como política de Estado el extractivismo y el negocio inmobiliario de la tierra sobre territorio indígena.

En ese sentido, las buenas intenciones que pueda expresar la presidenta del INAI Odarda, choca contra la pared si se trata de garantizar derechos democráticos elementales a los pueblos originarios del país. Eso se ha visto durante la cuarentena también con el desmonte en territorio indígena en el norte del país, las demandas del pueblo wichi a quienes han desalojado de sus territorios, padecen de hambre y mueren por desnutrición y otros conflictos territoriales del pueblo coya, donde directamente no ha intervenido, avalando el saqueo de los bienes naturales como el litio.

En la provincia, el Gobierno de Arabela Carreras por su parte, viene criminalizando a la comunidad y pidiendo mano dura al gobierno nacional, declarando que le preocupan los hechos de violencia (dando a entender que la violencia es desde el lof) y la seguridad de los privados. En su twitter le respondieron tanto la izquierda como Sergio Maldonado.

Arabela Carreras pretende desentenderse de las represiones que sufre la comunidad hace años. En el 2017, el operativo que terminó con la vida de Rafael Nahuel contó con la participación de la policía provincial y el aval de Alberto Weretilneck. Fue ese accionar conjunto el que concluyó en el asesinato por la espalda de un joven mapuche por parte de un miembro de Albatros. La represión de los últimos días fue cometida por fuerzas también provinciales, la policía y el COER. "La máxima preocupación es la salud y seguridad de los vecinos de Villa Mascardi que vienen sufriendo hechos de violencia por un grupo de encapuchados”, dijo Buteler, ministro de gobierno de la provincia en declaraciones a un medio local. De un lado y del otro, provincia y nación, no se toman las únicas medidas acordes al derecho reconocido por los propios estados, de las comunidades indígenas.

Jorge Nawel, reconocido luchador mapuche de Neuquén, posteó en su facebook:

Un mensaje que alumbra los hechos, no es con una mesa de diálogo tras otra como se solucionan los reclamos indígenas y de las comunidades mapuche sino “aplicando los derechos postergados gobierno tras gobierno”. La única salida a lo que el Estado denomina conflicto “con” las comunidades indígenas es el reconocimiento y posibilidad de ejercicio real de los derechos territoriales, políticos y culturales de los mismos. Solo sacando las parasitarias manos de un puñado de empresarios del agronegocio, el fracking, la megaminería y el turismo de las tierras que necesitan estos pueblos para su libre desarrollo, podrá haber una respuesta a la situación que arrastra una y otra vez a comunidades de todo el país a exigir sus derechos.

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