Coronavirus: Fiscalía allana oficinas de la Prefectura del Guayas por denuncia de supuesto sobreprecio en compra de pruebas rápidas y mascarillas

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Oficinas del Gobierno Provincial del Guayas fueron allanadas la tarde de este miércoles. Foto: Fiscalía del Ecuador

Actualizado a las 17:00

La tarde de este miércoles, la Fiscalía del Guayas y Policía Nacional realizaron un allanamiento a las oficinas de la Prefectura del Guayas por el presunto delito de peculado en la adquisición de insumos médicos como pruebas rápidas para exámenes de coronavirus y mascarillas.

En un comunicado, la Fiscalí informó que se intervinieron las direcciones de Procuraduría Síndica, Secretaría General, Administrativo Financiero, Compras Públicas y Desarrollo Comunitario, donde se incautaron catorce computadores, con sus respectivos CPU, y documentación.

En las oficinas de una empresa proveedora, en General Córdova y Junín, dos personas fueron retenidas correspondientes al gerente y jefa de compras que habrían suscrito el contrato de venta de los insumos. Se tomaron sus declaraciones en la Fiscalía.

El fiscal Rómulo Sevilla indicó que se inició una investigación por el presunto delito de peculado que dispuso de oficio la Fiscalía Provincial.

En las últimas semanas, varias instituciones han sido denunciadas por compras con supuesto sobreprecio de insumos médicos y hasta kits alimenticios lo que ha motivado allanamientos para recabar información y la separación de funcionarios.

Mediante un comunicado en redes sociales, el prefecto Carlos Luis Morales dijo que pidió a la Contraloría General del Estado y Fiscalía que intervengan inmediatamente para determinar la responsabilidades del caso. El último martes, La Historia alertó a través de su cuenta de Twitter que esa entidad adquirió 5000 pruebas rápidas de COVID-19 a 23,16 dólares cada una; el Municipio de Guayaquil había comprado 50 000 pruebas a 11,20 dólares cada una.

La Prefectura también adquirió 70 000 mascarillas KN95 a un precio de 6,71 dólares cada una.

Además, dispuso que no se pague al contratista proveedor relacionado con el contrato y dispuso la desvinculación del funcionario que realizó el informe que motivó la adjudicación y contratación.

A través de su cuenta de Twitter, el mismo martes, Morales se defendió y dijo que "no fue un proceso a dedo como se pretende hacer creer". Explicó que se adjudicó a la oferta que presentó el precio más bajo y que cumplía con los requisitos exigidos en los pliegos.

"Se presentaron 8 cotizaciones para la venta de las mascarillas y ganó el precio más bajo de entre los que cumplían, en un caso se quería pago de contado previo a la entrega y en el otro presentaron la oferta incompleta y fuera del tiempo solicitado. Hubo 5 oferentes de mayor valor al adjudicado", refirió.

Mientras que en lo que respecta a las pruebas COVID-19 hubo seis oferentes y se escogió al más económico y que cumplía con el tiempo de entrega y forma de pago. (I)