Evaluarán elevar a rango constitucional la Carta de Derechos de Víctimas y Testigos

La investigación estará a cargo de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes

Tras la vista pública realizada ayer por la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes sobre el Proyecto del Senado 1590, su presidenta María Milagros Charbonier anunció que impulsará una resolución de investigación sobre la protección y el cumplimiento de la Carta de Derechos de Víctimas y Testigos que el Departamento de Justicia está obligada a cumplir.

La legisladora sostuvo en un comunicado de prensa que la comisión estará creando un grupo de trabajo para estudiar la posibilidad de elevar a rango Constitucional la carta de derechos a víctimas de delito tal y como sucedió con los derechos de los confinados.

Esto requeriría una votación popular a celebrarse dentro de un ya congestionado calendario electoral para el 2020. El último día para aprobar medidas legislativas en esta última sesión legislativa del cuatrienio es el 25 de junio.

Durante la celebración de la vista pública de ayer, en que se estudió la medida que busca implantar que los veredictos para encontrar culpable a una persona debe ser unánime y con efecto de retroactividad sobre sentencias finales y firmes, varias víctimas de delito depusieron y narraron ante los legisladores la difícil situación que vivieron y cómo alegaron que el Departamento de Justicia les dio poco apoyo y protección.

Entre las fallas que delinearon por parte de Justicia estuvieron la falta de protección a víctimas o testigos de crímenes que fueron amenazados durante los procesos judiciales, la falta de ayuda económica para poder reubicarse durante el transcurso de investigación, la tardanza en compensaciones o reembolso de dinero por gastos que le competían al Estado o al Departamento de Justicia, así como humillaciones y faltas de respeto en las salas de los tribunales sin recibir la intervención o protección de los jueces.

"Es una obligación del Departamento de Justicia hacer cumplir la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos. Y una gran falla de la Secretaria es que las víctimas no estén recibiendo las ayudas y las protecciones en el momento que más lo necesitan. El escuchar a una víctima decir que fue obligada por un juez a sentarse al lado de los familiares de los asesinos de su caso y que de la misma manera el juez tampoco intervino en los momentos en que fue humillada y presionada indebidamente por abogados de defensa es una violación a la carta de derechos. Y es por ello que nuestra comisión estará investigando si el Departamento de Justicia está cumpliendo con su rol de hacer cumplir la carta de derechos y si le está proveyendo a las víctimas y a los testigos los derechos que la ley les provee”, sostuvo Charbonier en declaraciones escritas.

Ayer, precisamente, la secretaria de Justicia expresó su oposición al Proyecto del Senado 1590 y protagonizó varios intercambios con Charbonier, quien favorece la medida.

Por su parte, el representante José Enrique “Quiquito” Meléndez, vicepresidente de la Comisión de lo Jurídico, indicó que a Justicia le compete atender de manera efectiva, eficiente e inmediata la asistencia a estas víctimas de delito.

“Es insólito tener que escuchar a una víctima decir que a un año después de haberse ventilado el caso en los tribunales aún la secretaria de Justicia no le ha provisto del dinero que por ley debe recibir por compensaciones. Es increíble tener que escuchar que un testigo tuvo que pagar por su cuenta todos los movimientos para poder mudarse fuera de Puerto Rico junto a sus seres queridos porque el Departamento de Justicia tampoco les brindó la protección adecuada para velar por su seguridad luego de que fueran amenazados. Y peor aún, escuchar que un juez no le garantizó ni veló por la seguridad y el trato justo hacia una testigo en sala permitiendo que fuera humillada y tratada como otra criminal. Nosotros queremos saber por qué el dinero no está llegando a las víctimas, por qué el Departamento de Justicia está dejando desamparadas a estas personas, y por qué no están cumpliendo con su deber ministerial de proteger a estas personas”, aseveró el representante.