Educación poblana ¿comunista y peligrosa?

En los últimos diez días muchos compañeros de camino en el campo educativo me enviaron videos, noticias y mensajes que alertaban sobre los peligros de la nueva ley de educación en Puebla. Lo curioso es que en buena medida esas preguntas e inquietudes venían de estados del norte, occidente, bajío y de la Ciudad de México, es decir, el ruido político y mediático sobre la nueva realidad jurídica de la educación poblana, se nacionalizó. A través de una efectiva campaña en redes sociales, al unísono, muchos voltearon a ver la tragicomedia poblana, acaso como un excelente ejemplo de los términos en que se está jugando a la política en estos días.

Podemos establecer tres dimensiones explicativas para entender la ley poblana de educación. La primera tiene que ver con el procedimiento legislativo para su aprobación. Sin parlamento abierto y aprobándola el 15 de mayo, el último día que el congreso local tenía por ley para armonizar la ley estatal con la ley federal, la mayoría de Morena y sus aliados, igualan al PRI y al PAN en partidocracia. La desidia legislativa, la pereza intelectual, la falta de mínimos democráticos para implicar a los actores educativos en la discusión y la tiranía de la mayoría, hacen que la ley estatal de educación sea políticamente inflamable.

La segunda dimensión tiene que ver con los contenidos de la ley que son no sólo rescatables sino encomiables. Están por un lado lo que se denomina las “4A” del Derecho a la Educación (asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad), poniendo en el centro del aprendizaje las necesidades de los alumnos; los fines de la educación (pensamiento crítico, transformación social, fortalecer el tejido social, combatir la discriminación y la violencia, derechos humanos), pero poniendo énfasis en la interculturalidad, en la responsabilidad ciudadana, en la participación activa de la sociedad, en el cuidado del medio ambiente y en la conservación del patrimonio cultural, entre otros muchos objetivos que se delinean en el primer tercio de la ley y que ponen en su justa dimensión los principales problemas del país y cómo la educación debería enfrentarlos, al poner énfasis en el estudio de la realidad y promover la pedagogía del aprendizaje situado.

En esta línea de lo destacable se insiste en la necesidad de sacar la comida chatarra de la escuela y alrededores, de fomentar una vida saludable y enfrentar la obesidad infantil. Como se sabe, éste punto ha sido una vieja batalla que hasta ahora van ganando los grupos fácticos que durante décadas hicieron de la educación el principal mercado de consumo de grasas, carbohidratos y azúcares.

Sobresale también el propósito de que la escuela y la educación ayuden en la construcción de una cultura de paz, de propiciar entornos escolares libres de violencia al tiempo que hay un apartado importante para revalorizar el papel de las maestras y los maestros.

Complementariamente, me parece correcto que la nueva ley observe lo que puede denominarse “el negocio de la educación”. Como es sabido, desde los ochentas en que el Estado mexicano dejó al garete a la escuela pública, creció en todo el país la participación de los particulares tanto en la educación básica como en la educación superior. Pero en este proceso no fueron pocos los funcionarios y ex funcionarios públicos que hicieron de la educación privada un buen negocio, ya sea para otorgar rvoes, o para incursionar en la acumulación de capital poniendo una escuela o una universidad.

También aparecieron nuevos empresarios que vieron en las escuelas y las universidades un buen camino para invertir y ganar, y así se habilitaron cocheras, casas, edificios para convertirlos en infraestructura educativa, construcciones muchas de ellas en usos de suelo no permitidos, en una cerrada o privada, con muchos problemas de protección civil. En esta problemática, las sanciones que establece la nueva ley a escuelas particulares por retener documentos o practicar educación no inclusiva, entre otros temas, apenas pone al estado a la altura de un regulador que no puede permitir la absolutización de la mercantilización educativa.

La tercera dimensión para explicar esta ley es el apartado que ha despertado tanto viejos fantasmas ideológicos como fuego político a partir de un par de artículos ambiguos, mal hechos, mal redactados, fácilmente recurribles tanto jurídica como constitucionalmente.

El primero de ellos, el artículo 105 dice a la letra: “Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado de Puebla, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal”.

Debido a la redacción de este artículo algunos han llamado a esta ley “comunizante” y algunos otros ven asomarse “intenciones socialistas”.

México debe ser de los pocos países en el mundo donde las condiciones objetivas y subjetivas para construir caminos socialistas o comunistas, atendiendo a la materialidad histórica de estos proyectos, son casi nulas por no decir, nulas. Nuestro país tiene enraizadas en sus estructuras sociales, económicas, políticas y culturales el ADN capitalista. En los últimos 50 años se afianzaron en México el capitalismo de compadres, el capitalismo del consumo voraz basado en fabricar necesidades que en realidad son innecesarias, el capitalismo extractivista, el capitalismo terrateniente de caciques locales y regionales, el capitalismo de acumulación de capital que incrementó el número de super millonarios, a la par que se instaló en la sociedad mexicana una pulsión consumista de vorágine y un apego indescriptible a la propiedad privada.

Todos estos elementos y muchos otros, hacen imposible pensar en que alguien o algunos quieran construir caminos socialistas, como sí lo vemos, incluso, en un país insospechado para ello, Estados Unidos. El candidato que le peleó hasta el final a Joe Biden la candidatura presidencial demócrata para enfrentar a Trump en noviembre, Bernie Sanders, se autoproclamó socialista. En Estados Unidos eso hubiera sido suficiente para aniquilar sus aspiraciones, sin embargo, no sólo llegó a la final demócrata, sino que construyó una corriente política que alentada también por varios intelectuales como Judith Butler, hablan ya de construir en la unión americana una “imaginación socialista”. Ellos entienden esa “imaginación” como la construcción de un estado de bienestar a la escandinava, una suerte de liberalismo social con capitalismo pero con estado fuerte para equilibrar la voracidad de los mercados.

Nada de eso se aprecia en México y menos en la nueva ley de educación en Puebla. El artículo de marras aludido líneas arriba tan sólo ha servido para agitar la bandera de “ahí viene el comunismo” y asustar a los que ya están asustados y apanicar a los que aún no saben si apanicarse o no con el nuevo gobierno federal y local. En países como los nuestros, utilizar la categoría “comunista” o “socialista” a un actor político, a una ley o a un proceso social, es muy efectivo en la lucha política, tiene músculo movilizador propagandísticamente hablando, pero no tiene que ver con lo que caracteriza en sí al objeto político aludido. Sirve para descalificar estigmatizando, sirve para agregar fieles y bases movilizadas emocionalmente, sirve para preparar el terreno político para quitarle poder a Morena en las elecciones del próximo año, pero no sirve para definir la nueva ley de educación en Puebla.

Finalmente, el artículo 146 plantea la posibilidad de que la autoridad educativa se implique en la posible regulación del mercado de las colegiaturas. Claramente es el otro artículo ambiguo. El mercado de las colegiaturas tendría en principio la ley de la oferta y la demanda, y, en segundo lugar, los abusos que en esa materia aprecian los padres de familia podrían robustecer el papel de la Profeco o de la autoridad competente fuera de la SEP.

En suma, la nueva ley de educación en Puebla está casi en su totalidad armonizada con la ley federal, se aumentaron especificidades pedagógicas y de propósitos que son loables por los tiempos y la complejidad en que vivimos. Específicamente el artículo 105 debe remediarse y asegurar certeza jurídica a los particulares, fortalecer el principio de propiedad privada por lo que refiere al papel que juegan los bienes muebles e inmuebles y plantear sin ambigüedades los alcances para los particulares de pertenecer a un sistema estatal y a un sistema nacional de educación.

El resto, que ha aparecido como lo principal, el ruido político y mediático, se explica por la negligencia legislativa, por la ausencia de parlamento abierto, por la inclinación partidocrática, por la polarización política, porque casi todos los mexicanos se informan en redes sociales, por la exacerbación de las noticias falsas, las medias verdades y las medias mentiras, por la agitación ideológica propagandística, por nuestras taras históricas y porque la aproximación a la realidad está mediada cada vez más por interpretaciones emocionales de miedo, temor y pánico.

Probablemente la Suprema Corte conocerá del caso y demandará corregir lo que hemos señalado. Pero mientras tanto, la autoridad educativa estatal deberá hacer lo que no hizo el legislativo, hablar lo más posible con los actores educativos, públicos y privados, y construir con ellos los caminos que la propia ley anima para tener una educación de calidad y con pertinencia social. Son muchos los actores educativos privados que creen en una educación transformadora de las personas y de las sociedades. Muchos de esos actores, pertenecientes a congregaciones religiosas, fueron educadores antes que el estado, en el siglo XVI, y muchos otros pusieron las primeras escuelas en el siglo XIX en muchas ciudades del país antes que los gobiernos. Una mayoría de estos proyectos tienen que financiar su educación porque trabajan con poblaciones marginadas o sencillamente no tienen una administración empresarial, sino misionera y con innovaciones pedagógicas.

Lo mejor de la ley puede ser compartido por muchos de estos actores en una construcción amplia, dialogada, horizontal y corresponsable. Llegar a acuerdos en polarización no es fácil, pero entre educadores, no debería ser tan difícil.

*Politólogo, Director del Departamento de Ciencias Sociales de la Ibero Puebla.