¿Qué ha pasado con el Protocolo de Acción Urgente y el Sistema Único de Registro de Personas Desaparecidas en El Salvador?
El Sistema Único de Registro de Personas Desaparecidas que evitará que las familias de desaparecidos deban ir a varias sedes o acudir constantemente a álbumes de cadáveres se encuentra aún en proceso de adaptación.
El “Protocolo de Acción Urgente y Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador” fue lanzado el 10 de diciembre del 2018 como el resultado de varios meses de trabajo y del consenso alcanzado por parte del grupo interinstitucional conformado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en el que participaron diversos expertos nacionales e internacionales.
Así lo recuerda Vida Gómez, quien es coordinadora del proyecto “Fortalecimiento institucional en casos de personas desaparecidas asociadas al crimen organizado para reducir la impunidad en El Salvador”, implementado desde 2017.
El PAU se destacó, entre otras cosas, por eliminar el plazo que requerían en las instituciones para reportar una desaparición y la nueva visión se enfoca en encontrar a la víctima y no solo al victimario.
A un año del inicio de la implementación del PAU, el proyecto realizó un monitoreo en marzo a escala nacional cuyos resultados están pendientes de ser presentados, dice Gómez; pero adelanta que se observó la aplicación y activaciones a favor de las víctimas en todos los departamentos. “Aunque también existen retos importantes en el ámbito de los recursos institucionales”, señala.
Explica que desde la Unidad Especializada para casos de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de la República (FGR) hay un ente de seguimiento que brinda directrices técnicas y recomendaciones a escala nacional y las instituciones participantes han creado mecanismos de seguimiento internos para continuar con la aplicación de la herramienta.
En cuanto al Sistema Único de Registro de Personas Desaparecidas donado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia que permite “realizar cruces de información entre el registro de desaparecidos y el registro de necropsias médico-legales”, este se encuentra todavía en el proceso de ajuste y adaptación que inició en enero de este año y continuará durante algunos meses antes de iniciar su utilización progresiva, explica Gómez.
El sistema está basado en el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC) de Colombia.
“En la operatividad completa del sistema se busca que, por ejemplo, un caso que sea reportado, ya sea en la FGR, en la PNC o en IML (Instituto de Medicina Legal) posea un número único asignado y un solo registro, de modo que se evite la duplicidad de casos”, indicó la coordinadora. Agrega que evitará que los familiares deban ir a varias sedes o acudir constantemente a álbumes de cadáveres, con lo cual se reducirán los graves efectos de la revictimización.
Gómez destaca que uno de los logros es que “a partir del PAU ahora se distingue entre las personas reportadas como desaparecidas, personas encontradas que han sido víctimas de delito y personas encontradas que no han sido víctimas de delito”, pues dicha clasificación no se usaba antes de la implementación del proyecto. Esta ha permitido que las instituciones den un mejor seguimiento y dar cifras más exactas respecto a los casos reportados en sus sedes, los casos resueltos y los activos.
“Es importante tener en cuenta frente a esta problemática que siempre existen casos de desaparición que, por diversas razones, no son denunciados o reportados en el sistema penal. Así mismo, ya que se conocen los casos en diversas instancias puede haber divergencias en alguno de ellos, de ahí la importancia de avanzar hacia la implementación del registro único”, señala la experta.
La UNODC también promovió la tipificación del delito de desaparición forzada de personas cometida por particulares, con lo que se buscaba judicializar los casos en que el crimen organizado esconde las víctimas en fosas clandestinas o lugares de difícil acceso y era aplicado el delito de privación de libertad con penas entre 3 y 6 años. “Por ello muchos registros de personas desaparecidas se encuentran dentro de la categoría de privación de libertad”, menciona Gómez.
La propuesta fue llevada por la Fiscalía ante la Asamblea Legislativa, que la aprobó como “desaparición de personas” con una pena de 15 a 25 años de prisión y que entró en vigor en diciembre del año pasado.
El proyecto de fortalecimiento institucional incluye actividades con la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia –incluyendo el Instituto de Medicina Legal-, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que abarca la Policía Nacional Civil, la Academia Nacional de Seguridad Pública y las Oficinas de Atención a Víctimas.
Gómez relata que en principio el programa sería implementado hasta 2020 pero con el Gobierno de Canadá se firmó un nuevo acuerdo de cooperación para apoyar a El Salvador en una nueva fase de dos años, que finalizaría en 2022.