La Justicia no devuelve los perros

Continúa la disputa legal por una jauría de Recreo

En total son ocho animales de distintos tamaños y razas, de los cuales siete permanecen al cuidado de la Unidad Regional Uno. Están secuestrados desde diciembre pasado, luego de que un vecino fuera internado por múltiples mordeduras.

A pesar de los reclamos de sus dueños, la jauría que atacó a dos vecinos de Recreo y que se presume podría haber intervenido en la muerte del niño Diego Román a mediados del año pasado, continuará secuestrada a disposición de la Justicia. Así lo resolvió este martes el juez Gustavo Urdiales, luego de que la fiscal de Maltrato Animal, Gabriela Arri, señalara que el predio donde los tenían -calle Menchaca al 400-, en las afueras de la ciudad, “sigue sin contar con las medidas de seguridad” necesarias. Los animales permanecen secuestrados desde diciembre, bajo el cuidado de la Unidad Regional 1.

“El secuestro de los animales se ordenó en el marco de una investigación penal preparatoria” contra Iván Reyes (52) y Norma Elena Vega (44), informó la Dra. Arri. Al respecto, la fiscal dijo que “el 14 de mayo se presentó la acusación, en la que se solicita pena de prisión efectiva (dos años y medio) para los dueños de los animales por el delito de ‘lesiones culposas’ en dos hechos, y el decomiso de los animales”.

“Esta circunstancia no puede ser pasada por alto, la investigación se encuentra concluida pero el carácter instrumental de la medida continua” apuntó Arri. Además, según las propias víctimas “los perros salieron con la tranquera del frente del predio abierta”, esto fue lo que les permitió atacar “a dos personas, las cuales debieron recibir internación, ambas en horas de la madrugada”.

El abogado particular Germán Corazza no se refirió a los hechos imputados en la causa, sino que basó sus argumentos para solicitar la devolución de los canes en la inversión que realizó la familia Reyes para cerrar el predio, y en las “pésimas condiciones de higiene y salud en el que se encuentran los animales”, acompañando numerosos informes veterinarios que lo acreditan.

En cuanto a esto, la fiscal dijo que los perros se encuentran bajo el cuidado de la Unidad Regional 1, cuestionando por qué no se citó a esta parte a la audiencia. Arri recalcó que “hay constancias en el legajo de que ninguna organización proteccionista aceptó a los animales” a pesar de la numerosas diligencias realizadas por la fiscalía, y que además “durante la investigación se les notificó -a los dueños- en reiteradísimas ocasiones, previas a esta instancia, que ofrecieran un lugar alternativo de depósito, que separaran a la jauría, que encontráramos la manera de que esos animales no se estuvieran en un lugar público. La respuesta fue la negativa: todos los perros en Menchaca al 400 o nada”.

Diego Román

Según lo expuesto por la representante del MPA, se solicitó el decomiso de los canes “por entender que son riesgosos para la sociedad. Por lo menos en las condiciones en las que se pretende la devolución: todos juntos en jauría”. “¿De donde vamos a sacar que devolver los animales no va a ser un riesgo para la seguridad?”, se preguntó, y recordó que la misma jauría podría haber intervenido en la muerte de Diego Román, ocurrida en julio pasado. “Es una de las líneas investigativas que maneja el fiscal Andrés Marchi”, que está al frente de la investigación de la muerte del niño.

En sus fundamentos, el juez Gustavo Urdiales consideró que “los perros en sí y tal como están, en jauría, constituyen un peligro para la sociedad. No dejo de tener en cuenta que lo que se pretende es tener a todos los perros juntos, como estaban antes, y en el mismo predio, supuestamente con unas mejoras en medidas de seguridad”. Las cuales, según el informe planimétrico realizado en el terreno “no alcanzan”.

“Los animales que atacan de esa forma no están en una condición óptima en su comportamiento con respecto al resto de la sociedad. No podemos inferir que los perros están bien solamente por su salud física”. Y “obviamente no han sabido, en ese lugar, mantener la seguridad de las personas ni tampoco dominar a dichos perros”, señaló el magistrado. No obstante, Urdiales pidió a la fiscalía, que se tomen las medidas necesarias para garantizar el bienestar de los animales.

Tarascones y disparos

Por dos hechos los dueños de los animales van camino a juicio. El primero se produjo alrededor de las 2.30 de la mañana del 9 de mayo de 2019, cuando una mujer que caminaba por calle Menchaca al 400, en dirección a un kiosco que está cruzando la ruta, fue atacada por diez perros de las razas boxer, rottweiler, ovejeros cruza y cocker. La mordieron en brazos y piernas y fue el propio Reyes quien la auxilió cuando se arrojó a una zanja para que cesara el ataque. La víctima fue trasladada por el propio Reyes a la COmisaría y de allí trasladada al Protomédico y luego al Cullen.

El 30 de noviembre del año pasado la jauría se abalanzó contra un hombre que empujaba su moto sin nafta, en compañía de su esposa e hija. Fue cerca de la medianoche y hubo tanto alboroto, que los vecinos salieron con palos para ayudarlo a alejar a los perros. La intervención policial se dio cuando comenzaron a oirse disparos, que tuvieron como destinatarios dos canes de la familia Reyes. Al día siguiente,e la víctima radicó denuncia penal y horas más tarde la fiscal Arri ordenó el secuestro de los perros, el cual se mantiene vigente hasta ahora.

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