Denuncian «sueldos millonarios y gastos suntuosos» de la alcaldesa y concejales de Barakaldo

Activistas de la plataforma contra la exclusión Berri-Otxoak han instalado diversos muebles en la plaza del Ayuntamiento de Barakaldo para denunciar que, «mientras la localidad sufre la crisis social del coronavirus, la alcaldesa, Amaia del Campo, ha gastado 16.000 euros en muebles para su despacho y la sala de protocolo».

Activistas de la plataforma contra la exclusión Berri-Otxoak han instalado mesas, sillas y librerías en la plaza del Ayuntamiento de Barakaldo para denunciar que, «mientras la localidad sufre la crisis social del coronavirus, la alcaldesa, Amaia del Campo, ha gastado 16.000 euros en muebles para su despacho y la sala de protocolo, y destina casi dos millones al año para su sueldo, el de sus concejales y asesores».

Berri-Otxoak ha subrayado que «este despilfarro contrasta con los 20.000 euros que los responsables del Ayuntamiento ha destinado a las asociaciones benéficas que colaboran con el Banco de Alimentos y atienden a 1.400 personas, así como con los 960.000 euros anuales que se destinan a ayudas sociales de emergencia y que llevan seis años congelados, sin incrementarse».

Los miembros de la asociación por los derechos sociales censuran el gasto en mobiliario mientras existen «múltiples carencias» en la localidad. También señalan «si es vergonzoso este gasto en mobiliario es más grave, si cabe, si se realice de forma ilegal. Como lo señala el órgano municipal encargado de la intervención fiscal y económica del consistorio».

«Esta actuación refleja la falta de consideración del equipo de gobierno hacia las necesidades de las familias barakaldesas a las que durante la cuarentena se les ha obstaculizado la tramitación de ayudas sociales pese a que se viven situaciones en las que incluso falta comida para el día a día», ha indicado la plataforma.

Berri-Otxoak ha destacado además que actualmente «los servicios sociales remiten a finales del mes de septiembre y», por lo tanto, «hacen esperar cuatro meses a las personas que en estos momentos necesitan subsidios de emergencia debido a que sus situaciones de precariedad se han agravado por la pandemia del covid-19».

En este sentido, Berri-Otxoak ha acusado a los miembros del gobierno local «de desmantelar los servicios sociales municipales, con medidas como la eliminación del Servicio de Urgencias Sociales, lo que conlleva retrasos en la atención a las familias y demoras de semanas para casos de extrema urgencia».