Unos 260.000 niños venezolanos en Colombia no reciben educación, según la Unesco
Un reporte nacional de la UNESCO con foco en Colombia destaca los esfuerzos de ese país por atender a la población venezolana en su territorio. De 460.000 menores de 18 años con necesidades escolares, más de 198.000 ya están inscritos en el sistema educativo, la mayoría en educación primaria y secundaria (79%), sin embargo, alrededor de 260.000 aún continúan fuera de él.
Por Unesco
El informe subraya que la respuesta educativa requiere de mayor apoyo financiero y técnico para esta emergencia, como también para iniciativas y planes de desarrollo nacionales que fortalezcan el sistema educativo y provean de oportunidades para las personas desplazadas y las comunidades de acogida.
La Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) dio a conocer el 25 de mayo de 2020 un reporte nacional focalizado en Colombia que aborda los principales desafíos y acciones transformadoras en la respuesta educativa al flujo migratorio mixto de 1.400.000 de venezolanos en dicho país.
El informe titulado “El derecho a la educación bajo presión: Principales desafíos y acciones transformadoras en la respuesta educativa al flujo migratorio mixto de población venezolana en Colombia” fue elaborado con la colaboración del Consejo Noruego para Refugiados (NRC) y analiza las múltiples necesidades, problemáticas y obstáculos que niños y niñas de Venezuela enfrentan para realizar su pleno derecho a la educación. El reporte es producto de un exhaustivo análisis documental proveniente de fuentes secundarias sobre las respuestas educativas dirigidas a la población venezolana en Colombia y ha sido realizado con el fin de contribuir a la toma de decisiones basadas en evidencia.
El documento detalla la metodología utilizada para su elaboración y desarrolla un marco de evaluación educativa para contextos de desplazamientos masivos mixtos. Este marco permite sistematizar el estado de la situación de la respuesta educativa, incluyendo diferentes dimensiones fundamentales para la garantía del derecho a la educación en contextos de emergencia o crisis prolongada, entre las que se encuentran el acceso, la adaptabilidad de la respuesta y la rendición de cuentas. El abordaje de estas dimensiones permite establecer las necesidades de educación y aprendizaje de la población, considerando el análisis de fuentes secundarias, cuestionarios dirigidos a los equipos nacionales de diferentes instituciones y talleres participativos con funcionarios del Ministerio de Educación Nacional, expertos de Naciones Unidas y de la sociedad civil.
En un contexto donde los ministerios de Educación ya venían enfrentando el reto de brindar el servicio educativo a la población en situación de movilidad, se suma el nuevo desafío sin precedentes del Covid-19. En estas circunstancias extraordinarias, tener información disponible que permita direccionar respuestas educativas hacia las poblaciones más vulnerables y marginadas se hace aún más fundamental. Esperamos que este reporte, que contó con la revisión de múltiples socios a nivel nacional, sea una contribución en este sentido.
Hallazgos
El informe destaca, entre otros datos, que la tasa de alfabetización de la población correspondiente a la corriente migratoria más reciente es menor que la de flujos anteriores (91,4% entre 2012 y 2015, 86% entre 2016 y 2017) y relativamente menor que la de la población colombiana (92%). Pese a que los niveles de escolaridad son menores que los de flujos anteriores, se trata de una población muy joven, cuyo acceso a las oportunidades de educación y aprendizaje a lo largo de la vida permitiría desarrollar su potencial y contribuir a las comunidades que los reciben.
Sobre el acceso al sistema regular, el análisis muestra que los esfuerzos de Colombia han sido gigantescos. De los 460.000 menores de 18 años con necesidades escolares, ya son más de 198.000 los inscritos en el sistema educativo, la mayoría en primaria y secundaria (79%). No obstante, alrededor de 260.000 niños, niñas y jóvenes venezolanos en Colombia aún se mantienen fuera de la escuela, lo que afecta su derecho a la educación. Esta vulneración se ve profundizada ya que, al estar fuera del sistema educativo, estos niños, niñas y jóvenes quedan fuera de prestaciones sociales importantes, entre ellas, los servicios de alimentación escolar. Si bien, la mayoría de la oferta educativa no tiene costos directos para las y los estudiantes, el informe alerta que muchos costos indirectos (transporte, vestuario, alimentación y material) estarían inhibiendo el acceso educativo.
El documento también señala las carencias que presenta el sistema educativo para hacer frente a la creciente matrícula y que requieren de una atención urgente. Entre estas, la insuficiencia de la infraestructura y recursos educativos disponibles, las situaciones de hacinamiento en las escuelas y la falta de acceso a servicios de agua y saneamiento en algunas regiones. En relación al personal educativo, se registran dificultades administrativas para la expansión de la planta docente, la falta de personal en municipios del interior para atender los requerimientos de la población que llega y las limitaciones para que docentes venezolanos puedan ejercer su profesión en Colombia.
En cuanto a avances, el informe destaca el desarrollo e implementación de sistemas de información que permiten fortalecer el monitoreo y la respuesta educativa a la población migrante. En este sentido, ha sido muy importantes las transformaciones al Sistema Integrado de Matrículas (SIMAT) y la incorporación de la variable país de origen en el registro de datos administrativos, con lo cual se hace posible hacer seguimiento a la población que está siendo atendida por el sistema educativo y la que aún falta por atender.
En materia de reconocimiento de grados, títulos y saberes, se identifican obstáculos que impiden el reconocimiento de trayectorias educativas por falta de documentación. En este sentido, fue posible observar casos de niños, niñas y adolescentes que asisten a la escuela solo como oyentes y, por tanto, sin la posibilidad de certificar sus grados cursados en Colombia y continuar sus trayectorias educativas luego de la secundaria. Asimismo, encuestas analizadas en el informe evidencian que, en Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cúcuta y Cali, el 89% de las personas venezolanas que no ejerce su profesión señala que es porque no cuentan con permisos para hacerlo, ya sean de carácter educativo o laboral. Entre los obstáculos, fue posible identificar la ausencia de marcos o mecanismos de reconocimiento, validación y acreditación de aprendizajes no formales e informales.
Los esfuerzos nacionales educativos en tiempos de pandemia
La emergencia socio sanitaria del Covid-19 hace visible la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran las personas en situación de movilidad. Las acciones nacionales tienen el desafío de considerar las brechas estructurales y específicas, presentadas en la sección anterior, y que impiden el acceso de este grupo prioritario a los servicios y prestaciones involucradas en la respuesta educativa a la pandemia.
El cierre de instituciones educativas para detener la propagación del Covid-19 ha impactado a todos los sistemas educativos de la región y provocado el surgimiento de múltiples respuestas educativas gubernamentales, iniciativas que buscan asegurar la calidad de la educación y dar continuidad a sus calendarios escolares, utilizando diversos recursos y metodologías. La UNESCO puntualiza que estas respuestas se implementan en contextos altamente desafiantes, especialmente si se considera la situación de movilidad humana que América Latina ha experimentado en los últimos años y las acciones que los países han debido realizar para garantizar el derecho a la educación de personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y retornadas.
En este contexto, contar con este tipo de información, que caracterice las necesidades educativas de grupos vulnerables y marginados, es fundamental para responder adecuadamente a la situación actual de emergencia.
Este informe nacional, el primero de una serie que abarcará a Perú, Chile y Ecuador, es un aporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a los esfuerzos de los países de la región por garantizar el derecho a la educación de las personas en situación de movilidad.