Los “daños colaterales” de la guerra antidrogas de Duterte: más de 100 menores muertos

Un informe de Human Rights Watch denuncia el impacto psicológico, educativo y económico que sufren miles de niños por la campaña contra el narcotráfico de Filipinas

El pasado 27 de enero, Ronjhay Furio, de ocho años, guardaba cola en un puesto callejero de Manila para comprar isaw, un popular pincho de pollo a la barbacoa que le entusiasmaba. Acababa de ayudar a su tío a arreglar su minibús ese día, y, exhausto y hambriento, corrió a darse el capricho. Pero mientras esperaba su turno, cuatro hombres armados llegaron repentinamente en dos motocicletas y abrieron fuego contra un grupo de vecinos que se había juntado cerca del puesto. Las balas hirieron al supuesto objetivo de la redada, un hombre de 52 años, y atravesaron también el abdomen del pequeño Ronjhay, que falleció en el tiroteo. Según recoge un informe presentado este miércoles por Human Rights Watch (HRW), 101 menores que fueron asesinados entre julio de 2016 y diciembre de 2018 en la campaña de lucha contra el narcotráfico en Filipinas.

“Era muy amable y atento con sus hermanos. Solo estaba esperando su comida cuando llegaron los motoristas”, denunció un pariente del niño, recoge la organización. Según la familia de Ronjhay, la balacera fue parte de la campaña antidrogas que el presidente Rodrigo Duterte empezó en Filipinas al ganar la presidencia en junio de 2016. De acuerdo con la policía, 5.601 supuestos traficantes o consumidores han muerto desde entonces. Organizaciones de derechos humanos y activistas elevan la cifra a 27.000, asesinados por policías uniformados, vestidos de paisano o sicarios.

El caso de Ronjhay está recogido en el informe Nuestra familia feliz ya no existe: el impacto de la guerra contra las drogas en los niños en Filipinas—, que detalla cómo la batalla contra los estupefacientes ha afectado a miles de niños, o bien perdiendo a parientes cercanos —a veces asesinados frente a ellos— o siendo directamente víctimas de la violencia. La organización, que cita como fuentes a ONG por los derechos de la infancia de Filipinas, detalla que al menos 101 niños fueron asesinados entre julio de 2016 y diciembre de 2018, en ocasiones siendo objetivos directos de las redadas y en otras por simplemente hallarse en el lugar equivocado en el momento erróneo. HRW asegura que los medios filipinos han denunciado más muertes de menores en los pasados dos años, como la de Ronjhay. Las autoridades filipinas las llaman “daños colaterales”.

“Los niños filipinos han sufrido horriblemente la decisión del presidente Duterte de desplegar a la Policía y a sus matones contra sospechosos de consumir droga”, asegura Carlos Conde, de HRW en Filipinas. “La guerra contra las drogas va a dejar a una generación de filipinos herida, probablemente para siempre. No puedo ni imaginar cómo esta locura va a impactar en la vida de los menores en cinco o 10 años”, adelantó Conde en una rueda de prensa en Manila para presentar el informe. La organización entrevistó entre febrero de 2018 y marzo de este año a 49 personas de seis ciudades filipinas, entre ellas Manila, para realizarlo: 10 menores, 23 progenitores, parientes o guardianes; y 16 funcionarios del Gobierno y representantes de ONG locales.

Según sus averiguaciones, muchos niños sufren estrés y todos los entrevistados se enfrentan a peores circunstancias económicas a raíz de la muerte del que normalmente era el cabeza de familia. El aumento de la pobreza y el trauma ha llevado a muchos niños a abandonar el colegio, mientras otros son víctimas de abuso escolar por el estigma de que un familiar tuviera supuestamente vínculo con las drogas.

Es el caso de la menor identificada como Jennifer M., de la ciudad de Quezon (al sur de la isla de Luzón), quien con 12 años vio cómo policías mataban a su padre, Benigno M., en el sofá de su vivienda en diciembre de 2016. La Policía aseguró que el hombre era un traficante y que había presentado oposición a ser detenido. Pero Jennifer, quien contó a HRW sufrir abusos en la escuela desde entonces, tiene otra versión. “Estaba confundida, ¿por qué mi papá? Aunque él pedía clemencia, los policías no le escucharon”, recuerda la joven.

Human Rights Watch denuncia que la “inmensa mayoría” de los asesinatos de menores no se ha investigado. Hasta la fecha, el caso de Kian de los Santos, asesinado a los 17 años por tres policías en 2017, ha sido el único que ha derivado en un juicio y condena de cárcel para los culpables porque lo ocurrido fue capturado por cámaras de vigilancia. La organización pide al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que impulse una investigación internacional independiente sobre la “guerra contra las drogas” en Filipinas, incluidas las violaciones contra los menores. “Si no actuamos ahora, toda una generación de niños filipinos será víctima de la violencia de la campaña antidrogas de Duterte”, exhorta Conde.