Los vecinos del centro tradicional denuncian en el juzgado a Barcala por autorizar nuevas terrazas

Le acusan de prevaricación al permitir que pidan nuevas licencias y que se amplíen los veladores pese a que la orden de Sanidad no lo contempla

La Asociación de Vecinos del Centro Tradicional de Alicante ha presentado en los juzgados una denuncia contra el alcalde, Luis Barcala, por un delito de prevaricación administrativa a causa de tres decretos municipales sobre la reapertura de terrazas durante el estado de alarma que establece la posibilidad de instalar nuevos veladores a establecimientos que no tenían licencia para ello y de ampliar las terrazas sin necesidad de permiso los locales que tenían autorización.

Los vecinos consideran que en la decisión del alcalde ha prevalecido el interés económico por encima de la salud de los alicantinos y ha hecho caso omiso de la orden del Ministerio de Sanidad que regula la reapertura al público de las terrazas. Desde el Ayuntamiento de Alicante no valoran la denuncia al no tener constancia oficial de la misma, pero recuerdan que se están adoptando medidas para reactivar la economía de Alicante y ayudar a generar empleo.

Los denunciantes sostienen que la orden del Ministerio de Sanidad que flexibiliza las restricciones sociales solo habla de reapertura de terrazas en los establecimientos de hostelería y restauración que ya contaban con autorización municipal antes de declararse el estado de alarma.

Según señalan en la denuncia, con los decretos que se han firmado en Alicante "ahora habrá más terrazas, mas mesas y sillas de bares y restaurantes que las que había antes de la pandemia, lo que provoca que haya en la calle más contacto social que antes, algo que va claramente en contra del espíritu de la Ley en la que se basa para dictar estas resoluciones y ello a sabiendas y con el único fin de favorecer al lobby de hosteleros". Añaden los vecinos que "que todos estamos de acuerdo en que hay que ayudar, pero no poniendo en peligro la salud de los demás".

La denuncia de la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional de Alicante fue presentada el pasado lunes en el Decanato del Palacio de Justicia por el abogado Francisco Moreno y están a la espera de conocer a qué juzgado le ha tocado por turno para saber si la admite a trámite y da curso a las diligencias de investigación solicitadas, que son la toma de declaración al alcalde de Alicante y a la presidenta de la asociación para ratificar la denuncia.

Este nuevo frente judicial promovido por la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional de Alicante se produce seis meses después de que ganaran un contencioso al Ayuntamiento por los ruidos en el entorno de la calle Castaños. A mediados del pasado noviembre, el juzgado de lo Contencioso número 4 de Alicante condenó al Ayuntamiento de Alicante por vulneración de derechos fundamentales y le ordenó iniciar los trámites para declarar zona acústicamente saturada (ZAS) el área entre casi una docena de calles de Alicante. Esta sentencia fue recurrida por el consistorio alicantino.

A juicio de los vecinos el alcalde incumple en sus decretos la orden del Ministerio de Sanidad que fija las condiciones para la reapertura al público de terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración, ya que no permite que se instalen nuevos veladores. Además, señalan en la denuncia que "incrementar la superficie destinada a terraza al aire libre se requiere permiso del Ayuntamiento, algo obvio, ya que dar vía a libre a que cada bar o restaurante ocupe suelo público según su buen entender, es algo que no cabe en derecho y ello porque la ocupación de la vía pública no es baladí". En este sentido, la denuncia precisa que el Ayuntamiento debe analizar si la ocupación "entra en confrontación con otros derechos e incluso si es conveniente, por ejemplo por motivos de salud pública, si no se puede dar el hecho de que se pueda ampliar una terraza hasta la puerta de un asilo o centro de día donde residen o visitan personas de alto riesgo de contagio del covid-19".

La denuncia añade que el alcalde, a través de tres decretos, establece la posibilidad de pedir nuevas terrazas que antes no existían y ha puesto "por encima de la salud intereses económicos, ignorando los trágicos efectos de la falta de distanciación social". Además acusan a Barcala de prescindir de cualquier procedimiento para solicitar la ampliación de terrazas y elimina la necesidad de obtener permiso para ello, tan sólo en el caso de ocupar plazas de aparcamiento.

El abogado recoge en su denuncia que los términos de resolución injusta y abitraria del delito de prevaricación deben entenderse "aquí como de sentido equivalente" e indica que "se ejerce arbitrariamente el poder cuando la autoridad o el funcionario dictan una resolución que no es efecto de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico sino, pura y simplemente, producto de su voluntad, convertida irrazonablemente en aparente fuente de normatividad".

En opinión de los vecinos, en los decretos de Alcaldía se ha puesto por delante el lucro de una parte de la población por delante de la salud todo él conjunto de la sociedad. Afirman que "cuantas más terrazas, mesas y sillas haya, más concentración de personas habrá, por mucho que se diga que ampliando horario habrá menos concentración, ya que la hora de cenar es la que es y ampliando de 23.00 a las 00.00 horas ninguna concentración se evita".