Como si no gobernara: para Fernández, “tener personas en riesgo en las cárceles es inhumano”

El presidente quedó preso de sus propias palabras. Declaraciones de ocación sin tomar ninguna medida de urgencia para que penales y penitenciarías dejen de ser una bomba de tiempo ante el Covid-19.

La crisis sanitaria en las cárceles, comisarías y otros lugares de encierro se profundizó con la pandemia y dejó una vez más al desnudo las condiciones inhumanas en las que miles de personas se encuentran privadas de su libertad.

Durante una conferencia de prensa Alberto Fernandez se refirió al tema: "Los desafíos no son la mano dura o la mano blanda, porque tener la mano dura y no construir cárceles no tiene sentido. Tener ahora en las cárceles personas en riesgo y que el Estado no reacciones ante el riesgo sanitario de esas personas, es un acto inhumano". A confesión de partes....

Desde que comenzó la pandemia el tema de las cárceles se convirtió en una discusión de primer orden. Sectores de derecha y funcionarios del propio Gobierno nacional han aprovechado la oportunidad para montar campañas reaccionarias basadas en mentiras y fack news.

En medio del debate que sigue abierto aunque un poco silenciado por los grandes medios de comunicación y a un día de las declaraciones del presidente Fernandez, renunció Emiliano Blanco como director nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

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Pero lo cierto es que más allá de las palabras de Alberto Fernandez, ni el Poder Ejecutivo nacional ni el provincial de Axel Kicillof han hecho nada para resolver la crisis sanitaria en las cárceles ni en otros lugares de encierro.
Cabe mencionar que la salubridad y las condiciones de detención de las personas privadas de su libertad dependen del Ministerio de Justicia de la Nación y de sus respectivos ministerios provinciales, que nada han hecho para resolver la situación.

Ante las demandas más que elementales de las y los presos en distintos penales del país, la respuesta estatal fue la represión. En la Unidad Penal 1 de Corrientes fueron confirmados en las últimas horas dos nuevos casos positivos de coronavirus, que se suman a los 24 casos que ya estaban confirmados. La cantidad de casos positivos en ese penal representa un 30% de los casos registrados en esa provincia.

En esa Unidad Penal fue asesinado por personal penitenciario un detenido de 23 años el pasado 19 de abril, cuando las personas detenidas allí realizaban una protesta ante el hacinamiento y medidas básicas de prevención del virus que ya había sido denunciadas por el Comité contra la Tortura de esa provincia.

Es difícil encontrar datos de la provincia de Buenos Aires, ya que ni el Ministerio de Justicia a cargo de Julio Alak ni el Gobierno bonaerense informan respecto a la situación en las cárceles del SPB. Según lo informado por el Servicio Penitenciario bonaerense, en la provincia de Buenos Aires se registra un solo caso confirmado el 19 de abril, lo que es difícil de creer teniendo en cuenta que en la provincia hay casi 45.000 personas privadas de su libertad en distintos lugares de encierro, donde el hacinamiento en promedio supera el 120%.

En la Unidad Penal 23 de Florencio Varela el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) asesinó a uno de los presos, Federico Rey, durante la protesta que los internos realizaron ante el inminente contagio masivo el pasado 23 de abril, a cuatro días de que en la Unidad 42 de esa localidad fuera confirmado un caso positivo entre los detenidos. La primer versión oficial al igual que en Corrientes fue que se trató de un enfrentamiento entre presos, pero la autopsia desmintió esa afirmación y quedó confirmado que fue asesinado por el SPB.

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¿Quiénes están en las cárceles?

De acuerdo a datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la
Pena (SNEEP), entre 2008 y 2018 la tasa de encarcelamiento argentina subió un 55%: pasó de 137 a 213 personas encerradas cada 100 mil habitantes. Entre 2000 y 2018, la población privada de la libertad se multiplicó 2,5 veces. Esto representa un crecimiento de casi 57 mil personas.

El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF)
concentran la mayor parte de la población carcelaria, aproximadamente el 60% del total. En 2012, en el SPB comenzó un aumento que se intensificó a partir de 2015. En este año, también comenzó un aumento sostenido en el SPF.

Lo cierto es que las cárceles, como dice el dicho, están llenas de pobres. Lejos de las mentiras desplegadas por la derecha y funcionarios del Gobierno Nacional como Sergio Massa y su tocayo Berni, de que saldrían en libertad con el argumento de la pandemia asesinos y violadores las propias estadísticas lo desmienten.

Los últimos datos disponibles del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) son hasta diciembre de 2018. A esa fecha habían 94.883 personas privadas de la libertad en el país. Más de la mitad de las personas detenidas lo están por delitos contra la propiedad o por infracción a la Ley de drogas, un total de 52.751.

Cabe mencionar que de las personas presas un 43% estaban desocupadas al momento de su detención y un 39% trabajaban a tiempo parcial, lo que muestra como las crisis económicas impactan en los sectores más castigados, que muchas veces no encuentran salida para ganarse el sustento diario.

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"Tener ahora en las cárceles personas en riesgo y que el Estado no reacciones ante el riesgo sanitario de esas personas, es un acto inhumano", dice Alberto Fernandez.

Sin dudas esto es así, pero ¿que ha hecho el Poder Ejecutivo desde que comenzó la pandemia a pesar de las recomendaciones de los propios organismos internacionales?

El 25 de marzo el Alto Comisionado de Naciones Unidas pidió que los gobiernos
procedan con rapidez para reducir la población penitenciaria. Para lograr esto, debían evaluar poner en libertad a las personas detenidas de más edad, enfermas, que estén privadas de su libertad por delitos no violentos.
Pero además, instó a atender las necesidades sanitarias específicas de las mujeres, de las que están embarazadas, de las personas con discapacidad y de menores de edad.

A fines de marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a los Estados adoptar medidas para afrontar el hacinamiento: revisar la prisión
preventiva, situación en la que se encuentran a nivel nacional un 46% de las personas detenidas, dando prioridad a los grupos de riesgo y establecer alternativas a la prisión para los grupos de riesgo y para personas prontas a cumplir condenas. Además, recomendó adecuar las condiciones de detención y garantizar el acceso a la atención médica. Hasta el momento nada de esto se cumplió.

La Organización Mundial de la Salud ha insistido en que para prevenir el
contagio del COVID-19 (lavarse las manos de forma regular, mantener la
limpieza de los lugares y sostener una distancia mínima de un metro entre personas) son imposibles en lugares de encierro donde las condiciones de detención son inhumanas, donde las y los presos carecen de elementos básicos como lavandina, jabón, alimentos, atención médica.
El hacinamiento es brutal. En la provincia de Buenos Aires, según datos de la Comisión Provincial por la Memoria y del propio Servicio Penitenciario Bonaerense se estima que la sobrepoblación supera el 120%. Esta cifra empeora en las comisarías donde en algunas zonas esa cifra supera el 300%.

A su vez, el Ministerio de Salud de la Nación publicó "Recomendaciones para la atención y cuidado de la salud de personas en contexto de encierro y sus trabajadores en el marco de la pandemia”.

En este documento se estableció que se debe salvaguardar la salud de los grupos vulnerables y que el Estado debe garantizar la dignidad de las personas privadas
de la libertad. Como si hablaran de otro planeta, recomendaron desde ese ministerio mantener la higiene de los lugares, proveer elementos de limpieza e higiene, generar espacios de aislamiento adecuados y un sitio apartado del resto de la población penal para la atención de los casos sospechosos o confirmados.
¿Cómo podrían implementarse estas medidas en las condiciones en que están las cárceles?.

"Tener ahora en las cárceles personas en riesgo y que el Estado no reaccione ante el riesgo sanitario de esas personas, es un acto inhumano". Una verdad de perogrullo, de la que ni Alberto Fernandez, ni el Ministerio de Justicia a cargo de Marcela Losardo, ni su par bonaerense Julio Alak, ni ninguna autoridad se han hecho cargo de resolver, dejando latente la posibilidad de contagios masivos que pongan en riesgo la vida de miles de personas privadas de su libertad.

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