Corte revisa este miércoles cuatro decretos de la pandemia 

El alto tribunal debe determinar su constitucionalidad. 

En su orden del día la Sala Plena de la Corte Constitucional tiene el estudio de cuatro decretos legislativos expedidos por el presidente Iván Duque. 

El primero es el decreto 458, que busca asegurar el mínimo vital y crear condiciones de ingreso para las familias más pobres. Ese decreto establece las transferencias monetarias para los beneficiarios del programa de Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción, así como la compensación de IVA y el tratamiento de información del Dane, sobre a quién debían ir esos subsidios. El ponente en este caso es el magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez. 

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Otro decreto que está siendo revisado es el 464 que declara como servicios públicos esenciales los servicios de telecomunicaciones, incluidos los de radiodifusión sonora, televisión y servicios postales. Eso significa que estos servicios no pueden ser suspendidos durante el estado de emergencia. El análisis de esa norma está también a cargo del magistrado Guerrero. 

De otro lado, está la revisión del decreto 434, que establece plazos especiales para renovación de matrícula mercantil, el RUNEOL y otros registros que integran el Registro Único Empresarial y Social (RUES). Esa norma extendió hasta el tres de julio la renovación de esos registros mercantiles. También extendió, máximo a esa fecha, la renovación de la afiliación a las cámaras de comercio. Además, estableció que las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras que viven en Colombia, y que estén interesadas en participar en procesos de contratación estatal, deben estar inscritas en el RUP a más tardar el quinto día hábil de julio de este año. Toda esta norma está a cargo de la magistrada Gloria Oritz. 

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Otro decreto que está en revisión es el 461 que autorizó a los alcaldes y gobernadores 
para que reorienten las rentas de destinación específica de sus entes territoriales con el fin de que puedan desarrollar acciones para hacerle frente a la pandemia de coronavirus. Para esa reorientación, el decreto estableció que no se necesitaba la autorización de asambleas departamentales ni concejos municipales. 

El decreto también les permitió a gobernadores y alcaldes realizar adiciones, modificaciones y traslados de presupuesto con el fin de reorientar su uso para gastos relacionados con la pandemia de coronavirus. 

La norma, además, les permitió a esos mandatarios reducir las tarifas de impuestos territoriales, en el marco del Estado de emergencia. El caso está en el despacho de Antonio José Lizarazo. 

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