Yolanda Díaz consigue el aval del Congreso para prorrogar los Erte y recuerda que no obligará a mantener los empleos si hay riesgo de quiebra

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La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha señalado que las empresas que estén en riesgo de concurso y se hayan acogido a ERTE por causa de fuerza mayor no estarán obligadas a cumplir con la cláusula de salvaguarda del empleo que les compromete a no despedir durante seis meses.

Díaz ha obtenido en el Pleno del Congreso el consenso el apoyo parlamentario sin votos negativos -solo Vox se ha abstenido- para convalidar el Real Decreto que prorroga los ERTE motivados por coronavirus hasta el 30 de junio, que ha dicho deben ir evolucionando hacia los ERTE motivados por causa económica, técnica, organizativa y de producción (ETOP).

"Esta cláusula de salvaguarda se hace cargo de que algunas empresas, que se encuentren en riesgo de concurso, no podrán cumplir este compromiso", ha recordado Díaz, tras valorar que los nuevos ERTE han sido pactado en el Diálogo Social, con patronal y sindicatos, y que sigue trabajando este miércoles para adaptarlos a la normalidad "mejor". "Los agentes sociales están destinados a ocupar un lugar central", ha dicho, al tiempo que ha valorado que hayan "logrado aparcar sus legítimas diferencias".

Para Díaz "ese ejemplo, el de aunar esfuerzos para resolver los problemas de la ciudadanía" es el que deben seguir los partidos políticos. Ha recordado que los ERTE, atendiendo a las circunstancias, se podrán prorrogar más allá del 30 de junio, al igual que las exenciones a las empresas y las prestaciones por desempleo si así lo negocian los agentes sociales y lo ratifica el Consejo de Ministros.

"La norma prevé la posibilidad de que las exenciones se extiendan a los ERTE por causa ETOP que, hasta ahora, habían quedado fuera de estos beneficios. Las exenciones podrán así acomodarse a nuevas situaciones que requieran incentivos y apoyo por parte del Estado", ha afirmado.

Díaz ha calificado los ERTE como una norma "evolutiva, adaptable, incentivadora y que garantiza un buen uso de los fondos públicos" al incluir compromisos y ha defendido que sea un instrumento para acompañar a algunas empresas que atraviesen dificultades una vez superada la emergencia sanitaria.