Incumplimiento craso y temerario

Puerto Rico encara una nueva crisis. En esta ocasión, tocará las garantías ofrecidas a los empleados públicos por la posibilidad patente del cierre de las plazas de trabajo del cincuenta por ciento de los puestos públicos y la reducción de la jornada de trabajo de estos.

Esta aseveración tan ominosa está basada en un nuevo recorte de $1,273 millones propuesto por la Junta de Control Fiscal para el próximo presupuesto, que entraría en vigor tan temprano como en julio de este año. Este corte es en respuesta a una merma estimada en los recaudos del presente año fiscal ascendente a $1,100 millones. Las consecuencias de la pérdida de estos empleos tendría efectos catastróficos para miles de familias puertorriqueñas y acabará por diezmar todavía más nuestra economía ya vulnerada.

Ante este escenario, el presidente de la mayoría de la Cámara de Representantes dijo que no permitirá el despido de empleados públicos, pero el récord de esta legislatura ha sido otro, pues durante los pasados tres años ha claudicado a su responsabilidad constitucional de crear el presupuesto destinado al manejo de los gastos públicos del País. En efecto, ha sido la Junta de Control Fiscal la que ha aprobado su propia versión del presupuesto, estableciendo cuánto y cómo invertirá el gobierno los recursos económicos de Puerto Rico.

Este año la asamblea legislativa ha ido más allá, pues siquiera por disimulo elaboró un borrador para que, al menos, fuera evaluado por la junta para discutirlo, a pesar de los constantes requerimientos de la delegación del Partido Popular en la Cámara para que se llevaran a cabo vista públicas que incluyeran representantes de los distintos sectores del País, con el fin de estudiar datos fehacientes y conocer cuál es el verdadero gasto público y cuáles son las partidas en las que se invertirán los recaudos.

La intención de la mayoría legislativa es clara: incumplir con su responsabilidad ministerial más importante, que es la aprobación de un presupuesto diseñado para administrar bien el dinero público, con el plan de echarle la culpa a la junta cuando se concrete el despido de los empleados públicos.

Para tapar la incompetencia sistémica de este gobierno, esta legislatura usa como remiendo, por un lado, las promesas tronchadas de distribución de fondos federales para el manejo de la pandemia de Covid-19 y, por el otro, el encierro de la población sin que haya agotado las recomendaciones de las principales organizaciones dedicadas a asesorar a los gobiernos en el manejo de esta crisis. Para recrudecer la confusión, ha recurrido a órdenes ejecutivas cuyo contenido es intrínsecamente contradictorio.

Ejemplo de esto es la liberalización de la política pública sobre la aglomeración de personas en lugares encerrados, en contraste con las fuertes restricciones para que el pueblo pueda disfrutar de actividades al aire libre, siempre que respete el distanciamiento físico.

Por ejemplo, la epidemióloga Kimberly Powers, de la Universidad de Carolina del Norte, asegura que la celebración de cultos religiosos procedentes de distintos escenarios familiares encerrados en un lugar por largo tiempo —sin la implementación de protocolos estrictos— constituye uno de los ingredientes principales para potenciar el contagio de enfermedades infecciosas, y cita un estudio que reveló que 35 de 92 personas que asistieron a un servicio religioso en una iglesia rural de Arkansas desarrollaron Covid-19, algo alarmante.

En cambio, siempre que se mantenga una distancia física de, al menos, seis pies entre persona y persona, visitar las playas está considerada una actividad de bajo riesgo pues el agua no representa peligro de transmisión, esto de acuerdo con la dirección del Centro Global de Ciencias de la Salud y la Seguridad del Centro Médico de la Universidad de Georgetown.

En resumen, es evidente que este gobierno incumple con sus responsabilidades ministeriales de forma temeraria, prefiriendo culpar a la ciudadanía y a la ominosa Junta de Control Fiscal, según le conviene, por su fracaso en gobernar que es, en resumen, administrar los recursos públicos y garantizar la educación, la seguridad y la salud del pueblo.