Conflictividad: Comunidades han priorizado la economía a la salud

En el Occidente del país se han registrado conflictos entre alcaldes y sus pobladores por la emisión de disposiciones presidenciales para evitar el contagio de la covid-19.

Los conflictos entre los pobladores y las autoridades han aflorado en los últimos días por las disposiciones presidenciales que se deben cumplir en cada municipio y así evitar la propagación del nuevo coronavirus en el país. El pasado 20 de mayo, comerciantes del mercado Minerva en Quetzaltenango desobedecieron la prohibición del Concejo Municipal para cerrar por tiempo indefinido los cinco mercados de la ciudad altense por un contagio de covid-19.

Otro caso similar se registró el domingo 24, cuando el alcalde Elías Ortiz, de San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango, fue retenido por los comerciantes del mercado local, porque no estuvieron dispuestos a cerrar sus comercios durante el toque de queda prolongado instaurado en el pasado fin de semana.

Evelyn Espinoza, socióloga especializada en criminología e integrante del proyecto Diálogos, explicó que el hecho que las comunidades estén priorizando la actividad económica sobre la salud deja claras dos matrices: no tienen información que les permita tomar una decisión acertada y tampoco tienen confianza en que el gobierno les proporcionará apoyo.

Entonces, durante la crisis sanitaria que afecta al país por los contagios de la covid-19 entre sus pobladores, ¿Cómo deben gestionar las autoridades los recursos y la información para evitar estas situaciones?

Espinoza resaltó que, en los gobiernos locales los jefes ediles están llamados a tomar rol protagónico para manejar la conflictividad en sus municipios y deberían enfocarse en gestionar programas para desarrollo económico y social en las comunidades vulnerables. Además, agregó que deben sensibilizar a la población sobre la necesidad que hacer cumplir las restricciones gubernamentales por el bien común.

Repercusión

Lizandro Acuña, analista de seguridad ciudadana y justicia, resaltó que el Occidente del país fue golpeado muy fuerte durante el conflicto armado interno y existen aún rezagos históricos que todavía no tiene respuesta por parte de los diferentes gobiernos y repercuten en algunas medidas que se quieran implementar en dichos lugares.

“Es un tema cultural que tiene que ver y que nos retrotrae con el conflicto armado en nuestro país y son estas secuelas sociales que prácticamente se están viviendo, porque se manifiestan en acciones contra algunos alcaldes que toman buscan implementar las disposiciones presidenciales que van en beneficio a proteger el derecho a la salud”, agregó.

Asimismo, el pasado 16 de mayo, en San Francisco El Alto, Totonicapán varios pobladores exigieron que se quitara el toque de queda porque no se les permitía transportar sus productos a pequeños y medianos agricultores, debido a las disposiciones presidenciales.

Cultivo de amapola

Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, Sololá, son dos municipios que viven en constante conflicto por problemas de límite territorial, ya que no están definidos desde hace mucho años atrás. El pasado domingo 24 ocurrió un nuevo enfrentamiento entre pobladores de dichos municipios, en el cual murió un hombre por heridas de bala y una mujer y un menor también murieron durante un incendio que se supone fue provocado durante el conflicto.

Acuña resaltó que en dichos municipios se refleja la ausencia histórica del Estado, además que existe presencia del narcotráfico porque los pobladores del lugares sobreviven cultivando plantaciones ilegales de amapola.

“El narcotráfico ha tenido el control de estos dos municipios y un conflicto histórico limítrofe se ha convertido en otros intereses como es el cultivo de amapola. Las personas viven prácticamente de este cultivo y eso genera conflictividad por la disputa territorial que se tiene en estos municipios”, acotó.

Acuña resaltó que el gobierno debería aplicar políticas para desarrollo, luego que intervienen las fuerzas de seguridad en estado de Sitio para retomar el control. “El reto es saber cómo se puede sustituir una actividad ilícita, que prácticamente está en juego en esta disputa territorial por actividades licitas”, indicó.

Tendencia a la baja en homicidios

Durante el primer cuatrimestre de 2020 comparado en el mismo de 2019 y 2018, los homicidios en Quetzaltenango, Sololá y Huehuetenango continuaron con tendencia a la baja, según la Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Seguridad que elabora su reporte estadístico con información de la PNC.

En Quetzaltenango 103 homicidios fueron reportados hasta abril 2020, 151 en 2019 y 165 en 2018. Mientras que en Sololá fueron registrados 14 hasta abril pasado, 19 el año anterior y 20 en 2018.Y en Huehuetenango fueron consignados 39 en el primer cuatrimestre de 2020, 40 en 2019 y 82 en 2018.

Espinoza explicó que durante un análisis realizado por Diálogos se estableció que en el Occidente las licencias de tenencia y portación de armas tiende a ser muy baja, entonces tienen la hipótesis que es una región pacifica porque no tienen acceso a armas de fuego por cultura, costo, entre otros.

“Alrededor del 80 por ciento de los homicidios en Guatemala se cometen con arma de fuego”, indicó Espinoza.

Mientras que, Acuña resaltó que la reducción de homicidios en estos departamentos demuestra una buena organización comunitaria para disminuir los índices de violencia y crimen organizado, pero también existe el riesgo en que sea usada con abusos porque en muchos casos se aplica el castigo comunitario.

“Ese tipo de organización prácticamente permite que se tenga un mayor control y mayor reacción comunitaria inmediata. Influye mucho en la reducción de violencia, aunque son departamentos –con bajos índices de homicidios–, no se descarta que tengan violencia. La organización comunitaria con Cocodes refleja buena organización”, indicó.