La CNDH ve autogobierno en Puente Grande

Las prisiones Preventiva y de Sentenciados están bajo la lupa de la ComisióNacional de los Derechos Humanos, que también ha advertido de sobrepoblación y hacinamiento

La prisión de Sentenciados del penal de Puente Grande y el núcleo Preventivo son dos de los centros de reclusión del Estado que se encuentran en condiciones de autogobierno, según revela la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH, presentado a finales de 2019, ambas están en la lista de 61 cárceles (de 447 que conforman el sistema penal en México) bajo condiciones en las que un sub-régimen de mando impone reglas a los internos. 

Además, ambos registraron condiciones de sobrepoblación y hacinamiento, así como falta de normatividades para regir el centro, personal de seguridad y custodia insuficientes, e incluso presencia de actividades ilícitas y cobros.

LOS PRIVILEGIADOS DE LA PRISIÓN

El fantasma de cada sexenio...

Él era un líder positivo. No estaba a cargo de imponer las reglas del autogobierno, ese que ninguna autoridad en Jalisco se atreve a reconocer en Puente Grande. Tampoco era el jefe de la pandilla que hace valer la ley en el penal de Sentenciados.

Para la autoridad estatal, Alejandro Mena Quirarte era un “líder positivo”.

En mayo de 2010, el entonces director de los penales, José González Jiménez, decidió demostrar que no había privilegios en la cárcel. Nadie iba a creer que sí los había, y por eso invitó a diputados y visitadores de Derechos Humanos.

Pero también invitó a reporteros.

Abrió las puertas como nadie. Todos pasaron y estableció una sola excepción para la prensa: no entran cámaras ni grabadoras. Papel y lápiz. Sólo eso. 

Para esas fechas se había concretado una “zorra” (cateo) en el penal Preventivo, aledaño al de Sentenciados. En ese operativo se aseguraron armas, drogas, celulares y otros aparatos que estaban en poder de Miguel Ángel “Mike” Zazueta, quien entonces era líder del Gobierno interno en ese centro. El “homólogo” de Mena Quirarte.

Por eso, el recorrido en ese espacio no se concretó. Pero sí permitió el ingreso a cada espacio del penal de Sentenciados.

Un reportero preguntó sobre la celda de un tal Alejandro Mena. José González reveló con naturalidad el módulo en donde vivía. 

—¿Podemos ir?

—¡Claro que sí!

Quienes acompañaban al funcionario cruzaron miradas. Sólo ellos saben qué pensaron en ese momento. La apertura fue tal que los periodistas entraron al hogar del “líder positivo”. Una celda con una cama por persona, ventilador, televisión y lo más importante: agua en el baño y en la regadera.

Unos encendieron el televisor y notaron que había canales de paga. Otros se fueron a las celdas contiguas y vieron que los vecinos no sólo no tenían agua, tele o aire, sino que había dos habitantes por cama. Muchos debían dormir en el suelo. 

Los de Derechos Humanos quizás anotaron algo al respecto; los diputados ni el intento hicieron. Ellos fueron a “estar con ellos”. A “entender su situación”. A “estar allí para lo que necesitaran”. Los diputados fueron diputados.

Terminó el recorrido e inició una rueda de prensa. José González al frente. 

—¿Por que hay cable en la cárcel?

—No hay cable. Vieron mal.

—¿Por qué algunos viven bien y otros están hacinados?

—Unos se portan bien y tienen beneficios por ello. 

—¿Cómo es que unos tienen agua en sus celdas y otros deben acarrearla?

—No teníamos conocimiento. Vamos a checarlo. 

—¿Hay autogobierno en Puente Grande?

—No. Es un liderazgo positivo.

Diez años después, esos liderazgos se desconocen. No existen. 

Lo que sí hay es un evidente tráfico de armas en ese mismo núcleo de reinserción, de herramientas para ejercer control que, al menos en la jornada del viernes, cobraron ocho vidas, dejaron a ocho internos lesionados y evidenciaron, cuando menos, que los filtros de control de acceso han fallado abismalmente.

Isaack de Loza