Emisarios del Ejecutivo y diputados chocan por transparencia en gastos de emergencia y cuarentena de varados

Los diputados quieren que el gobierno dé acceso a más información sobre uso de fondos, pero Ejecutivo dice que eso pone en riesgo a oficiales de información.

Que la información oficiosa que se publica en los portales web de las instituciones sea la única a la que puede acceder la población y no atender las peticiones de información adicionales que realice la ciudadanía para conocer el uso de los recursos del Estado, haciendo uso de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), enfrentó ayer a los diputados con funcionarios del Gobierno.

Ambos grupos, legisladores y representantes del Ejecutivo, han estado analizando desde hace dos días el diseño de una nueva ley que regule la cuarentena, que mantenga la emergencia nacional y que dé paso a la apertura gradual de la economía del país.

Para la diputada Cristina Cornejo, del FMLN, el tema de la transparencia en el uso de los fondos para la emergencia es fundamental, por lo que insistió en que el Gobierno debe aceptar que se siga aplicando la ley de Acceso a la Información Pública, a lo que Conan Castro, secretario jurídico, argumentó que si acatan esa disposición tendrían incluso que permitir que los oficiales de información de las instituciones y el Tribunal de Ética Gubernamental trabajen y expondrían a sus empleados.

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La postura de Castro se da después de que la misma Corte de Cuentas de la República (CCR) ha plasmado en un informe reciente a la Asamblea de que hay resistencia de algunas oficinas estatales en brindar información detallada de la ejecución del dinero durante la emergencia y que el Gobierno no supo explicar cuáles fueron los criterios para entregar el bono de $300 a 100 mil personas.

Castro justificó en una entrevista que en la propuesta de ley que han presentado se plantea la entrega de informes y que si no se sienten satisfechos con el contenido, que posteriormente les digan en qué quieren que se amplíe la documentación.

Cuarentena para varados

Otro de los aspectos controversiales en la segunda jornada de negociación fue cuánto tiempo de cuarentena obligatoria debe esperar un compatriota o residente que regrese a El Salvador después de haber estado varado en el extranjero.

El Gobierno considera que estos deben guardar cuarentena por 15 días o más, mientras que los legisladores consideran una cuarentena de solo 12 días para quienes retornen al territorio nacional.

Desde marzo pasado, el Gobierno ordenó el cierre del Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero, además de las fronteras terrestres para evitar la importación de casos de COVID-19.

El Ejecutivo también quiere contar con 7 días desde que ingresa el salvadoreño o residente al territorio nacional para hacerle la prueba del COVID-19 y 8 días para tener los resultados.

Dependiendo de este plazo, plantean mantener a quienes vuelvan en cuarentena de observación, aun cuando su test sea negativo al virus. Para el resto de las personas que siguen en cuarentena, se estableció ayer que el Ministerio de Salud deberá enviar reportes semanales de cuántos ciudadanos retenidos tienen enfermedades crónicas.

También se discutió cuándo iniciará el país con la apertura económica gradual, debido a que el presidente Nayib Bukele informó ayer en rueda de prensa que prevé 15 días más de cuarentena “estricta” contados después de que la Asamblea apruebe la ley que están analizando desde hace un par de días sus funcionarios con los diputados.

Los parlamentarios admiten que hay puntos coincidentes a considerar sobre la reapertura, pero también temas que han sido enviados al “congelador” por falta de acuerdos.

El mandatario incluso dijo en conferencia de prensa que si la ley se aprobaba ayer, la reapertura sería el 10 de junio y no el 6, como originalmente dijo, por el retraso en las negociaciones (ver nota secundaria).

El presidente de la Asamblea, Mario Ponce (PCN) tenía pensado realizar una plenaria extraordinaria para aprobar este proyecto pero al cierre de esta nota se seguía avanzando a paso lento con la negociación punto por punto y no se había convocado a esta sesión.

Por ello, para Bukele la cuarentena debe alargarse. “San Salvador y Soyapango son focos de la pandemia de COVID-19 en El Salvador. Por eso no vamos a reabrir la economía si no se cumple la cuarentena estricta por 15 días, porque hoy lo más importante es la vida y la salud de los salvadoreños”, enfatizó ayer.

Al respecto, el jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes, manifestó que el presidente debe respetar lo dicho anteriormente, de que a partir del 6 de junio comenzará el país a abrir los negocios. Incluso, uno de los acuerdos tomados ayer por los legisladores con parte del Gabinete del Gobierno es que una vez se avale la nueva normativa, el Ejecutivo contará con 10 días para diseñar un plan de reactivación de la economía.

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“Nosotros hemos dicho con claridad que el presidente dijo que el 6 de junio se iba a abrir, nosotros seguimos en cuarentena, siguen pidiendo el DUI, no hay transporte público”, alegó el jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes.

Para el regreso a trabajar a las personas mayores de 60 años, hubo algunas fricciones por evitar caer en la discriminación por la edad, versus colocarles como grupos vulnerables a quienes tengan padecimientos crónicos, mujeres embarazadas o en lactancia, sin que por ello sean degradados en su trabajo. Estos serán los últimos grupos a incorporarse a la vida laboral.

Sin embargo, el ministro de Salud fue contundente en pedir que se definieran bien los términos. El funcionario pidió que se dejara por fuera de la aplicación de ese artículo al personal de salud mayor de 60 años, ya que la mayoría de sus especialistas con experiencia sobrepasan esa edad, a menos que se compruebe mediante certificación médica extendida únicamente por el Seguro Social que están incapacitados para regresar a sus labores.