El reto de la PAC

Luis Planas: "Si Bruselas quiere una agricultura más sostenible hace falta más dinero"

El Gobierno advierte de que el modelo agrario de la Comisión Europea en la futura PAC aumenta los costes a los agricultores
Planas pide a las autonomías que vigilen posibles abusos en precio

El ministro de Agricultura, Luis Planas, alerta de la necesidad de un compromiso económico de la la Unión Europea para impulsar una agricultura más sostenible tal y como prevé el modelo proyectado para 2030. "Queda mucha discusión por delante", admite el ministro en una entrevista a Levante, diario del grupo Prensa Ibérica, pero "hay que ver cómo se financia una agricultura con mayores costes. Si queremos hacer más sostenible la producción agraria y ganadera, necesariamente, eso tiene un coste".

Planas recuerda en la entrevista que España apuesta por un medioambiente sostenible y de lucha contra el cambio climático, pero reconoce que esa sostenibilidad "ha de ser triple: económica, social y ambiental", porque los agricultores y ganaderos tienen que tener "explotaciones rentables económicamente". y muchas zonas rurales de España sufren problemas de despoblación. "La ‘Estrategia de la granja a la mesa’ y sobre ‘biodiversidad’ son propuestas que vamos a discutir los Estados de la UE". 

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La estrategia de la UE pasa por reducir productos fitosanitarios  hasta en un 50 % y de fertilizantes, un 20 %, y a la vez aumentar el tamaño de las tierras dedicadas a la agricultura ecológica hasta un 25 % respecto al total, apunta el ministro de Agricultura, pero insiste en  que "hay que ver cómo se financia una agricultura con mayores costes".

La Comisión Europea publicará las propuestas sobre financiación para el período 2021-2027, y para Plana "es clave" garantizar el futuro de la agricultura familiar ya sea a tiempo completo o parcial, teniendo en cuenta que el sector, en todo el arco mediterráneo se basa en pequeñas explotaciones. "La UE deberá tener en cuenta esa estructura productiva", señala en la entrevista.

Planas también ha defendido el decreto-ley de febrero para reequilibrar la cadena alimentaria, porque "pretende conseguir ‘precios justos’ y que la retribución en origen para agricultores y ganaderos les permita subsistir dignamente y puedan obtener rentabilidad" sin que los otros eslabones de la cadena como la industria y la distribución dejen de funcionar. 

Para buscar unos precios más ajustados a la producción, "ni la Constitución Española ni los Tratados de la Unión permiten fijar precios", recuerda el ministro, pero "nuestra garantía es exigir un contrato de compraventa por escrito donde se fijen precios y estos no sean inferiores a los de explotación", pese a que los tratos verbales en el mundo rural tosavía son frecuentes. 

El Gobierno prevé a finales de año enviar a las Cortes un proyecto de ley para transponer la directiva 17/2019 de Prácticas Comerciales que pueda "poner al día" la Ley de la cadena alimentaria.