Con nombre propio

35 años ¿y?

El 31 de mayo cumplirá nuestra Constitución 35 años de haber sido promulgada y llega a este aniversario con una interesante sentencia de nuestro Tribunal Constitucional, en la cual se hizo una valoración profunda de cómo defenderse el régimen constitucional de ataques orquestados desde el crimen organizado frente a su deseo de influir en la integración del sistema judicial. Bien lo señala la Corte, si el sistema permanece ajeno a la lógica criminal, se anulan los pesos y contrapesos básicos en cualquier república.

Que arribemos a 35 años bajo el amparo de una misma constitución, con una sola reforma (gran error, pero igual ya efectuada), nos debe importar porque han sido pocas las generaciones que en estos 198 años hayan podido vivir bajo un régimen formalmente estable. La constitución liberal de 1879 estuvo vigente hasta 1944, pero este documento no fue más que un instrumento ilegitimado por abusadores y dictadores, los 22 años de Estrada Cabrera y los 14 de Ubico lo enseñan.

Ferdinand Lassalle es un autor que en corta vida dejó fuertes pensamientos que abonan al derecho constitucional y dijo: “Los problemas constitucionales no son, primariamente, problemas de derecho, sino de poder… las constituciones escritas no tienen valor ni son duraderas más que cuando dan expresión fiel a los factores de poder imperantes en la realidad social”.

¿A 35 años, nuestra constitución refleja de manera fiel las reglas del ejercicio del poder? Este análisis debe hacerse y ojalá las facultades de Derecho estemos a la altura porque el inicio del debate debe ser académico, para luego pasar al campo político. Nuestra constitución es humanista porque la mayoría de sus artículos se destinan al reconocimiento de derechos humanos o garantías para su protección, aunque la mala fe e ignorancia, de uno y otro lado sobre el tema, asuste.

En cuanto a derechos humanos, pues si bien, como en todo, podrían existir críticas, el texto se ajusta a los nuevos tiempos, empero en las reglas del ejercicio del poder sufrimos graves crisis y esto hay que aceptarlo, sobre todo ahora cuando se evidencia que los magistrados de la autoridad electoral agradecen abiertamente a sus electores su puesto y les aseguran impunidad, garantizándoles que el nivel técnico pasará a resguardarse en un anaquel olvidado. El mensaje es claro: no molestar ya con el financiamiento a los partidos.

Por otra parte, el modelo constitucional no se completa porque nuestro congreso está más preocupado en negocios que en su verdadera labor, basta mencionar que la Ley de Orden Público y de Libre Expresión del pensamiento siguen siendo las aprobadas bajo la bota militar, no tenemos ley de aguas a pesar de su urgencia, sigue durmiendo el sueño eterno la ley de pueblos indígenas y, sobre todo, las garantías para el respeto de la propiedad comunal, las leyes procesales civiles y laborales son anteriores al marco constitucional, la Procuraduría General de la Nación ni ley orgánica tiene y la norma que la rige debe leerse como retazos desorientados; el corporativismo representado por Usac, universidades, colegios profesionales y el Cacif en varias instancias de gobierno, por mandato de ciertas leyes que así entienden los principios constitucionales, está en crisis; los temas estructurales se evaden entre tantos otros.

Nos tenemos que encaminar a una profunda, seria y genuina reflexión porque las narcobancadas que existen ahora dentro del Congreso serán en el futuro más grandes y sólidas, así como que verdaderos carteles de diputados se ocupan de la obra pública y de la proveeduría de insumos al Estado. Es por ello que desde tribunas serias debe empezarse con el proceso, sobre todo bajo la lección de lo ocurrido en la fallida reforma constitucional presentada por sus mismos boicoteadores.