Otro lío de la EPS Medimás: las deudas con Cafesalud la tienen en un tribunal de arbitramento

En 2017, Cafesalud le transfirió sus afiliados a Medimás a cambio de más de $1 billón. En algún punto, dejó de recibir el dinero pactado y ahora ambas EPS están enfrentadas en un tribunal de arbitramento. El Consejo de Estado podría, incluso, anular el contrato.

A Medimás, una EPS con más de cuatro millones de afiliados, parecen que no se le acaban los problemas. El acceso a servicios de salud de más de un 8% de los colombianos depende de esta empresa, mientras la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y la Procuraduría piden su liquidación inmediata por lo que consideran un sinnúmero de irregularidades. Tutelas, acciones populares y cartas de una entidad a otra han sido algo común en las noticias durante los tres años de existencia de Medimás. Sin embargo, poco se ha hablado de un millonario pleito con la entidad que antecedió a este gigante de la salud y que les cedió a todos sus clientes: la EPS Cafesalud.

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Cuando la extinta EPS Saludcoop entró en liquidación, lo propio hizo Cafesalud, que era una de sus más grandes inversiones. En 2017, la compañía entró en un proceso de reorganización empresarial para saldar todas sus deudas antes de desaparecer por completo. Cafesalud echó mano, entonces, de sus dos mayores atractivos: sus clientes y su infraestructura física. Su intención era venderlos a un inversionista robusto, para así garantizar el acceso a salud a sus millones de afiliados y tener un flujo de caja para terminar de pagar sus deudas. En mayo de ese año, eligió a la empresa Prestmed para transferirle todos sus bienes y la Superintendencia de Salud le dio su bendición al negocio en julio.

Los inversionistas recibieron clínicas y a millones de afiliados de la extinta Cafesalud, que terminaron suscritos a una nueva empresa: Medimás. Solo la transferencia de los afiliados fue tasada en un valor superior a $1 billón. Pero Medimás se comprometió a pagar, como mínimo, la mitad de esa suma en dinero en efectivo a Cafesalud y asumir algunas de sus deudas para saldar el resto. Asimismo, se comprometieron a pagar otros $250.000 millones por las acciones que Cafesalud tenía en la IPS Esimed (operadora de las clínicas de Saludcoop) . El negocio buscaba, en pocas palabras, que parte de las ganancias de la naciente EPS pagaran las deudas de su antecesora.

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Sin embargo, en algún punto de 2018 Medimás y sus dueños dejaron de pagarle al liquidador de Cafesalud. Aunque a través de varias cartas le pidieron a la EPS que respondiera por sus obligaciones, al parecer hicieron oídos sordos. Finalmente, el año pasado, Cafesalud decidió acudir a la justicia, según documentos conocidos por El Espectador. Por un lado, convocó a un tribunal de arbitramento en septiembre de 2019, una vía usual para definir pleitos contractuales. Y, en paralelo, instauró una demanda ejecutiva en un juzgado civil, proceso que busca que se reconozca la existencia de una deuda y se le ordene a Medimás pagarla.

La primera parte del expediente reposa en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. La extinta EPS instauró allí una demanda que pide que se declare que Medimás incumplió el contrato y se le ordene pagar la deuda. Para zanjar la controversia, se dieron cita pesos pesados del derecho: el exmagistrado de la Corte Suprema William Namén Vargas y los abogados Juan Manuel Garrido y José Armando Bonivento. Ellos son los tres árbitros y Namén quedó como presidente del tribunal. A Medimás la representa José Joaquín Bernal, quien ha asumido la vocería de la EPS, y a Cafesalud, la firma Sanabria y Andrade, que llega de defender a la ANI en el pleito del contrato de la Ruta del Sol 2.

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La demanda sostiene que, desde junio de 2018, Medimás dejó de girar el dinero pactado por la transferencia de los usuarios y que, sumadas las cuotas mensuales, más los intereses por mora, la EPS le adeudaría casi $390.000 millones a Cafesalud. Asimismo, que, a la fecha, Medimás también les debe $85.000 millones por la venta de Esimed. Y, aparte de los incumplimientos económicos, los demandantes piden que se declare que la EPS incumplió el contrato con las “graves y notorias deficiencias en la prestación de servicios de salud”, pues una de las razones que impulsó este negocio fue garantizar “una adecuada prestación de servicios de salud a los afiliados a Cafesalud”.

Medimás contrademandó en el tribunal de arbitramento y su tesis es que Cafesalud no fue transparente en el negocio. “Cafesalud ocultó información relevante a los compradores sobre las características de lo vendido, su situación financiera, número de afiliados, el estado en que se encontraba la salud de los afiliados y los niveles de cumplimiento de la prestación del servicio de salud, entre otros ocultamientos”. Uno de los supuestos “ocultamientos”, por ejemplo, es que el 90 % de los pleitos legales que hoy lleva la EPS “son procesos en los que Cafesalud era la responsable”, pero que, “nunca fueron informados a Medimás”.

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La otra parte de este caso está en la justicia ordinaria. Cafesalud acudió ante un juez civil de Bogotá a comienzos de este año pidiéndole que reconozca lo que se le adeuda por la venta de la IPS Esimed. Aunque el juez rechazó la demanda de tajo en enero pasado, porque Cafesalud “no adjuntó el pagaré”, el caso llegó hasta el Tribunal Superior de Bogotá, que tuvo una opinión muy distinta. La Sala Civil de esta corporación aseguró, el pasado 4 de mayo, que el contrato puede “calificarse como suficiente” para un proceso ejecutivo, como el que había emprendido Cafesalud, con lo que devolvió el expediente al juez y le ordenó volver a estudiar todo el caso y tomar una decisión de fondo.

A todo este pleito se suma un agravante. El senador Jorge Robledo instauró una acción popular, que falló el año pasado el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La sentencia ordena suspender los efectos del contrato por el que Cafesalud le transfirió sus afiliados a Medimás. Es decir, en este momento el activo más valioso de la EPS está congelado. El caso está por ser resuelto en segunda instancia en el Consejo de Estado. Mientras tanto, Cafesalud les dijo a los árbitros de la Cámara de Comercio que si el alto tribunal llegara a suspender o anular el contrato, ellos deberán proceder a “ordenar las consecuencias económicas derivadas de tal determinación”. Es decir, si, en efecto tumban el traspaso de los afiliados, será el tribunal de arbitramento el que determine quién debe pagar qué suma del billón que inicialmente costó el negocio.

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Felipe Morales Sierra - @elmoral_es

Judicial

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